La Fiscalía al rescate de Monedero y Montero: archiva la denuncia por agresión sexual y por encubrimiento

La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado las diligencias de investigación preprocesal contra Juan Carlos Monedero por presunta agresión sexual y contra Irene Montero, Ione Belarra y Ángela Rodríguez Pam por encubrimiento y omisión del deber de socorro. El decreto, que desvela en exclusiva OKDIARIO, concluye que no existen elementos indiciarios suficientes para sostener ninguno de los delitos denunciados por una plataforma política gallega.

La investigación se vio lastrada porque las presuntas víctimas no quieren denunciar. Según consta en el decreto, «puestos en contacto con la Lola Sánchez Caldentey [ex eurodiputada] y con Ayme Román [activista y youtuber] a fin de otorgarles la posibilidad de comparecer ante esta Fiscalía, ninguna de ellas se ha puesto en contacto con esta Fiscalía Provincial». Todo ello a pesar de que públicamente ellas hablaron de las prácticas de Monedero.

Esta circunstancia resulta determinante para el archivo, ya que el artículo 191 del Código Penal establece que «para proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual será precisa denuncia de la persona agraviada».

La denuncia, interpuesta el 4 de marzo de 2025 ante la Fiscalía de Área de Vigo, alegaba que Monedero había agredido sexualmente a Ayme Román, quien «lo manifestó en su canal de YouTube y que ratificó los días 23 y 24 de febrero» en publicaciones en una red social, y también a Lola Sánchez Caldentey, según sus propias manifestaciones en esa misma plataforma.

No quieren denunciar

La fiscal investigadora subraya en su resolución la ausencia de precisión en los hechos denunciados: «Se desconoce el momento, el lugar, cómo se produjeron y en qué consistieron; es decir, no concurren en este momento elementos indiciarios sobre una petición tácita o expresa de actos de naturaleza sexual y/o los contactos físicos que hubieran tenido lugar».

La Fiscalía sostiene que los actos mencionados en la denuncia no son «lo suficientemente claros para mantener racionalmente la existencia de un delito de agresión sexual», al tiempo que precisa que las presuntas víctimas «no parecen presentar marcadores de debilidad o vulnerabilidad que justifiquen la acción subrogada del Ministerio Fiscal».

La fiscal con Montero

Respecto a los cargos contra las dirigentes de Podemos, la Fiscalía es igualmente contundente. Sobre el presunto delito de encubrimiento, el decreto establece que «no se puede mantener que las denunciadas incurran en algunas de las conductas recogidas» en el Código Penal.

La resolución argumenta que «la actuación alegada de no considerar real los comportamientos aludidos a Juan Carlos Monedero no puede ser asimilada» a ninguna de las modalidades típicas del encubrimiento, que requieren intervención directa sobre hechos, efectos o favorecimiento al presunto autor.

En cuanto al delito de omisión del deber de socorro, la Fiscalía descarta igualmente su comisión. El artículo 195 del Código Penal exige «una situación de desamparo de una persona que se halle en peligro manifiesto y grave», requisito que no se cumple en este caso.

«No se han descrito qué situación de desamparo y peligro se encontraba la presunta víctima ni tampoco que aquellas conocieran los supuestos comportamientos», señala el decreto. La fiscal considera que la denuncia «revela más bien el desacuerdo con la actuación o manera de proceder de las denunciadas».

Antecedentes políticos

Este caso se enmarca en las tensiones internas que han sacudido a la izquierda española en los últimos años. Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos junto a Pablo Iglesias, ha mantenido una relación turbulenta con la formación morada tras su salida de los órganos de dirección. Las acusaciones surgieron en un contexto de enfrentamientos públicos entre diferentes sectores de la izquierda, especialmente tras la crisis interna de Podemos y la posterior creación de nuevas formaciones políticas.

La plataforma Xuntos por Galicia, denunciante en este caso, representa una sensibilidad crítica con la gestión de estos asuntos por parte de la dirección podemita, encabezada entonces por figuras como Irene Montero, Ione Belarra y la gallega Ángela Rodríguez Pam.

Derecho a denuncia

El decreto recalca que «la ausencia, a priori, de denuncia de las personas agraviadas y de elementos que puedan determinar los hechos de naturaleza sexual no excluye el derecho que tienen Lola Sánchez Caldentey y Ayme Román de presentar denuncia por estos hechos ante el Ministerio Fiscal o ante los órganos judiciales».

Esta precisión mantiene abierta la vía judicial para las presuntas víctimas, aunque el archivo de las diligencias preprocesales. La resolución, que no admite recurso alguno según establece la normativa procesal, cierra esta vía de investigación que había generado expectación en los círculos políticos y mediáticos.

La Fiscalía de Madrid, liderada por Pilar Rodríguez –imputada junto al fiscal general del Estado en el caso de la filtración contra el novio de Isabel Díaz Ayuso– ha demostrado posicionarse otra vez a favor de los intereses de la izquierda. Se trata de la fiscal que bromeó con acompañar con «un poquito de cianuro» a la nota de prensa aclaratoria que impulsó junto a Álvaro García Ortiz demostrando una clara animadversión hacia el centro derecha de España. Queda abierta la investigación interna en la Universidad Complutense de Madrid que tendrían testimonios directos y aún más explícitos de las actitudes de Juan Carlos Monedero.