Lavapiés: sindicatos policiales se querellan contra Arce, el PCE e IU por incitación al odio e injurias

El Colectivo Profesional de la Policía Municipal de Madrid (CPPM) ha presentado una querella criminal por un presunto delito de incitación al odio a la Policía Municipal contra a la concejala presidenta de los distritos madrileños de Arganzuela y Usera, Rommy Arce, por sus manifestaciones a raíz de la muerte del ciudadano senegalés Mmame Mbaye.

Este mismo miércoles han vuelto los incidentes al barrio de Lavapiés, después de que unos agentes de la Policía Municipal requirieran la documentación a un hombre de origen senegalés. Un grupo de inmigrantes ha reaccionado y ha comenzado a lanzar cascotes, papeleras y otros elementos de mobiliario urbano a los agentes, provocando al menos tres heridos entre los policías municipales.

Los agentes se han visto obligados a pedir auxilio, según han confirmado fuentes policiales a OKDIARIO. De inmediato ha acudido un destacamento de las UAS, los equipos adiestrados para el control de masas violentas que el gobierno de Carmena decidió hace meses reducir a la mitad.

El sindicato policial CPPM ha presentado al querella contra Arce concretamente por el tuit publicado por la edil el 15 de marzo a las 23.46 horas, casi siete horas después de los hechos, y cuando desde el minuto uno del incidente se sabía que la muerte del mantero había ocurrido por un ataque al corazón.

«Lucrecia Pérez, Samba Martine… hoy Mmame Mbage. Los ‘nadie’ víctimas de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores. El pecado de Mmame ser negro, pobre y sin papeles. Hermano, siempre estarás en nuestro recuerdo», escribió.

Lucrecia Pérez, Samba Martine… hoy Mmame Mbage. Los "nadie" víctimas de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores. El pecado de Mmame ser negro, pobre y sin papeles. Hermano, siempre estarás en nuestro recuerdo https://t.co/2u41ET5QRH

— Rommy Arce (@rommyarce) March 15, 2018

La querella de CPPM fue presentada este martes por la tarde por vía telemática. Se suma a la oficializada el lunes por el sindicato Unión de Policía Municipal contra Arce y también contra el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, y contra el portavoz del Sindicato de Manteros, Malick Gueye, entre otros, también por un delito de incitación al odio contra este colectivo policial.

Por su parte, la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) ha anunciado a Europa Press que mañana presentará otra querella por injurias contra Arce, el Partido Comunista de España e Izquierda Unida por sus manifestaciones al respecto. Y también otra por calumnias contra los responsables de varias cuentas de Twitter que acusaban a la Policía de la muerte de Mbaye.

Carta a la delegada del Gobierno

Además, el Colectivo Profesional ha enviado un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, dirigido a la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, en el que señalan que el jueves se produjeron en Lavapiés «unos incidentes bastante violentos y peligrosos» que «parece que fueron alimentados a través de redes sociales por personas carentes de escrúpulos que están más interesados en la desestabilización que en la convivencia ciudadana».

El sindicato se ha mostrado «preocupado por esta escalada de violencia que a menudo se sufren en la capital». «Existen personas que incitan y, por que no decirlo también, que ocupan cargos públicos como Concejalías del Ayuntamiento de Madrid u otros políticos carentes de responsabilidad e incluso quien se hace denominar presidente de un sindicato que a toda costa debe ser ilegal», señalan.

Por ello, piden a Dancausa que investiguen las posibles conductas delictivas que puedan haber cometido estas personas, «como la reiterada concejal de los distritos de Usera y Arganzuela, que no pierde ocasión de arremeter su odio contra la Policía española, sea cual sea, así como contra el Estado de Derecho».

«No podemos olvidar las situaciones de extremo peligro que se vivieron esa tarde-noche en Lavapiés, donde adoquines de cemento volaban hacia las personas, policías y no policías; cómo se amedrentaba y amenazaba a personas mayores testigos de los hechos y, aun así, estas personas que ocupan cargos públicos políticos seguían criminalizando la legítima labor policial y haciéndoles responsables últimos de la fortuita y trágica muerte de una persona», concluye CPPM en el escrito.