El PP exige explicaciones al PSOE por los «enchufes masivos» de la Generalitat con Ximo Puig

Sólo 24 horas después de que el presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón revelase que el gobierno de su antecesor el socialista Ximo Puig gastó 713 millones de euros en cuatro años en 253.122 contratos «a dedo», el Grupo Popular en las Cortes Valencianas ha reclamado a los socialistas explicaciones por lo que el portavoz de los populares en esa Cámara Miguel Barrachina ha calificado de «descontrol y enchufes masivos del Botànic». Término, este último, con el que se conoce en la Comunidad Valenciana a los gobiernos de Ximo Puig por el lugar en que firmaron sus pactos de gobernabilidad.

La situación es de tal calibre que el propio Carlos Mazón en el transcurso de una amplia exposición acerca de la situación con que el nuevo Ejecutivo valenciano se ha encontrado afirmó este martes que «estamos ante un pozo sin fondo de la contratación a dedo». Y explicó, también que, sólo en el año 2021, la Generalitat realizó más de 4.000 contrataciones de personal que «no estaban autorizadas por la Dirección General de Presupuestos».

Además, explicó que la empresa pública que se encargaba de gestionar los servicios de emergencias, la conocida como SGISE, responsabilidad en aquel entonces de la que era consejera de Justicia Gabriela Bravo «trató de colar 1.800 nuevos empleos públicos» en puertas de las elecciones autonómicas y municipales de este 28 de mayo de 2023.

El PP señala al PSOE: «Dejaron el mayor déficit de España»

El asunto se ha convertido en un auténtico escándalo en la Comunidad Valenciana. Y no hay foro en que no se hable de él. También, en las Cortes Valencianas, donde este miércoles, Miguel Barrachina ha manifestado al respecto que los socialistas «ya no se pueden esconder por más tiempo».

Miguel Barrachina ha efectuado esa afirmación tras conocerse, precisamente, que en un solo año «se contrató a 4.000 personas sin autorización de la dirección general de presupuestos y cuando 50 de los 54 entes públicos han cometido irregularidades en su contratación». Para concluir con una frase que con anterioridad había pronunciado Carlos Mazón este martes con motivo de su comparecencia pública para explicar lo que se había encontrado en la Generalitat: «Es el momento de que los valencianos sepan la verdad».

Pero, además, el síndico popular en el parlamento valenciano Miguel Barrachina ha ido un paso más allá en referencia al Gobierno tripartito (PSOE, Compromís y Podemos), que precedió al actual: «Dejaron a la Comunidad Valenciana con el mayor déficit de España, con la deuda pública en máximos históricos y ahora hemos empezado a saber por qué».

En ese mismo sentido, Miguel Barrachina ha manifestado también que: «Ahora, tenemos la confirmación de que el sector público del Gobierno del PSPV, Compromís y Podemos se dedicó a gastar sin control en aspectos de dudosa legalidad, con duplicidades y gastos en organismos públicos que no han repercutido en el interés general de los ciudadanos, sino en el particular de unos pocos».

Ya en referencia directa al PSPV, la marca valenciana del PSOE, Miguel Barrachina ha destacado que «estamos ante un tema muy grave. No basta con mirar hacia otro lado, insultar o poner excusas vagas».

Y ha explicado también que en el PSOE, el partido al que pertenece, precisamente, el entonces presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig: «Deberían explicar a qué se debe tanta falta de rigor y control en el manejo de los recursos públicos, con facturas en los cajones, procedimientos de contratación irregulares, duplicidades en el gasto, retribuciones a directivos y trabajadores colocados a dedo al margen de la ley o pagos a terceras personas sin control ni autorización».

Auditoría y supresión de seis empresas instrumentales

El Gobierno valenciano no se va a quedar en la simple denuncia de este caso. Muy al contrario, ya ha tomado dos decisiones de calado. La primera, la de realizar una auditoría que arrancará en este primer trimestre de 2024 y concluirá a finales de año, con dos informes intermedios y uno final cuando esté concluida. El objetivo del Ejecutivo de Carlos Mazón con esta iniciativa es que se pongan de manifiesto las duplicidades, ineficiencias y cambio de rumbo del conjunto de las entidades.

La otra medida de calado es el inicio inminente del procedimiento que desembocará en la supresión de seis empresas instrumentales de la Generalitat Valenciana de tiempos de los Gobiernos de Ximo Puig. El motivo de esa supresión, para la que se va a elaborar un proyecto de ley, es que sus funciones se solapan con las de varias direcciones generales. Por tanto, generan una de esas duplicidades de las que hablaba Mazón.

El personal funcionarial que esté adscrito a esas empresas públicas instrumentales a suprimir, si lo hay, será destinado a otras áreas de la Generalitat sin incremento presupuestario alguno. Y los cargos directivos que puedan haber, si es que queda alguno, darán por concluida su etapa en la Administración.

La reforma de las entidades públicas instrumentales es la parte que quedaba pendiente en lo que se ha conocido como reducción de grasa en la Administración. Un compromiso que Carlos Mazón ya adquirió antes de entrar a gobernar la Generalitat Valenciana.