La okupación sube un 5% desde la investidura de Sánchez y en sólo medio año

Mientras Podemos no deja de afirmar que la Oposición se inventa los casos de okupación, las cifras demuestran el fuerte crecimiento de este tipo de delitos. Y, en especial, desde la llegada del Gobierno de coalición de PSOE y Podemos, porque de enero a junio del presente año, el número de casos ha crecido hasta los 7.450 en el conjunto de España, 357 más que los registrados en el mismo periodo de 2019. Los okupas están haciendo su agosto. Y todo ello, además, impulsado por dos comunidades: Cataluña -con ERC en la alianza de Gobierno- y la Comunidad Valenciana, con mando del PSOE, Podemos y Compromís.

Los casos de okupación en medio año ascienden ya a la cifra de 7.450, con un incremento de 357 casos sobre los 7.093 registrados entre enero y junio de 2019. Y ello, pese a que estos delitos se reducen en la Comunidad de Madrid: en esta región bajan de 726 casos a 657.

Los grandes catalizadores son Cataluña -que pasa de 3.190 a 3.611 casos, con una subida de 421 casos, un 13%-; y la Comunidad Valenciana -pasa de 496 a 566, con un ascenso porcentualmente aún mayor, de un 14%-.

La primera de estas comunidades está gobernada por separatistas y con presencia directa de ERC, socio del PSOE; y la segunda se encuentra bajo mando del PSOE y con presencia en el Gobierno autonómico de Podemos y Compromís.

Y, sea como sea, el aumento de los okupas sucede mientras sectores relevantes del PSOE no dejan de devaluar el problema y desde Podemos, directamente, lo niegan. Pero, en resumen, lo cierto es que la llegada de un Gobierno comprensivo con este delito ha supuesto una subida de un 5% del número de casos de okupación, tal y como demuestran los datos obtenidos por los diputados del PP Ana Vázquez, Carlos Rojas y María Isabel Borrego tras exigir una contestación por escrito al Ejecutivo socialcomunista. La delincuencia ligada a los okupas, por lo tanto, sigue su escalada. Y espoleada principalmente por los Gobiernos populistas.

Boquete jurídico

El Gobierno central, además, acaba de trasladar indicaciones a la Policía frente a esta ilegalidad. Y no parecen encaminadas a atajar el delito: los agentes acaban de recibir explicaciones de cómo actuar con los okupas y un enorme boquete jurídico empieza a quedar en evidencia. Las órdenes del Ministerio del Interior, desveladas por OKDIARIO, son claras para los agentes: «no desalojar» cuando la okupación se haya llevado «sin violencia o intimidación» en un «inmueble sin uso o dedicado al alquiler, pero sin inquilinos (entre otros casos)» porque «prima el derecho [de los okupas] a la inviolabilidad del domicilio frente al derecho de propiedad del titular».

Las órdenes se han trasladado a modo de guía de actuación. Y reproducen la mecánica que deben seguir los agentes en materia de okupación.
 Con ese manual en la mano, los agentes deben hacerse una serie de preguntas antes de intervenir.

La primera y básica es si se trata de una «morada» o no. La morada es «la vivienda legal habitual o alguna segunda vivienda (en propiedad o en alquiler)». Si es «morada» los agentes sí podrán realizar una «entrada por delito flagrante» y proceder a la «detención de los autores» y a la «recopilación de pruebas».

Pero el panorama cambia radicalmente si no se puede considerar morada. Y en esa categoría entran nada menos que todas las viviendas de los bancos más todos los pisos particulares «sin uso o dedicados al alquiler, pero sin inquilinos».

En ese caso los agentes tendrán que hacerse la pregunta de si el inmueble ha sido okupado «con violencia o intimidación». Si se ha usado la violencia, los policías podrán entrar en la casa y detener a los autores. Pero, en caso contrario, el margen de actuación de la Policía se restringe radicalmente. Porque si «los autores se encuentran desarrollando plenamente su vida en el inmueble (con independencia de plazos temporales)», los agentes «no» podrán desalojar a los okupas. Porque «prima su derecho a la inviolabilidad del domicilio [de los okupas], sobre el derecho de propiedad del titular».

Se trata de la segunda evidencia de que el prometido plan de Dolores Delgado para combatir la okupación tiene una buena parte de humo. La fiscal general anunció una instrucción de la Fiscalía para luchar contra este delito. La ha emitido. Pero lo cierto es que el refuerzo de la protección frente a los okupas lo hace pivotar sobre la protección a la intimidad, cosa que sólo ocurre en las primeras o segundas viviendas.