La factura eléctrica bajaría un 14% si el Gobierno reduce el IVA del 21 al 4%

El Gobierno lograría reducir un 14% la factura eléctrica de los hogares si decidiera aplicar un IVA superrreducido del 4%, que es aquel que corresponde a los productos de primera necesidad. En la actualidad el tipo que aplica Hacienda al consumo eléctrico es del 21%.

Según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el gasto promedio de los hogares españoles en electricidad es de 56,3 euros al mes, con impuestos indirectos incluidos. Esto supone que cada familia paga una media de 9,77 euros en concepto de IVA con un tipo del 21%. Si el Ejecutivo decidiera aplicar el tipo superreducido del 4%, la factura media sería de 48,39 euros, lo que supone una rebaja del 14% respecto a los 56,3 euros actuales.

Sin embargo, la necesidad de reducir la brecha fiscal de la economía española descarta que el Gobierno vaya a aprobar la citada rebaja fiscal, al menos por el momento. En lugar de ello el Ministerio de Energía ha decidido cuestionar la competencia en el sistema de formación de precios del mercado mayorista (pool) y ha anunciado que intervendrá en el mercado del gas para rebajar el precio de esta materia prima, que es la que se utiliza como fuente de energía en las centrales eléctricas de ciclo combinado.

Fuentes del sector energético han indicado a OKDIARIO que las propuestas lanzadas hasta el momento por el nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal, responden más a criterios políticos que a técnicos o económicos. El incremento del precio de la electricidad en el mercado mayorista, como consecuencia del aumento de la demanda por la ola de frío y el descenso de la oferta por la menor producción de fuentes renovables, ha provocado una alarma social que ha obligado a Nadal a anunciar medidas para reducir el precio, aunque no las ha detallado.

De hecho la primera decisión normativa del departamento ministerial puede volver a ser tumbada por el Tribunal Supremo. Las grandes compañías eléctricas españolas estudian volver a llevar al Gobierno a los tribunales tras la aprobación del Real Decreto Ley que establece el mecanismo de financiación del denominado bono social, mediante el cual las empresas están obligadas a rebajar un 25% la factura a los clientes que, según los criterios gubernamentales, presentan “grados de vulnerabilidad” que no les permiten hacer frente a los pagos como al resto de los usuarios.

El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado hasta en dos ocasiones contra esta obligación que impone el Estado al sector eléctrico. La última el pasado octubre, cuando declaró ilegal la tarifa subvencionada que se aplica a los consumidores con bajos ingresos, por ir en contra de la normativa comunitaria para el mercado interior de la electricidad.

El Alto Tribunal apunta que el coste de la rebaja a los colectivos más vulnerables se impone a las empresas eléctricas con carácter discriminatorio y que el Gobierno no ha justificado de forma adecuada los criterios en los que se basa esta subvención que sale de las arcas del sector privado por imperativo legal.

Más de la mitad de la factura son impuestos

Aunque desde el ámbito gubernamental se pretenda señalar al mercado mayorista como el responsable del incremento de la factura eléctrica, en realidad el componente fiscal y otros costes regulatorios tienen una incidencia en el precio final que supera el 50% del importe que abonan las familias.

El funcionamiento del pool (el citado mercado mayorista) es simple, aunque la mayoría de los españoles los desconozca. En resumen, para cada hora productores y consumidores presentan ofertas a través de sus representantes o agentes comercializadores y de esta subasta sale el precio. A esta cantidad hay que sumar los costes regulados (peajes) y los impuestos, que suponen más de la mitad del coste final que pagan las empresas y los hogares en sus facturas.

Entre estos costes regulados destacan los destinados a sufragar el transporte y la distribución de electricidad, las subvenciones a las fuentes renovables y a los generadores extrapeninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla), los pagos por capacidad (a centrales que garantizan la seguridad de suministro), y las subvenciones a la producción de carbón nacional. El Gobierno ha congelado para 2017 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados, pero no los ha bajado.

En cuanto a los impuestos, además, del IVA, está el Impuesto sobre la electricidad (un gravamen especial similar al existente sobre el tabaco o las bebidas alcohólicas) y una batería de tributos a la generación, tales como el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, el canon por utilización de aguas para la producción de energía eléctrica, los tributos aplicables a los procesos de  generación con energía nuclear, el impuesto al consumo de gas natural en centrales eléctricas, el impuesto especial sobre el consumo de carbón y los distintos tributos medioambientales establecidos por las comunidades autónomas.

El déficit de tarifa (brecha acumulada entre el coste real de la electricidad y lo que pagaban los consumidores antes de la reforma de 2012) lleva dos años reduciéndose, aunque la deuda vida todavía ronda los 30.000 millones de euros. Este déficit se produjo porque los costes reconocidos a las empresas por la producción eléctrica eran superiores a los ingresos que recibían por su venta. Si ahora el Gobierno decide intervenir en el mercado para reducir el precio se podría volver a engordar esta brecha, obligando al Gobierno a emitir más deuda o a subir los impuestos para financiarla.