SEGÚN SEOPAN

La inversión en vivienda pública se desploma un 25% pese al «escudo social» que vende Sánchez

Las administraciones públicas destinaron 671,5 millones a la construcción de vivienda

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Construcción de vivienda
Nayara Mateo
  • Nayara Mateo
  • Redactora de economía, especializada en el sector inmobiliario, turismo, consumo y distribución. Antes en Expansión, Efe y Brainsre.news.

La inversión en vivienda pública se desplomó casi un 25% entre enero y noviembre de 2023 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Todo ello, a pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado en numerosas ocasiones que la vivienda pública es uno de los ejes principales de su política y ha prometido habilitar 183.000 pisos para alquiler social. En concreto, las distintas administraciones públicas destinaron 671,5 millones de euros a la construcción de viviendas, lo que supone sólo el 2,7% del total de obra pública licitada.

Según los datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), el principal motivo de esta caída es el hundimiento que ha registrado la inversión en obra nueva: un descenso del 37,9% respecto al periodo comprendido entre enero y noviembre de 2022. En total, las administraciones públicas gastaron 392,2 millones de euros en vivienda de obra nueva, frente a los 631,5 millones que dedicaron en los once primeros meses de 2022.

Por el contrario, la inversión en rehabilitación y mantenimiento aumentó un 6,8% en tasa interanual, hasta 279,27 millones. Según la estadística de Seopan, sólo en el mes de noviembre, la inversión en vivienda pública se situó en 27,6 millones de euros, la cifra más baja de 2023 -a falta de conocer los datos de diciembre-, mientras que en noviembre de 2022 el importe invertido alcanzó 115,1 millones.

Sánchez promete 183.000 viviendas

Estos datos contrastan con la política en vivienda que pregona Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha prometido en diversas ocasiones que va a habilitar hasta 183.000 viviendas públicas para destinarlas a alquiler social, pero hasta ahora no ha entregado ni una sola llave.

El pasado 15 de noviembre, Sánchez prometió durante su discurso en el debate de investidura que va a habilitar 183.000 viviendas públicas, algo que ya prometió en abril. No obstante, el sector constructor y promotor considera que es «imposible e inviable» ejecutar su plan de vivienda pública. Entre los problemas que ve el sector para cumplir esta promesa destacan los siguientes: la falta de mano de obra y los plazos en los que se pretenden desarrollar son demasiado cortos, entre otros.

Fuentes del sector explican a OKDIARIO que aunque ven positivo que el problema de la vivienda asequible se ponga en primer plano, «hay que ser realista y no engañar a los ciudadanos». Las constructoras aclaran que para desarrollar las 183.000 viviendas que promete Sánchez, sería necesario incorporar a más de 900.000 trabajadores. Y para ello, «habría que activar un plan de choque urgente para formar a nuevos trabajadores o no se va a poder ejecutar», insisten las citadas fuentes.

Asimismo, el sector considera que los plazos son imposibles de cumplir. En concreto, piden más flexibilidad y señalan que no es viable porque hay que hacer análisis de los suelos y las viviendas, hacer los pliegos, las licitaciones, ejecutar el trabajo y entregar las viviendas. «Los plazos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se quedan cortos, porque exigen tener todo comprometido antes de que acabe 2024 y ejecutado en 2026», concretan.

Pero, ¿de dónde pretende sacar Sánchez tantas viviendas? El primer anuncio del presidente en 2023 fue la movilización de 50.000 unidades de la Sareb. De éstas, unas 21.000 se pondrán a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos para que puedan comprarlas. Otras 15.000 viviendas aún no están construidas, y las 14.000 restantes ya están habitadas.

Poco después, prometió «financiar la promoción de 43.000 nuevas viviendas dedicadas al alquiler a precios asequibles», tanto de nueva construcción como de rehabilitación. Éstas se financiarán con una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 4.000 millones. De igual manera, se comprometió a promover a través de SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo) 20.000 pisos más para alquiler social y asequible en suelos del Ministerio de Defensa.

A esto se suma que SEPES cuenta con un presupuesto de 375 millones de euros con el que se prevé la construcción de otras casi 16.000 viviendas, según el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

El resto de viviendas son más de 14.000 pisos que construirá en coordinación con ayuntamientos y comunidades autónomas, otras 20.000 unidades que desarrollará a través de los fondos europeos, unas 11.000 viviendas más a través del Fondo Social y cerca de 10.000 pisos que se pondrán en marcha por acuerdos del Estado con las autonomías y los ayuntamientos, pero que están fuera de los planes estatales.

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