El Gobierno alega exceso de trabajo para defender que Garzón pagase 12.000 € por un informe

El Gobierno ha justificado en el exceso de trabajo la contratación por parte del Ministerio de Consumo, que dirige Alberto Garzón, de un despacho privado para elaborar un informe jurídico por 12.000 euros.

Así responde el Ejecutivo a una batería de preguntas registrada en el Congreso por Ciudadanos, en las que se requería saber por qué Consumo contrató con a un despacho de abogados para un trabajo que, alega esta formación, podrían haber realizado los propios servicios jurídicos del Ministerio.

En su respuesta, el Gobierno explica que el contrato tenía por objeto elaborar un informe acerca «del modo de llevar a cabo la trasposición al ordenamiento jurídico nacional» de una nueva directiva de la UE aprobada el 25 de noviembre de 2020 sobre las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores.

Por ello, prosigue, «se hacía preciso contar con el apoyo de un informe que valorase los criterios que han de tomarse de referencia para fijarlos en el anteproyecto de ley de transposición de la norma de la UE».

Explica, no obstante, que la razón de recurrir a la contratación externa del informe respondió al «eventual y extraordinario volumen de producción normativa» por otros asuntos, como la pandemia o el volcán de La Palma.

Además, según el departamento de Garzón, «no es función de la Abogacía del Estado» el asesoramiento sobre el modo de llevar a cabo la transposición de una directiva europea, ni tampoco en la elaboración de textos normativos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y en el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.