El Supremo cita al fiscal general como imputado por revelar secretos para perjudicar a Ayuso

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha citado como investigados al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos para los días 29 y 30 de enero respectivamente. La decisión se produce tras analizar los informes de la UCO que apuntalan su participación en la filtración de información confidencial. Todo para perjudicar a Alberto González Amador y a su pareja, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP a nivel regional.

El auto judicial también extiende las imputaciones al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe, al considerar que los tres se habrían «concertado para revelar secretos o informaciones reservadas» que conocían por razón de su cargo.

Según detalla el instructor, los hechos se centran en la noche del 13 de marzo de 2024, cuando en menos de dos horas un correo confidencial pasó del email particular del fiscal general a ser publicado en la web de la Cadena SER. «El solo trasiego del intercambio de mensajes […] reveladores de momentos de urgencia y gran tensión, que tienen lugar bajo su batuta» demuestra «su papel relevante en la divulgación de una información reservada», señala el auto.

La investigación ha destapado que el correo también circuló desde la Fiscalía General hasta Presidencia del Gobierno, y de ahí al medio ElPlural.com. El juez revela que este envío tenía «una clara finalidad política» para su uso en la Asamblea de Madrid, como demuestran los WhatsApp intervenidos al portavoz socialista Juan Lobato: «Y Pilar quiere que yo saque el mail de fiscalía. Que no ha salido pero que lo saque yo. No puede ser».

El magistrado ha citado a declarar al fiscal general el 29 de enero, a la fiscal provincial el 30 de enero, y al teniente fiscal el 5 de febrero. En su auto, destaca especialmente el valor de los informes elaborados por la UCO, cuyos investigadores «han venido contando con el beneplácito del Ministerio Fiscal en otras causas» y cuya «reconocida solvencia no habría de ser cuestionada gratuitamente».

Una noche de infarto

El auto del juez del Tribunal Supremo revela los detalles de una presunta operación coordinada para filtrar información confidencial la noche del 13 de marzo de 2024. Dibuja unas horas frenéticas. Entre las 21:59, cuando el fiscal general Álvaro García Ortiz recibió el correo en su gmail particular, y las 23:51, cuando fue publicado por la Cadena SER, se sucedieron una serie de llamadas y mensajes «reveladores de momentos de urgencia».

El magistrado Ángel Luis Hurtado describe un operativo dirigido personalmente por García Ortiz, que aprovechó «la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición». Los WhatsApp intervenidos muestran cómo el fiscal general exigió que le enviaran el correo a su cuenta personal en lugar de la oficial.

«La secuencia y presura de esos pasos ponen de relieve unas prisas por parte del Fiscal General del Estado en recoger una determinada información, tantas, que no puede esperar a la mañana siguiente», señala el juez, quien destaca el «concreto interés» por obtener un correo que no había sido incluido en la documentación oficial.

La primera filtración

La operación de filtración se gestó días antes, según revela el auto judicial. El 7 de marzo, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ya había enviado un WhatsApp al fiscal general: «Hola Jefe. A tu disposición». Tres días después, esa documentación aparecía publicada en elDiario.es, cuando el abogado del caso ni siquiera había sido notificado.

El auto detalla también las presiones ejercidas sobre la Fiscalía Superior de Madrid para publicar un comunicado favorable. «Almudena [Lastra], no me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato», escribió con enfado el fiscal general a la fiscal superior madrileña, quien se negó a difundir la nota por no estar de acuerdo con su contenido.

«Es imperativo sacarla», ordenó García Ortiz. Ante la negativa, el comunicado se publicó finalmente a través de la Fiscalía Provincial –en Madrid se superpone la Superior, de la comunidad autónoma, y la Provincial–. Un WhatsApp del teniente fiscal revela las tensiones internas: «Íñigo [el jefe de prensa de la Superior] no la quería sacar (su sueldo depende de Ayuso) y Mar [la jefa de prensa de la General] iba a sacarla con logo FGE, pero le volvió a llamar Iñigo y le dijo que la sacaba con logo de la Provincial».

El magistrado subraya la coordinación entre los tres investigados, que bautizaron su operativo como «el equipo de Fortuny [calle donde se ubica la Fiscalía General]». Tras las filtraciones, la fiscal provincial envió un mensaje de «Gracias a todo el equipo de Fortuny», revelando la existencia de una acción orquestada.

El papel del teniente fiscal Diego Villafañe fue clave como enlace entre el fiscal general y la fiscal provincial. «Me dice el jefe si puedes pasarte mañana a las 11:00h […] a ver si calmamos las aguas», escribió a Rodríguez cuando empezaron a surgir problemas. El uso del «calmamos» en primera persona del plural es, según el juez, indicativo de su participación en los hechos.