Las eléctricas llevarán otra vez al Gobierno a los tribunales por el nuevo ‘bono social’

Las grandes compañías eléctricas españolas volverán a llevar al Gobierno a los tribunales tras la aprobación del Real Decreto Ley que establece el mecanismo de financiación del denominado ‘bono social’, mediante el cual las empresas están obligadas a rebajar un 25% la factura a los clientes que, según los criterios gubernamentales, presentan «grados de vulnerabilidad» que no les permiten hacer frente a los pagos como al resto de los usuarios.

El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado hasta en dos ocasiones contra esta obligación que impone el Estado al sector eléctrico. La última el pasado octubre, cuando declaró ilegal la tarifa subvencionada que se aplica a los consumidores con bajos ingresos, por ir en contra de la normativa comunitaria para el mercado interior de la electricidad.

El Supremo apunta que el coste de la rebaja a los colectivos más vulnerables se impone a las empresas eléctricas con carácter discriminatorio y que el Gobierno no ha justificado de forma adecuada los criterios en los que se basa esta subvención que sale de las arcas del sector privado por imperativo legal.

En dos sentencias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha declarado inaplicable el régimen de financiación del ‘bono social’ establecido en 2013 y los principales artículos de la reforma de 2014 que desarrollaban la citada ley, estimando los recursos interpuestos por EON España y Endesa. El Supremo indica también que las empresas tienen derecho a cobrar una indemnización por las cantidades pagadas hasta la fecha en el marco del citado ‘bono social’. Un importe que ronda los 500 millones de euros.

Según han confirmado a OKDIARIO fuentes del sector eléctrico, las empresas están dispuestas a continuar la batalla legal después de la última decisión del Gobierno. La clave está en el carácter coactivo de esta ayuda a las familias con menos recursos, ya que todas las grandes eléctricas españolas “están dispuestas a destinar una parte de sus beneficios a subvencionar parte del coste del suministro”, pero siempre que sea acordado con el Ejecutivo y no impuesto mediante la vía legislativa.

En las reuniones que han mantenido representantes de Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola con responsables gubernamentales han puesto sobre la mesa esta voluntad de colaboración, “aunque el Ejecutivo ha decidido finalmente tomar el camino fácil de aprobar un Real Decreto Ley que ha servido al nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para adoptar una medida electoralista que no asume que la obligación de la asistencia a los más desfavorecidos es principalmente de los poderes públicos, que son los que administran los impuestos que pagan las empresas y los hogares”, indican las fuentes consultadas.

¿Impuestos o imponer a las empresas?

“La vía normal para financiar el ‘bono social’ sería aumentar la fiscalidad de la energía para que los contribuyentes costeen la rebaja de la factura de algunos colectivos, pero en lugar de ello se decide penalizar a las compañías comercializadoras de electricidad y, con ello, a sus empleados, clientes y accionistas”, explican fuentes de una de las grandes eléctricas cuyo equipo jurídico está evaluando recurrir el nuevo Real Decreto Ley en los tribunales.

La decisión final de llevar otra vez al Gobierno ante la Audiencia Nacional por esta norma, mediante el correspondiente recurso contencioso-administrativo (primer paso antes de que el recurso acabe en el Supremo) se producirá una vez que el Ejecutivo apruebe el Reglamento del Real Decreto Ley, en el que se especificará la letra pequeña de la nueva normativa. Será entonces cuando los principales agentes del sector adopten una decisión conjunta, aunque es posible que alguna de las grandes compañías decida no recurrir por el coste de imagen que tiene este tipo de iniciativas.

“Estamos en una disyuntiva, ya que si no recurrimos abrimos la puerta al Gobierno a futuras revisiones de la ley que nos perjudiquen a nosotros y, por ende, a nuestros accionistas; mientras que si recurrimos se puede trasladar a la sociedad el mensaje de que no tenemos sensibilidad ante los problemas de las familias sin recursos”, señalan a OKDIARIO desde otra de las grandes eléctricas del Ibex.

Bono social: descuento del 25%

El nuevo Real Decreto-Ley 7/2016 que pretenden recurrir las empresas establece un descuento del 25% de la tarifa regulada que se aplica a los consumidores con una potencia contratada inferior a los 3 kilovatios (Kw), así como a los que cobran pensiones mínimas, las hogares con todos los miembros en paro y las familias numerosas. El coste anual ronda los 200 millones de euros.

La novedad es que con la nueva ley el coste será soportado por todas las empresas comercializadoras de electricidad, en lugar de las compañías con actividad de generación, distribución y comercialización, que son quienes financiaban el ‘bono social’ antes de la reforma legislativa. Antes financiaban el sistema 23 compañías y ahora pasa a costarse por casi 280. Además, el nuevo sistema de distribución  establece que el criterio para determinar cuánto paga cada empresa para el ‘bono social’ será el volumen de clientes, que será revisado cada cuatro años.