Tribunal Supremo

Llarena insiste: el Parlamento Europeo debe cancelar la inmunidad del prófugo Puigdemont

El magistrado ratifica la declaración de "rebeldía" procesal en la que se encuentran el separatista catalán que huyó de la acción de la Justicia tras conocer las graves acusaciones que pesan sobre él por el 1-O.

El juez Llarena pide al Parlamento Europeo que cancele la inmunidad de Puigdemont

Carles Puigdemont-Toni Comín
Carles Puigdemont y Toni Comín. (Foto: AFP) | Última hora Cataluña

Carles Puigdemont y Antoni Comín siguen siendo prófugos de la Justicia española. Así lo ha confirmado este jueves el magistrado instructor del juicio del ‘procés, Pablo Llarena, tras desestimar sendos recursos interpuestos por ambos separatistas catalanes, contra su decisión de 10 de enero de solicitar al Parlamento Europeo que suspendiese su inmunidad como diputados.

Llarena comunicó entonces a la Eurocámara, vía auto, la situación procesal de Puigdemont y Comín, en «rebeldía» con la causa abierta contra ellos en el Tribunal Supremo, antes de ser elegidos parlamentarios comunitarios, en las pasadas elecciones del 26-M. El magistrado ha insistido hoy en que «se mantienen las órdenes nacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión» que pesan sobre ellos, así como «las órdenes europeas para su detención y entrega», actualmente en trámite de ejecución en Bélgica.

El magistrado que investigó a los líderes separatistas catalanes antes del juicio del ‘procés’, Pablo Llarena, no sólo ratifica las órdenes de detención sobre Puigdemont y Comín, sino que mantiene la petición cursada a principios de año al Parlamento Europeo para que proceda a su inhabilitación inmediata como diputados.

Entiende el magistrado Llarena, y así se lo hacía saber a las autoridades europeas, que los hechos delictivos que se le imputan tanto a Puigdemont como a Comín son anteriores a su elección como parlamentarios y, por tanto, la inmunidad que ostentan por sus cargos no puede entenderse aplicable a actividades ajenas al ejercicio de los mismos y los sitúa más cerca de sentarse en el banquillo para ser juzgados por el referéndum ilegal del 1-O en Cataluña.

El juez Llarena ha respondido a los abogados de Carles Puigdemont y su ex consejero Toni Comín que dado que ambos se sustrajeron de la acción de la Justicia española, tras conocer las graves acusaciones que concluida la fase de instrucción del ‘procés’ pesaban sobre ellos, es imprescindible mantener viva su «orden europea de detención y entrega». Orden que fue comunicada tanto a la Autoridad judicial competente de Bélgica como a Sirene, para su difusión en el Sistema de información Schengen y a los efectos de su detención y entrega.

También Interpol tiene en su conocimiento la orden internacional de detención con el compromiso expreso para que, en el caso de localizarse a cualquiera de ambos rebeldes procesales en un país que no pertenezca a la Unión Europea, se remita vía diplomática a través del Ministerio de Justicia, conforme a la normativa, «la oportuna solicitud de extradición».

Europa

El último párrafo de la sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la consulta planteada desde el Supremo español, en relación a la inmunidad de Junqueras, fue clave para la decisión de Llarena. El órgano judicial especificó que la inmunidad de los europarlamentarios «implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta», con el fin «de permitir al interesado desplazarse al Parlamento Europeo y cumplir allí las formalidades requeridas».

Pero añadía: «Si el tribunal nacional competente estima, no obstante, que debe mantenerse la medida de prisión provisional tras la adquisición por el interesado de la condición de miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda dicha inmunidad».

Por ello, Llarena remitió suplicatorio a la Eurocámara, de acuerdo con la doctrina del TJUE, para que procediese al levantamiento de un privilegio que, siguiendo la tesis del Tribunal Supremo sobre Junqueras, no puede servir a Puigdemont ni a Comín para evitar que se les juzgue por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos de los que siguen estando acusados en España.

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