Ministerio de Igualdad

Montero cuela en la universidad pública a la socióloga que califica las ciudades de «machistas»

Irene Montero
Montero organiza un curso en la universidad sobre feminismo

El Ministerio de Igualdad, a cargo de Irene Montero, ha organizado un curso que se impartirá en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en el que, entre otras ponentes, participará una socióloga que opina que «el urbanismo está pensado para el hombre que va en coche».

El Instituto de la Mujer, dependiente de la cartera de Igualdad y por tanto de la número dos de Podemos, es el encargado de dirigir este curso titulado ‘El feminismo después de la pandemia’. En el mismo participarán varias mujeres cercanas a Irene Montero, tales como la secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera Ruiz; la eurodiputada María Eugenia Palop o la propia directora del Instituto organizador.

Uno de los nombres que aparecen en el cartel es el de Sara Ortiz, una socióloga que defiende que el diseño de las ciudades debe hacerse aplicando la perspectiva de género. Tanto es así que a comienzos del pasado año llegó a asegurar en una entrevista para El Periódico que el urbanismo favorece a la población masculina, concretamente a los hombres con coche: «Se planifica para el hombre que se mueve de forma lineal, en coche, de casa al trabajo». «El urbanismo feminista da valor a todo lo que tiene que ver con la esfera de los cuidados y el trabajo doméstico», añade sosteniendo que las mujeres se mueven más a pie y en transporte público.

Ortiz pertenece al Col.lectiu Punt 6, una cooperativa de arquitectas, sociólogas y urbanistas que defienden la importancia de la equidad de género en el uso del espacio urbano y los equipamientos. La socióloga catalana de la Universidad Autónoma de Barcelona cuenta con un máster en Planificación urbana en la universidad de Illinois y un Doctorado en Planificación Urbana de la Universidad de British Columbia. Además de Cataluña, ha vivido en El Salvador, México, USA y Canadá.

Estas ideas han sido aplicadas anteriormente por ayuntamientos gobernados por Podemos. El principal ejemplo es el de Barcelona, donde Ada Colau encargó un informe en el que concluía que las restricciones de tráfico impuestas en la Ciudad Condal supondrían una mejora para la igualdad de la mujer puesto que ellas son más pobres y tienen menos coches que los hombres.

Según el informe, el análisis permite «ver las diferencias de hábitos y necesidades entre los hombres y mujeres» e indica que «existen diversas diferencias destacables entre los barceloneses y las barcelonesas a la hora de moverse por la ciudad». Asimismo recalca que «los motivos de desplazamiento varían sensiblemente entre hombres y mujeres a causa de los roles de género».

La aplicación de la denominada perspectiva de género es una de las grandes obsesiones del partido morado que pretende establecer cambios en todos los aspectos de la vida para conseguirlo.

Urbanismo feminista

Col.lectiu Punt 6 editó un libro en el que asegura que «la forma urbana evidencia el estrecho vínculo entre patriarcado y capital». «En los diferentes espacios que habitamos -nuestras casas, nuestras calles o nuestras plazas-, el modelo urbano responde principalmente a las experiencias y necesidades de un sujeto masculino y a la explotación económica», sostiene la publicación.

Según el libro, el urbanismo y la arquitectura han promovido la exclusión de las mujeres del espacio urbano, así como de «otras subjetividades no hegemónicas», como «personas racializadas, mayores, criaturas o gente con diversidad funcional», entre otras.

En la universidad pública

No es el primer curso que el ministerio de Irene Montero organiza en una universidad pública. El pasado mes de agosto se impartió otro en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo con la misma temática.

El curso tenía como objetivo remarcar la necesidad de «reflexionar acerca de la agenda feminista después del Covid-19, qué asuntos tienen que pasar a ser prioritarios; la debilidad o fortaleza de esa agenda y la capacidad que van a tener las mujeres y el movimiento feminista para imponerla o no”. Por todo ello, justificaron que fuese planteado «desde quienes tienen que diseñar y ejecutar políticas públicas feministas”. Es decir, los cargos más cercanos a la ministra Montero.

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