Ley 'Trans'

Los informes de la ‘ley trans’ que Moncloa oculta: Presidencia no vio mal el cambio de sexo sin control

Ley Trans

Moncloa no puso reparos al cambio de sexo de los menores a partir de los 13 años, sin informes médicos, como se recoge en la polémica Ley Trans. La norma, una de las iniciativas estrella de Irene Montero y ahora motivo de enfrentamiento con el PSOE, pasó el filtro del Ministerio de la Presidencia sin objeción alguna, según la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO y que el Gobierno oculta al Congreso de los Diputados.

Los socialistas expresan ahora su discrepancia con la autodeterminación de género y los menores, un asunto vertebral de la ley. Así se recoge en una de las enmiendas registradas a la norma y en la que el partido propone que los jóvenes de 14 y 15 años también tengan que pasar por un juez para cambiar de sexo, como ocurre con los menores de 13. El PSOE también quiere endurecer el trámite para modificar un cambio de sexo -la reversibilidad- exigiendo la autorización de un juez. Se trata de cuestiones innegociables, de entrada, para Podemos, si bien los socios de la coalición se han dado un plazo de dos semanas para tratar de resolver sus diferencias. El partido morado insiste en que la ley tiene que estar aprobada antes de finales de año.

Lo cierto es que el proyecto de ley fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 26 de junio, sin retocar sus aspectos clave. Esto es, que los menores podrán cambiar de sexo a partir de los 16 sin requisito alguno, entre los 14 y 16 con consentimiento de sus representantes legales, y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial.

Sin observaciones

El informe remitido por el Ministerio de la Presidencia a Igualdad durante la tramitación tampoco pone problemas al cambio de sexo. «Una vez examinado el texto del anteproyecto y su memoria no se formulan observaciones», concluye el documento, firmado por la Secretaría General Técnica de Moncloa.

Informe del Ministerio de la Presidencia sobre la Ley ‘Trans’.

Otro de los informes clave es el de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, también dependiente del Ministerio de Presidencia, que dirige Félix Bolaños. El extenso documento, de 62 páginas, repara en numerosas imprecisiones jurídicas, terminológicas y otros apuntes técnicos. Pero no cuestiona el elemento principal de la ley, la «rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas».

En este punto, la Oficina analiza una de las novedades más relevantes contenidas en la norma, que el cambio de sexo «en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole».

Presidencia observa que «se trata de uno de los aspectos del anteproyecto que han suscitado más intervenciones, tanto a favor, como en contra, sustentándose estas últimas tanto en argumentos intrínsecos al hecho como a sus posibles efectos neutralizadores de las políticas de igualdad de género».

Pero, dicho esto, se limita a recomendar que,»a la vista de la controversia suscitada y en aras de la mejor justificación de la propuesta», se «aborde de manera más concreta esta cuestión, tanto en la exposición de motivos como en la memoria, donde debería ser tratada de un modo más amplio».

«Se trataría a este respecto de reflejar los motivos de la propuesta y de contrastar ambas alternativas y sus posibles variantes. En el desarrollo de esta cuestión sería muy conveniente hacer mención expresa a los estudios en los que se base la propuesta así como a los antecedentes normativos que se hayan considerado, tanto de países de nuestro entorno, como en España, pues se trata de un principio que ya tendría reconocimiento expreso en varias de las leyes autonómicas que se refieren a estos colectivos», concluye.

Moncloa tampoco vio problemas en el procedimiento para la «reversibilidad», es decir, la modificación de un cambio de sexo que, según la ley, se podrá hacer con el mismo procedimiento que para la rectificación. Es decir, sin necesidad de contar con autorización judicial, que es lo que el PSOE pide ahora.

La tramitación de esta ley, una de las normas ideológicas más potentes del Ejecutivo, se les ha atragantado durante meses a los socios de la coalición, entre acusaciones mutuas. Podemos no ha ocultado su malestar por los sucesivos retrasos del PSOE a la tramitación. Por parte de los socialistas se argumenta que su intención con las enmiendas, que en realidad suponen una rectificación total al texto que salió del Consejo de Ministros, es otorgar «seguridad jurídica» a la norma ante los previsibles recursos del PP y Vox ante el Tribunal Constitucional.

Oculto

Moncloa mantiene oculto este informe y los remitidos por los distintos ministerios con sus observaciones a esta ley. El Ministerio de la Presidencia no ha facilitado al Congreso de los Diputados estos documentos, además de los presentados por las distintas comunidades autónomas -Madrid, Galicia, Andalucía, Aragón, Cataluña y el País Vasco-, organizaciones y sindicatos. Se trata de un trámite preceptivo que permite a los diputados disponer de toda la información necesaria antes de votar un proyecto del Gobierno.

La documentación sí incorpora los informes críticos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, cuyas recomendaciones han sido no obstante ignoradas por el Ministerio de Igualdad. Entre otras recomendaciones, los jueces pedían elevar a los 18 años el límite de edad para que una persona pueda solicitar por sí misma el cambio de sexo.

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