El Gobierno de Ayuso planea limitar las subidas «abusivas» de precios de los VTC en Madrid

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso trabaja en el borrador del que será el primer reglamento de VTC (vehículos de transporte con conductor) de la Comunidad de Madrid en el que planea limitar las subidas «abusivas» de precios.

El Ejecutivo liderado por Ayuso espera tener el documento preparado antes de que culmine 2023 y la idea es que incluya, además de esa delimitación del precio, otras cuestiones como la prohibición de la captación activa y la publicidad engañosa, la penalización de las cancelaciones de servicios y retrasos injustificados y el refuerzo de la protección al usuario.

Al mismo tiempo, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, comandada por Jorge Rodrigo, también tiene previsto tener terminado antes de 2024 el reglamento del taxi, que actualmente se encuentra en fase de estudio de las alegaciones presentadas. Esta normativa podría incluir en su versión final la posibilidad de que los profesionales puedan escoger entre comprar el vehículo o adquirirlo en régimen de renting, la necesidad de acreditar un nivel mínimo de conocimiento del español, primeros auxilios y lugares relevantes de Madrid.

Estos son dos de los principales proyectos en los que se encuentra inmersa la consejería, que se ha fijado como objetivo que tanto los VTC como los taxis puedan convivir y cubrir «de forma satisfactoria y segura» las necesidades de los ciudadanos respetando siempre su «libertad de elección».

Área de Prestación Conjunta

Asimismo, a lo largo de los próximos tres meses, la Comunidad de Madrid también va a implantar el servicio de transporte a demanda en 35 municipios del suroeste y sureste de la región, donde no existía, y se va a ampliar en la Sierra Norte, beneficiando así a un total de 106.000 madrileños de 75 pueblos. Para ello, la inversión en este proyecto va a ascender a 1,2 millones de euros, el doble que el presupuesto destinado hasta ahora, con el fin de «contribuir al desarrollo del medio rural y aumentar la movilidad de los vecinos, que verán ampliada su libertad de elección a la hora de desplazarse».

Este transporte a demanda lo realizan los taxis y con carácter previo se establecerán las correspondientes Áreas de Prestación Conjunta. La novedad radica en que, según se ha comprometido el Gobierno, antes de que acabe 2023, cuando se establezcan las áreas, los taxis podrán operar en los municipios integrados en su área territorial -no sólo en la localidad en la que está registrada su licencia- y pasarán de ser considerados transporte interurbano a urbano.

También en materia de transportes, el Gobierno quiere tener listo el año que viene el nuevo intercambiador de Valdebebas en el que va a invertir más de 30 millones de euros. Se trata de una infraestructura que tendrá cerca de 7.000 metros cuadrados y conectará la futura prolongación de la línea 11 de Metro, los autobuses urbanos 171 y 174, y la primera línea de bus rápido que conecta el barrio de Valdebebas con el Hospital Ramón y Cajal, y la línea C-1 de Cercanías Renfe. Además de este intercambiador, la Comunidad pretender tener finalizados para cuando acabe la recién estrenada legislatura otros tres en Conde Casal, Legazpi y Chamartín. Unas obras que costarán alrededor de 234 millones de euros.