El socialista Gallardo pierde casi 20 puntos en Villanueva de la Serena, el pueblo donde fue alcalde
El líder del PSOE de Extremadura fue primer edil de Villanueva de la Serena (Badajoz) cerca de 21 años
Sigue en directo el resultado de las elecciones de Extremadura 2025:

El candidato del PSOE a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, procesado por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias por enchufar al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz, ha perdido casi 20 puntos en el pueblo donde fue alcalde: Villanueva de la Serena.
Gallardo, que se sentará en el banquillo el próximo mayo junto al hermano del inquilino de La Moncloa, David Azagra, ha llevado al PSOE –salpicado también por otros casos de corrupción a nivel nacional– a su peor resultado histórico en Extremadura. Los socialistas han caído en esta comunidad 14 puntos y 10 escaños con respecto a las elecciones autonómicas del 28-M de 2023.
En concreto, el PSOE del que fuera alcalde de Villanueva de la Serena cerca de 21 años, esto es, entre junio de 2003 y marzo de 2024, ha obtenido en este municipio de Badajoz en torno a un 30% de los votos, quedando como segunda fuerza. En cambio, en las anteriores elecciones, las celebradas en mayo de 2023 –Gallardo todavía era primer edil de esta localidad y presidente de la Diputación–, el PSOE fue el partido más votado con un 50% de las papeletas.
El procesado Gallardo fue presidente de la Diputación de Badajoz, donde colocó al hermano de Pedro Sánchez, entre julio de 2015 y el pasado mayo. Tras ser procesado por prevaricación y tráfico de influencias en el mes de abril, Gallardo renunció a la presidencia de la institución provincial y corrió la lista del PSOE en la Asamblea de Extremadura para ocupar un acta de diputado regional y convertirse así en aforado.
Desde marzo de 2024, Gallardo ha ejercido como secretario general del PSOE de Extremadura. Tras conocer la debacle de su partido este domingo 21-D, ha comparecido en la noche electoral sin anunciar su dimisión: «Lo que menos me preocupa es mi futuro político», ha manifestado.
Una VPO y un casoplón
OKDIARIO publicó el pasado miércoles que Gallardo compró una vivienda de protección oficial (VPO) en Villanueva de la Serena (Badajoz) cuando era aquí líder de las Juventudes Socialistas. Además de este piso, también posee un casoplón de 519 metros cuadrados adquirido en 2016 en esta misma localidad.
En concreto, Gallardo adquirió la VPO apenas seis meses antes de convertirse en alcalde de este municipio pacense, según consta en la documentación registral a la que accedió este periódico.
El ex presidente de la Diputación de Badajoz y responsable del enchufe del músico David Azagra -hermano de Pedro Sánchez- en la institución provincial se hizo con este piso de 109 metros cuadrados de superficie (90 útiles) construida en Villanueva de la Serena el 23 de diciembre de 2002, fecha de escritura de la compraventa.
Fue apenas medio año después cuando Gallardo pasó de liderar las juventudes socialistas locales a convertirse en alcalde de esta localidad extremeña el 14 de junio de 2003, cargo que ostentó hasta el 20 de marzo de 2024. Una responsabilidad que compaginó con la Presidencia de la Diputación de Badajoz, estando al frente de esta institución del 18 de julio de 2015 al 30 de mayo de 2025.
En la fachada del bloque de pisos de la VPO –construido en 1993– puede observarse la placa que indica que estos inmuebles son «viviendas de protección oficial», a través de una «promoción privada».
Una vivienda de protección oficial de promoción privada es «aquella que comercializa una empresa privada entre todos aquellos interesados que cumplan los requisitos que dictamina la normativa y la tipología de vivienda. El Estado, para compensar el límite de precios, les otorga subvenciones a estas entidades privadas», señala el portal especializado Idealista.
Estas viviendas suelen venderse a un precio inferior al del mercado libre. Y sus propietarios, siempre que se encuentren sujetas a régimen de protección pública, deberán respetar en su transmisión o cesión de uso los precios o rentas máximas legales vigentes.