El Gobierno ve «abusivo» que un ciudadano pida datos sobre el caos en Cercanías

El Gobierno de España, a través de la entidad pública Adif, ha rechazado una solicitud de información por la Ley de Transparencia sobre los retrasos y averías de Cercanías en Madrid calificándola como «manifiestamente abusiva» y argumentando que atender peticiones de información requiere una «carga de trabajo desproporcionada» que compromete su operatividad.

En la resolución, que desvela OKDIARIO, la Administración estatal argumenta que una solicitud compleja como esta perjudican a otros ciudadanos al absorber recursos administrativos. Según su criterio, «este tipo de solicitudes no sólo obstaculizan el funcionamiento ordinario de los servicios públicos, sino que también afectan negativamente al derecho de otros ciudadanos a acceder a la información en condiciones de igualdad».

Los documentos oficiales revelan que el organismo ferroviario considera problemático dedicar recursos públicos a cumplir con la Ley de Transparencia cuando esto implica organizar su propia información.

La resolución, firmada por el presidente Luis Pedro Marco de la Peña, concluye que la solicitud debe ser inadmitida por completo por considerarla excesiva, otra similar ha sido parcialmente concedida, evidenciando criterios dispares en la aplicación de la normativa.

El ciudadano había solicitado datos históricos sobre las crecientes incidencias en Cercanías de Madrid, presupuestos de mantenimiento, planes de inversión e indicadores de puntualidad desde 2015.

El organismo público ha expresado con crudeza su malestar por tener que dedicar jornadas laborales completas a la transparencia. Según argumenta en su resolución, «este ejercicio abusivo del derecho de acceso implica que el equipo técnico de la entidad pública debe dedicar la totalidad de su jornada laboral durante un período prolongado a atender una única solicitud, lo que supone un uso ineficiente y desproporcionado de los recursos públicos».

Adif considera especialmente gravoso que su personal tenga que realizar tareas de recopilación documental. La entidad sostiene que «resulta abusivo que, para contestar con el grado de detalle requerido, Adif y Adif AV tengan que apartar a trabajadores de las funciones que les son propias». Esta argumentación sugiere que la transparencia no forma parte de las competencias y las prioridades del organismo a pesar de los casos de corrupción que acechan a esa entidad.

La resolución añade que su unidad de transparencia tiene una «operatividad que no puede verse comprometida durante días para atender exclusivamente a un único solicitante».

El documento oficial califica la petición como «una carga que no se compadece con los objetivos y fines que persigue la Ley de Transparencia», estableciendo una paradójica contradicción entre cumplir la ley y sus propios objetivos.

En todo caso, los datos sobre el registro de incidencias y retrasos deberían ser localizables fácilmente ya que es necesario que lleguen a la opinión pública para, tal como dice la Ley de Transparencia, la acción de los responsables públicos se debe someter a escrutinio, para «conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones».

Sin embargo, Adif ha admitido explícitamente sus deficiencias en su gestión documental como justificación para denegar información. El organismo reconoce poseer «información bruta, dispersa y no estructurada» que requeriría trabajo de sistematización.

La resolución especifica que atender la solicitud «implicaría una reelaboración compleja de información bruta, dispersa y no estructurada». Esta confesión de desorden administrativo es utilizada paradójicamente como argumento exculpatorio en lugar de reconocer un problema organizativo interno y ponerse manos a la obra para resolverlo con urgencia.

El documento sostiene que proporcionar la información solicitada sería «una auténtica auditoría particular», revelando la percepción institucional de que la transparencia constituye una fiscalización molesta. Dejan caer que unos derechos son más legítimos que otros según la complejidad administrativa que requieran.

Criterios restrictivos

Adif ha basado su rechazo en una interpretación restrictiva de la Ley de Transparencia, considerando que organizar información interna constituye una carga excesiva. Sin embargo, la resolución de Adif contrasta con el espíritu aperturista de la normativa.

A pesar de que OKDIARIO logró recabar datos sobre el número anual de averías –se han al menos quintuplicado desde que Sánchez prima a sus socios independentistas de Cataluña en materia de infraestructuras–, Adif no quiere arrojar luz y estadísticas oficiales.

Las resoluciones de Adif revelan una concepción instrumental de la transparencia subordinada a la comodidad administrativa. El organismo ha convertido la desorganización interna en escudo frente a las obligaciones legales, estableciendo de facto una transparencia a la carta basada en criterios de conveniencia operativa, en lugar de creerse los derechos ciudadanos.

OKDIARIO va a proceder a reclamar esa resolución ante el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno en busca de amparo.