Una funcionaria alertó de que Torres compraba a la trama mascarillas «por encima del precio de mercado»

Una funcionaria del Servicio Canario de Salud alertaron expresamente de las irregularidades en la adjudicación de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión SL –de Víctor de Aldama– el 22 de abril de 2020, un día antes de formalizarse el contrato. La técnica del servicio de Atención Especializada advirtió del precio excesivo y de la falta de garantías del material. Pese a sus objeciones, la Dirección General de Recursos Económicos ordenó seguir adelante con una compra de 12,3 millones de euros que ahora investiga la Audiencia Nacional.

La Guardia Civil ha documentado en un informe de 347 folios entregado el 30 de octubre de 2025 cómo las advertencias técnicas fueron sistemáticamente ignoradas bajo presión política. Las conversaciones intervenidas revelan que el entonces presidente Ángel Víctor Torres intercedió personalmente para desbloquear los pagos.

El 22 de abril de 2020, a las 09:33 horas, una funcionaria emitía su primera valoración tras recibir el encargo de la directora general de Recursos Económicos. Su correo electrónico expresaba cautela: «Buenos días, después de tanta falsedad ya da hasta miedo valorar un producto sólo con la foto y los poquitos datos técnicos que dan».

Añadía: «Ya sé que no hace falta ahora marcado CE pero sería bueno. En principio parece que pueden servir». Sin embargo, incluía una recomendación crítica: «He visto que el 50% del pago se hace a la recepción de la mercancía. Se podrían testar una muestra al recepcionarlas y comprobar que efectivamente filtran y al menos no traspasan líquidos (sugerencia)».

Horas más tarde, a las 13:24, la funcionaria expresaba sus dudas de manera contundente. En un correo escribía: «Sin problema, pero Paloma ha dado visto bueno sin la ficha. ¿Estamos seguros? ¿Hay dinero suficiente?… son 12 millones de euros. Hemos comprado mascarillas más baratas (1,89 €). ¿Sigo adelante y te paso el pedido?».

Su interlocutora respondía tajante: «Seguimos adelante. Seguro que te distes cuenta de dónde procede la propuesta».

A las 13:53, la funcionaria insistía con mayor firmeza: «Estamos cubiertos para dos meses con los pedidos realizados. Está fuera de precio de mercado. A mí me da igual de donde venga, soy funcionaria y tengo que comprobar unos mínimos».

Su mensaje contenía una advertencia procedimental: «Y ni siquiera estoy segura de que podamos hacer una compra de 12 millones sin pasar por Gobierno… habrá que convalidarlo… ¿Y, lo hacemos con un correo?». Pese a todo, ese mismo día a las 21:17, se confirmó al viceconsejero socialista de Presidencia, que el pedido estaba formalizado.

Precio de las mascarillas

El análisis de la UCO revela que las mascarillas se adquirieron a 2,50 euros la unidad, cuando el mercado ofrecía precios de 1,89 euros, según constataba Ballesteros. El sobreprecio habría generado un sobrecoste de más de 1,5 millones de euros en el primer contrato.

El informe policial señala que el 21 de abril, un día antes de la adjudicación, el viceconsejero Olivera negociaba directamente con Koldo García, asesor del ministro José Luis Ábalos. «¿Es posible que nos quedemos en esta ocasión 2 millones de unidades o la cantidad máxima que quepa en un vuelo? ¿Te parece bien?», preguntaba Olivera.

Koldo respondía afirmativamente. Veinte minutos después, Olivera contactaba con Iñigo Rotaeche, de Soluciones de Gestión: «Íñigo, prepárame oferta con 2 millones, ¿vale? Negocié con Koldo esa cantidad».

El empresario Víctor de Aldama, que pagaba mensualmente 10.000 euros en efectivo a Koldo, había facilitado el contacto de Olivera a Rotaeche el mismo día diciéndole: «Te cuento, es el vicepresidente de canarias. Llámame».

El 30 de abril, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Universitario de Canarias emitía un informe demoledor. Sobre el primer tipo de mascarillas KN95 FFP2 FDA concluía: «Si bien marca en el envase que está certificada según la norma preceptiva según el estándar chino, según indicación en el envase no es de uso médico, por lo que se descarta su idoneidad». Respecto a otro modelo de mascarillas 3 capas también: «No son EPI».

El 27 de abril, cuando se detectaron los primeros problemas, una funcionaria escribía a Ballesteros: «No pagar de momento, porque el servicio de prevención del HUC está haciendo el informe y unas cumplen y otras no».

Al día siguiente, se informó a Soluciones de Gestión: «El Servicio de Prevención de Riesgos de uno de nuestros hospitales está analizando si el material entregado, que se corresponde con varios tipos de mascarillas cumplen con las condiciones exigidas para ser consideradas como FFP2. Según los primeros informes, no todas reúnen estos requisitos, y en tanto se termine con el análisis y el recuento de las que sí cumplirían, hemos paralizado los pagos».

Sin embargo, la presión política pudo más que las objeciones técnicas. El 3 de julio, Torres escribía a Koldo: «Te va a llamar Antonio Olivera porque estoy encima de tu pago. Ya está validado el material».

Las alertas documentadas constituyen ahora pruebas clave que demuestran que las irregularidades fueron advertidas en tiempo real por quienes tenían la obligación profesional de velar por el dinero público, pero sus voces quedaron sepultadas bajo el peso de los despachos de arriba.