Una orden del Gobierno pide acelerar las renovables pese al riesgo para la «seguridad del suministro»

El Gobierno persiste en su plan para asegurar que la totalidad del suministro energético esté cubierto por energías renovables. Ello, pese a admitir la «variabilidad» de las fuentes verdes y, en consecuencia, los riesgos para la «seguridad del suministro». El empeño del Ejecutivo, tras el apagón masivo del pasado 28 de abril, se recoge en una orden del Ministerio para la Transición Ecológica para la concesión de ayudas a «proyectos innovadores de almacenamiento energético», a cargo de fondos europeos.

Por primera vez tras el gran apagón –cuyas causas aún no se han explicado– el Ejecutivo reconoce que su proyecto energético, basado por completo en energías renovables y en la eliminación de otras fuentes, como la nuclear, tiene aún carencias. La orden pretende estimular los proyectos para el almacenamiento energético, cuyo papel es «importante a la hora de garantizar la flexibilidad y la seguridad del suministro energético».

«Las ayudas reguladas por la presente orden proporcionan señales de inversión para el almacenamiento, coherentes con las necesidades de la red, y promueven la industria nacional (…) Además, los proyectos que se desarrollarán con estas ayudas contribuyen a la mejora de la seguridad de suministro, puesto que se introducen criterios técnicos mínimos para mejorar la integración renovable y fortalecer la contribución del almacenamiento energético a la seguridad de suministro», se contempla en el texto de la orden.

Indirectamente, el ministerio admite así que su plan presenta aún carencias para asegurar la totalidad del suministro por medio de las renovables. Pese a ello, persiste, y justifica el uso de fondos europeos a este fin «dada la necesidad de desarrollar sistemas de apoyo a las actuaciones de almacenamiento (…) así como actuaciones que permitan la gestión de la demanda para favorecer la integración de energías renovables hasta niveles cercanos al 100 % de la generación».

Igualmente, reconoce que «en el caso de sistemas energéticos menos interconectados o no interconectados, como las islas, los recursos de flexibilidad, en particular el almacenamiento de energía, pueden ser de gran ayuda para gestionar niveles elevados de variabilidad en el suministro de energías renovables». 

Y es que, según se admite en el texto, «la transición hacia la neutralidad climática supone una profunda transformación del sistema energético, que pasará a estar alimentado, fundamentalmente, por recursos renovables», pero «el carácter variable de algunas de estas fuentes energéticas hace necesario contar con diversas herramientas que confieran flexibilidad al sistema, entre las que se encuentra el almacenamiento energético».  Precisamente, las carencias de almacenamiento, además de la escasa interconexión de España, son los grandes factores de riesgo para un nuevo apagón.

Sin explicaciones

Más de un mes después del cero energético, el Gobierno sigue sin ofrecer explicaciones sobre sus causas, con una investigación dirigida por el propio Ejecutivo y que ha provocado recelos entre las compañías de electricidad por exculpar a Red Eléctrica. The Telegraph ha publicado estos días la tesis de que el apagón se debió a que el Gobierno estaba forzando el sistema eléctrico para presumir de un récord de renovables. Según ese diario británico, el Ejecutivo de Sánchez estaba «realizando un experimento antes de que el sistema colapsara, para evaluar hasta dónde podría aumentar la dependencia de las energías renovables en preparación para la rápida eliminación gradual de los reactores nucleares en España a partir de 2027». La ministra Sara Aagesen ha negado rotundamente esta versión de lo ocurrido.

El apagón ha provocado además una guerra soterrada entre el Gobierno y las eléctricas. El Ejecutivo las acusa de no proporcionar información para la investigación, pero las compañías recelan de esas pesquisas oficiales por temer que estén sesgadas de interesada parcialidad por parte del Gobierno. También recelan las comunidades autónomas presididas por el Partido Popular, que han solicitado participar en los trabajos ante el silencio del Ejecutivo.