El juez pide al Supremo la imputación de Rita Barberá por blanqueo

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga un supuesto delito de blanqueo de capitales en el el grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital del Turia, ha remitido al Tribunal Supremo la parte de la investigación que afecta a la ex alcaldesa Rita Barberá, quien está aforada por su condición de senadora territorial.

La investigación ha dejado ya casi medio centenar de ediles, ex concejales, asesores y ex asesores del grupo municipal imputados por supuesto blanqueo de capitales. Los imputados apoyaron la campaña de las elecciones municipales de mayo con 1.000 euros propios cada uno y ahora se investiga si ese dinero se utilizó para blanquear el obtenido de comisiones ilegales que financiaron actos de campaña de la ex alcaldesa. Según la investigación, los 1.000 euros presuntamente les eran devueltos por el partido en b, mediante dos billetes de 500 euros.

Barberá ha reconocido que ha realizado donativos mensuales y extraordinarios al partido. Uno de ellos fue el de 1.000 euros para la campaña de las elecciones de 2015 en la que ella optaba a la alcaldía, igual que hicieron los concejales y asesores de su equipo, pero asegura que nunca le fueron devueltos.

En este sentido, el juez que instruye el caso Imelsa, ha enviado al Supremo la investigación por supuesto blanqueo que afecta a la actual senadora, subrayando las sospechas sobre las cuentas del PP y la relación de Barberá con la ex secretaria del grupo municipal, María del Carmen García-Fuster, quien gestionaba las cuentas bancarias y principal imputada en esta pieza separada. El juez apunta que Barberá era su superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del grupo municipal, y existía además una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada. Además, considera que las explicaciones dadas por Barberá son insuficientes para excluir su posible implicación.

García-Fuster en su declaración judicial se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero.

Según el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, el juez cree que sería «incoherente» no elevar exposición ya que la senadora ha reconocido que pagó 1.000 euros, y hay 47 imputados por lo mismo, además del PP como persona jurídica.

No obstante, ni las dos imputadas que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación han realizado una imputación concreta respecto a la participación de Barberá en los hechos que se investigan.

Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado ofreció declarar a Barberá, y la ex alcaldesa presentó un escrito de alegaciones en el que reconoce la aportación del dinero para la campaña y niega el reintegro del mismo.

Una vez el magistrado de Valencia ha enviado al Tribunal Supremo la exposición razonada de los indicios que existen contra Barberá, será el alto tribunal el que decida si cabe o no abrir una causa en la que se investigue a la ex alcaldesa y si es así el Supremo pedirá el suplicatorio al Senado, donde se someterá a votación secreta en un pleno dicha petición. Lo habitual es que la Cámara lo conceda pero además la senadora también tiene en contra que algunos populares se han posicionado a favor de su dimisión.

Poco después de conocerse esta decisión judicial, el TSJCV hacía público un segundo envío desde los juzgados de Valencia hacia el alto tribunal, que afectaba también a Rita Barberá, por delitos de desobediencia y denegación de auxilio al no retirar los símbolos franquistas de calles y edificios de Valencia cuando fue alcaldesa de la ciudad.