Illa dará clases de catalán a los comerciantes que no lo hablen a cambio de publicidad institucional

El catalán es una de las piedras angulares del acuerdo entre Pedro Sánchez y ERC. Por este motivo, en el mes de septiembre el Ejecutivo de Salvador Illa ha actualizado su plan de comercios aprendices, por el cual se ofrecen clases de catalán a colectivos de comerciantes que no lo hablen con el fin de impulsar su uso con los consumidores. A cambio, se ofrece a los establecimientos que se suscriban a este programa publicidad de su actividad en las redes sociales.

A través de este plan, el Gobierno destina a técnicos del Consorcio para la Normalización Lingüística (CPNL) a visitar establecimientos, donde se imparten 15 sesiones de unos 15 minutos de formación adaptada a las necesidades de los trabajadores de estos negocios que no dominen el catalán. «Aprenderás aspectos de sensibilización lingüística, para que conozcas qué ventajas comporta atender a la clientela en catalán», señalan.

Este proyecto ofrece al comercio local una formación esencial en lengua catalana para las personas que prestan atención al público y hablan muy poco en catalán. «Debido a sus horarios laborales, estas personas no pueden asistir a un curso de catalán y, por eso, los técnicos de normalización lingüística se desplazan a la tienda para ofrecerles estas sesiones formativas», reza la descripción del programa. Como contraprestación, el Consorcio para la Normalización Lingüística -ente público de la Generalitat de Cataluña- se presta a publicitar los comercios que se sumen a este plan, mediante la difusión de estos negocios en redes sociales.

Endurecimiento de las sanciones

Salvador Illa ha lanzado un plan lingüístico que incluye entre sus puntos un aumento del control y de las inspecciones a comercios y empresas que no rotulen u ofrezcan sus servicios en catalán. Una medida «necesaria» para el Ejecutivo, que asegura que los catalanes «pueden dejar de usarlo» si desde las organizaciones privadas no se «normaliza».

El presidente de la Generalitat de Cataluña culpa al régimen de oficialidad vigente, a los movimientos migratorios y a la extensión del inglés, de la pérdida lingüística en la región. «En este contexto, no puede perderse de vista que el catalán mide sus fuerzas con dos de las lenguas más importantes del mundo contemporáneo, como son el castellano y el inglés, lo que incrementa exponencialmente el peso de las presiones que experimenta», apunta el informe sobre el uso del catalán que el Gobierno socialista ha encargado para justificar su hoja de ruta. Por este motivo, Illa plantea «una intervención ambiciosa» liderada por los poderes públicos, que incluye medidas como el impulso del catalán en las aulas y en las administraciones públicas.

Pero no sólo eso. El Gobierno de la Generalitat también quiere involucrar al sector privado, endureciendo las inspecciones lingüísticas. «Es necesario garantizar activamente el cumplimiento de la legislación en materia de derechos lingüísticos, especialmente en la empresa y en el comercio, como por ejemplo la rotulación, etiquetado, atención al público, oferta de servicios», recoge el plan de acción elaborado por Illa. Para ello, dotará a los organismos encargados de velar por este cumplimiento del personal y los recursos necesarios, incrementando así los controles a las organizaciones privadas en materia lingüística.

Una medida que, según Illa, es necesaria para que los catalanes no se sientan incómodos al hablar su propia lengua. Y es que el Gobierno de la Generalitat defiende que, aunque el catalán sea una lengua oficial, si una oficina, un establecimiento comercial o un centro de salud transmite «la percepción de que hablar en catalán es algo anómalo o, peor aún, conflictivo, la mayoría de los hablantes renunciará al derecho a utilizarlo».