Senado

Francisco Martín confiesa que donantes de Sánchez pidieron anonimato por «miedo» a represalias en el PSOE

El delegado del Gobierno en Madrid admite que el Tribunal de Cuentas no fiscalizó estas donaciones

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Francisco Martín en el Senado. (Foto: EP)
Segundo Sanz

Francisco Martín, entonces presidente de la plataforma Bancal de Rosas —la asociación que en cuatro semanas recaudó 128.000 euros para las primarias de Pedro Sánchez y que esquivó el control del Tribunal de Cuentas— ha revelado este lunes en la comisión de investigación del Senado que hubo donantes que pidieron ser «anónimos».

Una confesión que confirma que este chiringuito se creó para no rendir cuentas conforme a la legislación de financiación de partidos políticos sobre las personas que costearon aquella precampaña de Sánchez para hacerse secretario general del PSOE. En la constitución de Bancal de Rosas «actuamos cuando no había reglas», ha llegado a decir.

Frente a ello, el senador de PP Alfonso Serrano le ha replicado  que «en la financiación política de partidos, los donativos anónimos no existen, precisamente para evitar financiaciones irregulares», ha subrayado.

«Ustedes lo que crearon es un sistema por el cual unos 2.500 donantes que están en estos momentos… quién sabe dónde, y no podemos saber si hubo financiación extranjera, si hubo financiación de empresas del suegro de Sánchez, si usted ha donado dinero, si lo ha hecho Antxon Alonso (el socio de Santos Cerdán en Servinabar), el señor Bolaños, la asesora de Begoña Gómez… No podemos saberlo porque ustedes se han encargado de que eso estuviera tapado en esta herramienta que se llama Bancal de Rosas», ha apostillado el senador del PP sobre estos donantes «anónimos» que pidieron que no apareciera su nombre por «miedo» a represalias dentro del propio Partido Socialista.

En este punto, Martín ha defendido que todos los donantes están identificados, pero que no puede hacer público su nombre «por la ley de asociaciones», reconociendo así que recurrieron a esta herramienta para no estar sujetos a la ley de financiación de partidos políticos, que obliga a revelar el nombre de los donantes.

Asimismo, a pregunta de Serrano, el hoy delegado del Gobierno en Madrid ha admitido que el Tribunal de Cuentas no fiscalizó estas donaciones al ser previo al proceso en sí de primarias organizado por el PSOE en 2017.

«Le ofrecí la información al Tribunal de Cuentas, pero respondieron que no estaba dentro de su órbita», ha declarado Martín, insistiendo en que no puede hacer pública la lista de donantes.

Ha sido en este contexto cuando el alto cargo socialista ha dicho, además, que no conoce la «idiosincrasia» de cada uno de los 2.385 donantes de aquella precampaña de primarias de Sánchez. Eso sí, preguntado sobre si el suegro de Sánchez, empresario con un negocio de prostíbulos, fue uno de ellos, se ha lanzado a decir que «me encantaría poderles confirmar que todo lo que están buscando no ha existido».

No obstante, ha incidido en que «existe un compromiso de confidencialidad. No puedo darles esa información», ha alegado. Junto a ello, ha asegurado que no figura ninguna en el listado ninguna persona jurídica, es decir, una empresa, ONG, asociación o fundación, como donante de la precandidatura de Sánchez a aquellas primarias de 2017.

Interrogado también por el PP sobre su anterior cargo como secretario general de Presidencia en el Ministerio de Presidencia, donde fue responsable de la contratación de Cristina Álvarez, directora de Programas de la Presidencia y secretaria de Begoña Gómez, Begoña Gómez, Martín se ha negado a declarar al estar inmerso en un proceso judicial. «No le voy a contestar a nada en un proceso en el que estoy investigado», ha esgrimido.

De hecho, Martín se encuentra imputado por la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos en la causa que investiga el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado.

«No recuerdo»

También a pregunta de Serrano, Martín ha recurrido al «no recuerdo» para no dar siquiera el número concreto de personas que tenía a su cargo en Presidencia, como la propia asesora -también investigada- de la pentaimputada mujer del presidente del Gobierno (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación,  intrusismo laboral y apropiación indebida).

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