Los polémicos viajes del presidente

Falcon: La ley del alto cargo obliga a Sánchez a “austeridad” en el uso de los recursos públicos

Pedro Sánchez
Pedro Sánchez, Begoña Gómez y el Falcon

El Gobierno ha tratado de esquivar la polémica por el gusto de Pedro Sánchez a viajar en avión oficial alegando motivos de seguridad.

El Gobierno ha tratado de esquivar la polémica por el gusto de Pedro Sánchez a viajar en avión oficial alegando motivos de seguridad.

Un argumento que, según La Moncloa, se sostiene en el propio departamento de Seguridad, que, tras recibir la información sobre los viajes que va a efectuar Sánchez, organiza los desplazamientos habilitando los medios necesarios para ello.

Moncloa argumenta también que desde hace años, con otro presidente en el Gobierno, el Departamento de Seguridad indicó que todos los viajes del jefe del Ejecutivo, sin entrar a diferenciar entre viajes oficiales o de otra índole, se deberían producir siempre por medios oficiales, nunca comerciales, y por transporte aéreo siempre que fuera posible, según informó Europa Press. Y en caso de que no sea posible el desplazamiento en avión o helicóptero, los servicios de seguridad prefieren los traslados por carretera que en tren.

Sin embargo, esta consideración encuentra también sus observaciones en la propia ley que rige el comportamiento de los altos cargos del Estado, entre ellos, el presidente y los ministros.

La ley, de 2015, establece las obligaciones para el ejercicio del cargo, que son cinco: objetividad, integridad, interés general, transparencia y responsabilidad y austeridad. 

Y, según este último punto, Sánchez estaría obligado a tener en cuenta la “eficiencia” y “racionalización del gasto” en la gestión de los recursos públicos.

La ley destina un artículo específico (8) a cómo deben utilizar los miembros del Gobierno los ‘recursos humanos y materiales’. 

En este punto, se indica que “quienes ejerzan un alto cargo gestionarán los recursos humanos, económicos y materiales siguiendo los principios de eficiencia y sostenibilidad“.

Sobre los desplazamientos, y el uso de vehículos oficiales, se indica que “deberá realizarse atendiendo a la naturaleza del cargo desempeñado y a las necesidades de seguridad y de acuerdo al principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos”. Un principio que sería aplicable a la utilización de los medios aéreos.

Falta de transparencia

Entre los viajes realizados por Pedro Sánchez, algunos tienen acomodo en la utilización del avión oficial y otros, no tanto. Son, por ejemplo, los casos conocidos del desplazamiento a Castellón para disfrutar de un concierto de su grupo favorito, The Killers, en el Festival de Benicássim (FIB) o el viaje a La Rioja, a bordo de un helicóptero del Estado, para asistir a la boda de su cuñado.

En otros casos, como los Consejo de Ministros celebrados en Sevilla y Barcelona, el Ejecutivo hizo uso de un despliegue de medios oficiales, con Falcon y Airbus, para trasladar al presidente y al resto de miembros del Gobierno.

El Gobierno siempre ha rechazado informar sobre el coste de estos viajes, esgrimiendo la Ley de Secretos Oficiales, amparándose en que los movimientos de aeronaves militares o los planes de protección de autoridades y pasajeros son “materia clasificada”.

Entre otras excusas, ha alegado también que los costes “no se pueden desglosar”, como argumentó tras una pregunta en el Portal de Transparencia, revelada por OKDIARIO y referida al gasto en desplazamientos del Consejo de Ministros celebrado en Sevilla, el pasado 26 de octubre.

En otra ocasión, y como informó también este periódico, el Gobierno justificó que el mismo viaje no había supuesto gastos por tratarse de “un avión oficial facilitado por el ministerio de Defensa”. 

Cabe recordar que, recientemente, el propio Consejo de Transparencia determinó que el gasto de los viajes de Sánchez como presidente del Gobierno es de interés público y, por tanto, tiene que publicarse, en tanto no afecte al dispositivo de seguridad.

También recientemente, OKDIARIO reveló que el Gobierno el coste de las vacaciones del presidente y su familia durante las pasadas Navidades, en Doñana y Lanzarote no supuso ningún coste para el erario público.

En una respuesta del Ejecutivo, a través del  Organismo Autónomo Parques Nacionales (adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica)- a la consulta: “Personal a disposición del presidente del Gobierno y sus acompañantes durante su estancia en las residencias de Doñana y Lanzarote en sus vacaciones de Navidad y coste estimado de su estancia (dietas, suministros, adecuación…)”, el Gobierno sólo responde que “de la visita no se generó ningún gasto discernible de las partidas generales de mantenimiento y suministros de los que disponen anualmente para el funcionamiento del Palacio de Marismillas” y “que no se generó ningún gasto en dietas”.

En la contestación, absolutamente parcial, el Gobierno rechaza además la petición de información sobre la estancia de Sánchez en la residencia de La Mareta, en Lanzarote, donde permaneció entre los días 29 de diciembre y 7 de enero, acompañado de su mujer, Begoña Gómez, sus dos hijas y la mascota de la familia, ‘Turca’, una perrita de aguas.

En este caso, se sabe, por ejemplo, que en los últimos meses se licitaron varios contratos para adecuar la estancia de Sánchez: se adquirió una lavadora semi- industrial (3.971 euros), se repuso con carácter “urgente” el aire acondicionado (1.750 euros) y se reforzó el dispositivo de seguridad ( 3.714 euros y 2.184 euros). Además, varias obras de arte se trasladaron desde el Palacio Real a esta finca, lo que supuso un coste de 9.836,65 euros en transporte.

Últimas noticias