Marlaska favorece al 63% de los presos más conflictivos sacándoles del régimen de aislamiento

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reducido un 63% el número de presos en primer grado, el régimen que se aplica a los más conflictivos. Desde su nombramiento, la reducción de los clasificados en primer grado -régimen cerrado- es uno de sus objetivos. Sin embargo, los funcionarios de prisiones denuncian que «esta política buenista ha disparado la espiral de violencia en las prisiones».

De los 995 internos en primer grado que había a finales de 2018 se pasó a 368 a mediados de 2024, al progresar hasta 627 de ellos a segundo grado, el régimen ordinario. Así lo reflejan los últimos datos facilitados por Interior, hechos públicos a petición de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) al Portal de Transparencia.

Para la APFP, «rebajar la cifra de internos en primer grado es puro maquillaje de cifras». Y advierte que «en muchos casos se progresa a presos inadaptados que aumentan la conflictividad en los módulos de régimen de vida ordinaria».

«En los últimos años, gran parte de las agresiones a profesionales penitenciarios se están produciendo en módulos de respeto y por internos progresados a segundo grado», precisa a OKDIARIO Gonzalo Arboledas, el presidente de la APFP.

Esta reducción de primeros grados se produce por la implantación en 2019 del Programa de intervención con internos en régimen cerrado, retirado años atrás. Dicho programa, cuyo objetivo es facilitar la reinserción de los reclusos más peligrosos, es voluntario, de una duración aproximada a seis meses, en los que los internos participan en actividades terapéuticas, culturales y deportivas.

Posteriormente, pasan a un módulo de segundo grado, inicialmente de respeto y pueden salir de permiso con los requisitos de la Instrucción 1/2022 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarios (SGIIPP). Esta instrucción anuló el requisito de conducta recogido en el artículo 47.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, por lo que desde entonces internos que tengan sanciones graves o muy graves sin cancelar pueden disfrutar de permisos, en base a la sentencia del Tribunal Supremo 859/2019.

3.600 funcionarios agredidos

Arboledas sostiene que, debido a esta política de reducción de internos en primer grado y «abandonando el concepto de buena conducta», en las prisiones españolas «reina la impunidad» y han aumentado las agresiones, tanto entre presos como a los funcionarios de prisiones, «con una media de una cada 15 horas».

«Marlaska afirmó en 2018 en el Senado que los más débiles son los internos. Sus débiles han agredido a 3.640 profesionales penitenciarios, según las cifras oficiales. Más de 1.000 sólo en los dos últimos años», recuerda la APFP.

En este sentido, pone como ejemplo un suceso ocurrido en el centro penitenciario de Badajoz el pasado 27 de junio, cuando un interno intentó apuñalar a varios funcionarios y la decisión de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias fue dejarlo en el mismo régimen de vida y en mismo centro, pese a la gravedad de los hechos y aunque la Junta de Tratamiento del propio centro abogaba por el traslado y la regresión a primer grado.

También fue sonado un caso producido el pasado 8 de julio, en la prisión de Morón de la Frontera, donde un interno multirreincidente «agredió física y sexualmente a una psicóloga en un módulo de respeto». «Después del suceso, se le trasladó al Hospital penitenciario psiquiátrico de Sevilla sin ninguna limitación regimental, donde volvió a amenazar de violación y muerte a dos funcionarias de vigilancia interior. Fue entonces cuando se le aplicaron medidas regimentales», explica la APFP.

En el mismo centro, el pasado 1 de agosto, un interno inadaptado con múltiples agresiones también intentó estrangular a un funcionario en otro módulo terapéutico.

El Protocolo específico de actuación frente a las agresiones (PEAFA) sólo contabiliza aquellas que «producen una lesión corporal o daño para la salud al empleado público penitenciario durante o como consecuencia del ejercicio legítimo de las funciones de su puesto de trabajo».

El daño para la salud del trabajador debe ser objetivo y constatable, por lo que amenazas de muerte, insultos o lesiones producidas de forma indirecta delitos contra la libertad sexual como acoso, exhibicionismo, están excluidos del PEAFA. De contabilizarse todos los incidentes, «la cifra podría crecer exponencialmente 10 veces más», afirma Arboledas, de acuerdo a los datos que maneja.

A juicio de esta asociación, para lo que realmente sirve el PEAFA es para maquillar las estadísticas de agresiones, ya que su cometido es analizar y evaluar la actuación del trabajador penitenciario, no de la agresión recibida.

La APFP denuncia que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Ministerio del Interior «quieren vender a la sociedad la reinserción», cuando de acuerdo a los datos de reincidencia en más de un 45% no lo están logrando.

Esta asociación critica que “en base a esa reinserción que quieren vender a toda costa, se han enfocado única y exclusivamente en el tratamiento y han dejado de lado, completamente, la seguridad, el buen orden y la convivencia”.

Reforma del sistema penitenciario

Gonzalo Arboledas afirma que urge una reforma total del sistema penitenciario, en el que se respalde al profesional penitenciario con un protocolo anti agresiones, con apoyo psicolegal desde el primer momento, y el reconocimiento de agente de la autoridad, «algo que se necesita con urgencia».

«Acabar con las agresiones es imposible, pero podrían disminuir con cambios legales, como la derogación del PEAFA, el reconocimiento de agentes de autoridad, una gestión efectiva de la clasificación de los internos y paliar la falta de personal, con alrededor de 3.000 plazas vacantes actualmente y abandonando esta política del buenismo institucional de que los internos son los débiles», declara Arboledas.

En cuanto a la necesidad de personal, precisa que «es alarmante a todos los niveles» y que se necesita una oferta de empleo público extraordinaria que elimine estas vacantes, «sobre todo en el área sanitaria y de vigilancia interior».

«Lo que realmente necesitan los profesionales penitenciarios es un protocolo que establezca medidas preventivas y de protección, que toda acción que sea agresión con o sin lesión, así como amenaza o humillación en el ejercicio de nuestro trabajo sea considerada violencia en el trabajo, y medidas rápidas, como el traslado inmediato a otro centro del interno, algo que no siempre se hace», concluye.