Los fiscales piden la dimisión de García Ortiz tras el varapalo del Supremo: «Nos está desprestigiando»

La Junta Directiva de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se ha reunido esta mañana del 1 de marzo y han solicitado la dimisión, por dignidad de la institución, del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Lo hace después de conocer la resolución de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la que los magistrados proponen investigar a los aforados Carlos Puigdemont y Rubén Wagensberg por terrorismo en la causa de Tsunami. Los fiscales afines a García Ortiz rechazaron esta imputación e impusieron su criterio por jerarquía al contrario del acuerdo de la mayoría de la Junta de Fiscales. Por estas razones, desde la APIF se pide la marcha de Álvaro García Ortiz: «El Ministerio Fiscal no puede exponerse, ni un minuto más, a esta cadena de desprestigio a la que nos está conduciendo la actuación del Fiscal General del Estado». 

La imputación por terrorismo en la causa de Tsunami ha provocado una postura ambigua dentro de la Fiscalía. Mientras el pasado verano, los fiscales de la Audiencia Nacional sí incardinaban los hechos en un presunto delito de terrorismo, el fiscal Miguel Carballo emitió este invierno un informe en el que rechazaba esta imputación. Todo ello ocurrió tras los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo en los que está previsto la aprobación de la amnistía que olvidará los delitos cometidos por los independentistas.

Pero Carballo no es el único fiscal que se ha posicionado en contra. El fiscal Álvaro Redondo también se opuso a investigar a Puigdemont por terrorismo, sin embargo, su informe fue tumbado por la mayoría de la Junta de Fiscales que sí argumentó que los acciones violentas de Tsunami podrían incluirse dentro de este tipo penal.

Al conocer esta resolución, desde la Fiscalía General del Estado que preside Álvaro García Ortiz se utilizó el criterio de jerarquía y la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, elaboró un nuevo informe rechazando de nuevo la imputación por terrorismo. Este último documento prevaleció sobre el anterior, pero tal y como adelantó OKDIARIO, los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo no lo han tenido en cuenta.

«No cabe duda que los hechos de Tsunami podrían ser terrorismo», señalaron los jueces en un auto en el que muestran su disparidad con la Fiscalía y se abren a investigar Tsunami, tal y como les pidió el juez instructor Manuel García Castellón.

Las reacciones de este varapalo del Supremo a la Fiscalía de García Ortiz no se han hecho esperar. «La postura mantenida por el Ministerio Público, en un procedimiento relevante, ha sido desautorizada por unanimidad por la Sala Segunda del Tribunal Supremo», señalan los fiscales de la APIF. Y prosiguen: «El caso adquiere mayor gravedad teniendo en cuenta que en Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, por amplia mayoría -11 a cuatro-, se mantenía la posición de entender que la exposición razonada del Juez de Instrucción de la Audiencia Nacional contenía elementos suficientes para considerar que los hechos investigados se podían incluir en delito de terrorismo y que, además, había indicios para considerar a Puigdemont responsable de ellos». 

La memoria

Los fiscales también argumentan su decisión de pedir la dimisión del fiscal general en que el Supremo fundamenta su resolución citando la Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2020 en la que el Ministerio Fiscal fijó los hechos a los que se refiere la exposición razonada del juez Manuel García Castellón como encuadrables dentro del delito de terrorismo.

«Apartarse ahora de lo que se mantuvo hace cuatro años debería haber tenido un fundamento jurídico muy sólido para que encuentre justificación», sostienen a la vez que culpan a Álvaro García Ortiz de propiciar una desautorización del Tribunal Supremo que pone en evidencia que no hay ningún fundamento para apartarse del criterio que se estableció en 2020.

«Ningún cargo, en un sistema democrático, puede mantenerse en el ejercicio de su función cuando, en un asunto tan relevante, queda totalmente desautorizado por la máxima autoridad jurisdiccional de un país, y no es ésta la primera vez, ni la más grave, que eso ocurre. La dirección del Ministerio Fiscal exige un nivel en el ejercicio de su función que resulta incompatible con el varapalo recibido. El Ministerio Fiscal no puede exponerse, ni un minuto más, a esta cadena de desprestigio a la que nos está conduciendo», zanjan los fiscales de la APIF.