El Congreso se resiste a aplicar sanciones para frenar los ‘shows’ de independentistas y podemitas
Impresoras, camisetas con el rostro de encarcelados… y toda una retahíla de objetos extra-parlamentarios se han colado en los últimos meses en el Congreso, provocando la irritación de los diputados y sobre todo, de su presidenta, Ana Pastor.
El último ‘show’ lo protagonizó, este miércoles, el portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, quien, en su turno de palabra, exhibió unas esposas y deseó ver al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con unas puestas. La ocurrencia desbordó la paciencia de Pastor que, finalizada la sesión, llamó al diputado independentista para convocarle a una reunión, la próxima semana, para apercibirle por su comportamiento.
No se espera, sin embargo, que se adopten medidas drásticas y, previsiblemente, la reunión quedará en un mero aviso al diputado para que acate la disciplina parlamentaria. Aunque, visto el historial de salidas de tono de Rufián, sí puede haber, según fuentes parlamentarias, una advertencia más rotunda y la amenaza de que, a la próxima, sí se adoptarán sanciones.
El Reglamento del Congreso de los Diputados lo permite, pero en la historia parlamentaria, los presidentes han sido reacios a castigar a sus señorías.
El artículo 16 del citado reglamento recoge la obligación de sus señorías de «adecuar su conducta al Reglamento y a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarias» y el capítulo octavo desarrolla las posibles sanciones en caso de incumplir ese deber. En la práctica, la interpretación queda abierta a consideración de la presidencia de la Cámara.
Así, se determina que un diputado podrá ser llamado al orden en varias situaciones: «cuando profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad», «cuando en sus discursos faltaren a lo establecido para la buena marcha de las deliberaciones», «cuando con interrupciones o de cualquier otra forma alteren el orden de las sesiones» o cuando «retirada la palabra a un orador, pretendiere continuar haciendo uso de ella». Supuestos que muchos diputados sobrepasan con creces en la misma sesión.
Tres llamadas al orden
En ese caso, «al diputado u orador que hubiere sido llamado al orden tres veces en una misma sesión, advertido la segunda vez de las consecuencias de una tercera llamada, le será retirada, en su caso, la palabra y el Presidente, sin debate, le podrá imponer la sanción de no asistir al resto de la sesión».
Si además «el Diputado sancionado no atendiere al requerimiento de abandonar el salón de sesiones, el Presidente adoptará las medidas que considere pertinentes para hacer efectiva la expulsión. En este caso, la Presidencia (…) podrá imponerle, además, la prohibición de asistir a la siguiente sesión». Nunca se ha contemplado tal escenario.
De hecho, la simple solución de expulsar a los diputados de un Pleno se ha aplicado en escasísimas ocasiones, por no decir, casi ninguna, y con muchas cautelas.
El caso más sonoro ocurrió en 2013, cuando el entonces presidente, Jesús Posada, sancionó a los tres representantes de ERC-Joan Tardá, Alfred Bosch y Teresa Jordà- tras hacer sus intervenciones íntegramente en catalán en protesta por la decisión judicial que obligaba a impartir la enseñanza en castellano si así lo solicitaba un alumno. Al tercer toque, Posada decidió expulsarles de la tribuna de oradores, aunque no del hemiciclo, pese a que así se lo hubiese permitido el Reglamento.
Y, desde entonces, habría que remontarse a 1989, cuando los tres diputados de HB tuvieron que abandonar el hemiciclo tras negarse a acatar, estrictamente, la fórmula reglamentaria- «sí, juro» o «sí, prometo»-para adquirir la condición de diputados. Los parlamentarios optaron por un «por imperativo legal, prometo», lo que no fue aceptado por el entonces presidente, Félix Pons.
Esa interpretación estricta de Pons choca con la ‘vista gorda’ que se ha hecho en los últimos juramentos, en los que se han utilizado muletillas de lo más variopinto. «Prometo acatar esta Constitución y trabajar para cambiarla» fue una de las fórmulas utilizadas por los diputados de Podemos al asumir su condición de diputados. Incluso, Iglesias recurrió a la lengua de signos para añadir «Un país con su gente», Errejón tuvo palabras en catalán-«per la fraternitat entre els pobles» y Rafael Mayoral soltó un «Viva España y vivan los trabajadores».
El «tendedero» de Podemos
Los diputados de Podemos son expertos en montar ‘shows’ en el Congreso. Tanto, que la propia Pastor llegó a abroncarles en una ocasión: «Esto no es un tendedero», en alusión a unas camisetas reivindicativas con motivo del Día Mundial del Agua que los parlamentarios colocaron en los escaños. . «Hay que tener respeto a la institución y a este hemiciclo», afeó la presidenta. En esa misma sesión, Iglesias había espetado a Rajoy el célebre «se la pela, se la bufa y se la suda».
Los podemitas ya habían recurrido a la misma forma de protesta en múltiples ocasiones, como para pedir la excarcelación de Andrés Bódalo, en prisión por agredir a un edil del PSOE. Igual que diputados de otras formaciones, como Compromís.
Aunque, sin duda, Rufián se lleva la palma. El pasado septiembre, por ejemplo, llegó a sacar una impresora en plena sesión para pedir al Gobierno español que dejase de «perseguir impresoras» para el referéndum ilegal.
Difícil equilibrio
En fuentes parlamentarias se admite la «prudencia» que debe regir la actuación de la presidencia, y el difícil equilibrio para mantener el decoro con firmeza y, al mismo tiempo, evitar que esa actuación pueda ser atacada por los afectados como un veto a la libertad de expresión.
El Reglamento contempla la posibilidad de que un diputado sea suspendido de forma temporal en esa condición en casos extremos: por inasistencia a los plenos, cuando portase armas dentro del recinto parlamentario, si, tras haber sido expulsado del hemiciclo se niega a abandonarlo o cuando usen su condición de parlamentarios para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional.
No obstante, se indica también, la presidencia puede determinar las sanciones que considere pertinentes, que serán aprobadas con consentimiento de la Mesa.