El Gobierno prevé movilizar 24.600 millones vinculados a fondos europeos en los próximos seis meses

El Gobierno español movilizará en los próximos seis meses 24.600 millones de euros a través de licitaciones y concursos públicos vinculados a los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, que estarán dirigidos especialmente a las pymes, con el fin de dinamizar la economía española, según informaron el lunes fuentes gubernamentales. De esa cifra, 2.600 millones corresponden a proyectos que no se ejecutaron el año pasado. El anuncio llega días después de que se conociera que el Producto Interior Bruto del país aumentó un 5% en 2021 frente al desplome de 10,8% de 2020, un punto y medio por debajo de las estimaciones del Ejecutivo de un rebote del 6,5%.

Dichos fondos se canalizarán mediante convocatorias que se repartirán a partes iguales en los dos trimestres y el objetivo que persigue el Gobierno es que las inversiones sean «transformadoras», incrementen la productividad, generen empleo, aceleren la transformación digital y verde, y lleguen a las pequeñas empresas, indicaron. Con todo, admitieron que este «es un gran desafío para la Administración central y las administraciones territoriales» que «requiere un grado de cooperación extraordinario».

El 30% de las convocatorias irá destinado al desarrollo de la transición energética, el 29,3% a la movilidad sostenible y más del 20% a digitalización, en particular, con el kit digital dirigido a las pymes, según desglosaron las fuentes del Gobierno. Asimismo, adelantaron que el Gobierno se dispone a aprobar más PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica)  próximamente, como el agroalimentario, el de la lengua en español y el aeroespacial. Después anticiparon que llegará el naval, de economía circular y el de la economía de los cuidados.

«El plan se está acelerando y los beneficios se notarán de forma clara en nuestra economía», aseguraron. No obstante, reconocieron que puede que la resolución de algunas convocatorias «dure un poco más porque hay que cumplir los plazos establecidos», pero pronosticaron que «una buena parte de este dinero puede estar en la economía a final de año».  Con todo, matizaron que estas cifras son estimaciones de los ministerios y, por tanto, «no son ciencia exacta», por lo que advirtieron de que puede haber ajustes finales.

Pese a que el Gobierno espera que este flujo de inversión sea constante durante varios años y tenga efecto en la economía en ese tiempo, estas fuentes gubernamentales no respondieron con claridad a si la movilización de este dinero a lo largo del presente ejercicio permitirá alcanzar el objetivo de crecimiento del 7% en 2022 para la economía española contemplado en el cuadro macroeconómico, significativamente superior al cálculo del consenso de los analistas que estiman un repunte cercano al 5,5%. «Este esfuerzo de inversión va a ser uno de los elementos fundamentales que sostenga el crecimiento intenso de la economía española», se limitaron a decir.

Después de casi dos años de pandemia, el PIB español sigue siendo inferior al de 2019 en unos 42.000 millones de euros, como resultado de una recuperación que se sitúa entre las más lentas de la región, en medio de una floja aportación de las ayudas europeas hasta la fecha debido a las demoras en la tramitación. La mayoría de los organismos no esperan que la economía española vuelva a los niveles previos al Covid hasta 2023.

Además, se aprecia una ralentización del consumo en el último trimestre de 2021 como consecuencia del impacto de ómicron, lo que se une a un derrumbe de la productividad ante las bajas laborales provocadas por la sexta ola y los embotellamientos en la cadena de suministro que han interrumpido la entrega de componentes y, por ende, la actividad de las fábricas, especialmente en la industria de la automoción.

No se descarta incluso que el cálculo del INE de una expansión del 5% en 2021 se revise ligeramente a la baja porque en él no se incluían los datos de diciembre, cuando la variante ómicron tuvo especialmente incidencia en sectores clave para la economía española como el de la restauración, que vio cómo se cancelaron numerosas cenas y comidas de Navidad.

En cualquier caso, las fuentes gubernamentales ratificaron que la aspiración del Gobierno es ejecutar todo el presupuesto de estos fondos este año y, pese a la percepción de que el mundo de la pyme está encontrando dificultades para acceder a estas ayudas, tanto por los trámites como por ser la primera vez que se enfrentan a una oportunidad de esta envergadura, señalaron que la Administración está realizando un esfuerzo «ingente» para «llegar hasta la última pyme». Con el fin de que este proceso sea «fácilmente navegable» para estas empresas, avanzaron que el Gobierno lanzará una campaña de comunicación por todo el país para dar a conocer el plan, así como la celebración de seminarios y más encuentros con la prensa con el fin de explicar en detalle toda la información.

Hitos y objetivos para conseguir las ayudas

En la distribución de las ayudas será «fundamental» el cumplimiento del calendario de hitos y objetivos, al que están asociados los desembolsos de las transferencias por parte de la Comisión Europea, apuntaron. Entre los hitos que el Gobierno da por alcanzados destaca el de la reforma laboral, aprobada a finales del año pasado por los sindicatos y la patronal, y que se votará esta semana en el Congreso.

«Estamos trabajando para que la reforma laboral se convalide en el Parlamento», afirmaron las mismas fuentes, que mostraron su «confianza» en contar con el apoyo de los grupos políticos. «El Gobierno no contempla otro escenario que no sea la aprobación de la reforma laboral», corroboraron.

En el primer semestre de este año, el Gobierno tiene 35 hitos por delante en matera de reformas estructurales, entre las que mencionaron la aprobación de varios proyectos de ley como la Ley General de Comunicación Audiovisual y la Ley de Telecomunicaciones; la modificación de la Ley de Ciencia; la reforma de la formación profesional, ya en estado de tramitación avanzada; el informe de expertos sobre la reforma fiscal; la Ley de Prevención y de Lucha contra el Fraude; la reforma de la Ley Concursal, que ya se encuentra en el Parlamento; la fase adicional de las reformas en materia de pensiones; la entrada en vigor del nuevo régimen de cotización para los autónomos, que se está discutiendo; la reforma de los planes de pensiones de empleo; y la entrada en vigor de la Ley de Vivienda.

Todas estas transformaciones legislativas representan un «gran esfuerzo de reforma estructural», señalaron, que, a su juicio, complementará a las inversiones con la meta de que el impacto económico sea «el mayor posible». Asimismo, buscan dar «un marco de certidumbre para el proceso de cambio en el que las empresas puedan tomar sus decisiones», añadieron.

Hasta el 29 de enero de este año, se han publicado 534 convocatorias, con un monto de 19.708 millones de euros. 303 están ya cerradas, pero no hay datos aún de las que ya están adjudicadas a empresas, detallaron las mismas fuentes. Otras 187 siguen abiertas y las empresas aún pueden presentar sus solicitudes.

Los fondos que ya han sido distribuidos a las Comunidades Autónomas en 2021 ascienden a 11.247 millones de euros,  de los que 10.500 millones, el 94%, se han acordado en el marco de una conferencia sectorial, mientras que el 6% ha sido con arreglo a criterios objetivos y respecto a regiones con características especiales como las del carbón o las ultraperiféricas, explicaron las fuentes.