El 72% de los afectados por okupaciones elude los tribunales ante la falta de defensa de la propiedad

Podemos acusa a los partidos de oposición de exagerar los casos de okupaciones. El partido liderado por el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, hace una trampa para minimizar una plaga que se ha convertido en un verdadero problema de orden público. Coge la estadística de los casos que llegan a los tribunales. Pero la realidad sonroja a los podemitas. El 72% de los afectados no llegan a sede judicial. Las víctimas prefieren no llevar su caso a la Justicia por el evidente abandono de su derecho a proteger la propiedad privada.

Los datos reales del volumen de okupaciones anuales alcanza los 14.621 delitos en un inacabable suma y sigue. En 2018 el número de “hechos conocidos de ocupación ilegal de inmuebles” del que tiene constancia el Gobierno se elevó a 12.214, tal y como prueba la respuesta escrita trasladada por Moncloa al PP y a la que ha tenido acceso OKDIARIO. En 2019 siguió en ascenso esta plaga hasta los 14.621 casos citados. La primera mitad de este año la tendencia no se ha alterado: en seis meses suman ya 7.450 okupaciones, 357 más que en el mismo periodo de 2019. Pero Podemos utiliza una trampa muy tosca: la de referirse exclusivamente a los casos que llegan a sede judicial.

La falta de confianza en la acción judicial es evidente en España en materia de okupación. En 2018 el número de usurpaciones de inmuebles se elevó a 12.214. Pero sólo llegaron a los tribunales un total de 1.740 casos. La fotografía se repitió en 2019. De un total de 14.621 okupaciones de las que tuvo conocimiento la Policía, sólo 4.017 ingresaron en los tribunales españoles.

Las cifras demuestran el fuerte crecimiento de este tipo de delitos. Unos datos que se han disparado, además, desde la llegada del Gobierno de coalición de PSOE y Podemos, porque de enero a junio del presente año, el número de casos ha crecido hasta los 7.450 en el conjunto de España, 357 más que los registrados en el mismo periodo de 2019. Y todo ello, además, impulsado por dos comunidades: Cataluña -con ERC en la alianza de Gobierno- y la Comunidad Valenciana, con mando del PSOE, Podemos y Compromís.

Los casos de okupación en el último medio año ascienden ya a la cifra de 7.450, con un incremento de 357 casos sobre los 7.093 registrados entre enero y junio de 2019. Y ello, pese a que estos delitos se reducen en la Comunidad de Madrid: en esta región bajan de 726 casos a 657.

Cataluña, comunidad okupa

Los grandes catalizadores son Cataluña -que pasa de 3.190 a 3.611 casos, con una subida de 421 casos, un 13%-; y la Comunidad Valenciana -pasa de 496 a 566, con un ascenso porcentualmente aún mayor, de un 14%-.

La primera de estas comunidades está gobernada por separatistas y con presencia directa de ERC, socio del PSOE; y la segunda se encuentra bajo mando del PSOE y con presencia en el Gobierno autonómico de Podemos y Compromís. Sea como sea, esta escalada sucede mientras sectores relevantes del PSOE no dejan de devaluar el problema y desde Podemos, directamente, lo niegan. Y mientras las mismas fuerzas devalúan la necesidad de un cambio drástico en la ley para que los tribunales puedan actuar con contundencia.

Los afectados por estos delitos saben perfectamente las dificultades de los jueces y policía para atajar la okupación con las bases legales actuales. Y, por ello, desconfían de llevar sus casos ante la Justicia. De hecho, en el primer trimestre de 2020, sólo han ingresado en sede judicial 792 casos, pese a ser el año en el que más se aceleran este tipo de delitos.

Todos estos datos aparecen plasmados en la información obtenida por los diputados del PP Ana Vázquez, Carlos Rojas y María Isabel Borrego tras exigir una contestación por escrito al Gobierno. La delincuencia ligada a la okupación, por lo tanto, sigue su escalada. Y espoleada principalmente por los Gobiernos populistas.

Órdenes a la Policía

El Gobierno central, además, acaba de trasladar indicaciones a la Policía frente a esta ilegalidad. Y no parecen encaminadas a atajar el delito: los agentes acaban de recibir explicaciones de cómo actuar en materia de okupaciones y un enorme boquete jurídico empieza a quedar en evidencia. Las órdenes del Ministerio del Interior, desveladas por OKDIARIO, son claras para los agentes: «No desalojar» cuando la okupación se haya llevado «sin violencia o intimidación» en un «inmueble sin uso o dedicado al alquiler, pero sin inquilinos (entre otros casos)» porque «prima el derecho [de los okupas] a la inviolabilidad del domicilio frente al derecho de propiedad del titular».

Las órdenes se han trasladado a modo de guía de actuación. Y reproducen la mecánica que deben seguir los agentes en materia de okupaciones.
Con ese manual en la mano, los agentes deben hacerse una serie de preguntas antes de intervenir.

La primera y básica es si se trata de una «morada» o no. La morada es «la vivienda legal habitual o alguna segunda vivienda (en propiedad o en alquiler)». Si es «morada» los agentes sí podrán realizar una «entrada por delito flagrante» y proceder a la «detención de los autores» y a la «recopilación de pruebas».

Pero el panorama cambia radicalmente si no se puede considerar morada. Y en esa categoría entran nada menos que todas las viviendas de los bancos más todos los pisos particulares «sin uso o dedicados al alquiler, pero sin inquilinos».

En ese caso los agentes tendrán que hacerse la pregunta de si el inmueble ha sido okupado «con violencia o intimidación». Si se ha usado la violencia, los policías podrán entrar en la casa y detener a los autores. Pero, en caso contrario, el margen de actuación de la Policía se restringe radicalmente.

Porque si «los autores se encuentran desarrollando plenamente su vida en el inmueble (con independencia de plazos temporales)», los agentes «no» podrán desalojar a los okupas. Porque «prima su derecho a la inviolabilidad del domicilio [de los okupas], sobre el derecho de propiedad del titular».

Se trata de la segunda evidencia de que el prometido plan de Dolores Delgado para combatir las okupaciones tiene una buena parte de humo. La fiscal general anunció una instrucción de la Fiscalía para luchar contra este delito. La ha emitido. Pero lo cierto es que el refuerzo de la protección frente a las okupaciones lo hace pivotar sobre la protección a la intimidad, cosa que sólo ocurre en las primeras o segundas viviendas.