Sánchez invade la autonomía de Canarias y ordena el fondeo forzoso del crucero del hantavirus en contra de Clavijo

Pedro Sánchez ha ordenado en la madrugada de este domingo que el crucero del hantavirus MV Hondius sea acogido en el puerto de la isla de Tenerife, en el marco de la gestión de la crisis sanitaria derivada de un brote de hantavirus detectado a bordo del buque. La decisión se ha adoptado después de que el Gobierno de Canarias manifestara su negativa a autorizar el fondeo del barco mientras no se garantizara la evacuación completa de los pasajeros en 24 horas. Sánchez invade así la autonomía de Canarias y ordena el fondeo forzoso del crucero del hantavirus en contra de Clavijo.

La medida llega tras varias horas de tensión institucional entre ambas administraciones. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, había expresado su oposición a permitir la operación de desembarque sin un plan cerrado que asegurara la salida inmediata de todos los ocupantes del crucero durante la jornada del domingo, con el objetivo de minimizar riesgos sanitarios y operativos en la isla.

Según la versión del Gobierno de Pedro Sánchez, la decisión de imponer el desembarco responde a la necesidad de garantizar la atención sanitaria y logística de los pasajeros del buque, en coordinación con los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de situaciones. En este contexto, el Gobierno sostiene que ya estaba preparado el dispositivo para recibir al pasaje y proceder a su traslado posterior a distintos destinos.

La ministra de Sanidad, Mónica García, había asegurado en declaraciones previas que «todo» estaba preparado para la llegada del crucero, en referencia a la activación de los recursos sanitarios y de coordinación necesarios para atender a los pasajeros afectados por el brote.

Sánchez defiende la gestión

El Gobierno de Pedro Sánchez defiende que la gestión del operativo se está realizando bajo criterios de seguridad sanitaria, coordinación interadministrativa y disponibilidad de medios de transporte, especialmente en lo relativo a la reubicación progresiva de los pasajeros hacia sus destinos finales.

Sin embargo, desde el Gobierno de Canarias se había insistido en la necesidad de acelerar el proceso de evacuación, advirtiendo de que cualquier retraso podría complicar la gestión del caso en un territorio insular con recursos limitados. La discrepancia entre ambas administraciones ha girado principalmente en torno al ritmo de las operaciones y a la distribución de los pasajeros en los vuelos disponibles.

El dispositivo de evacuación incluye la utilización de diferentes aeronaves, tanto militares como civiles, coordinadas para trasladar a los pasajeros del crucero una vez completado el desembarco. No obstante, la planificación ha sufrido ajustes de última hora debido a retrasos en algunos de los vuelos previstos, lo que ha contribuido a prolongar la incertidumbre sobre el calendario definitivo de la operación.

En este contexto, la decisión del Gobierno central de asumir la orden de desembarco ha sido interpretada como un intento de desbloquear la situación y garantizar la continuidad del operativo, mientras que el Ejecutivo canario mantenía su exigencia de asegurar previamente la salida completa de los pasajeros antes de autorizar el fondeo del buque.

La situación ha derivado en un nuevo episodio de tensión entre administraciones, con diferencias sobre la gestión de emergencias sanitarias en un entorno portuario estratégico como el de Tenerife. Mientras el Gobierno central insiste en la coordinación estatal del operativo, el Gobierno de Canarias subraya la importancia de controlar los tiempos de exposición en la isla para reducir cualquier posible riesgo asociado al brote detectado a bordo del crucero.