El saqueo fiscal silencioso: IVA, IBI y sucesiones cuestan 130 días de trabajo al año a las familias
Sólo en IVA, el contribuyente medio paga más de 2.800 euros al año
Los españoles consumen menos por la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años


Los contribuyentes en España soportan una carga fiscal que golpea con dureza su renta disponible, y que va más allá de los impuestos del trabajo: IVA, IBI e impuesto de sucesiones. Un trabajador medio destina casi 130 días al año a cubrir impuestos indirectos, tasas locales y gravámenes patrimoniales, según un informe publicado por la Fundación Civismo. Una suerte de saqueo silencioso del sistema tributario, que pasa por peso conjunto del IVA, el IBI, sucesiones, transmisiones patrimoniales y tasas municipales que, juntos, vacían el bolsillo de los ciudadanos.
Solo en concepto de IVA, el impuesto al consumo más regresivo, el contribuyente medio paga 2.824 euros al año. Esto equivale a 47 días de trabajo únicamente para costear el sobreprecio que Hacienda impone a cada compra, ya sea en vivienda, alimentación, transporte u ocio. A ello se añaden otros 80 días de esfuerzo fiscal derivados de tributos que pesan sobre la propiedad, la movilidad y la herencia. En total, el trabajador dedica más de cuatro meses de su vida laboral anual a sufragar impuestos invisibles que no aparecen en la nómina, pero que erosionan su poder adquisitivo.
El IVA castiga igual a ricos y pobres
El análisis de la cesta de consumo representativa en 2025 revela el alcance de este impuesto. La vivienda, el agua, la electricidad y el gas suponen 711 euros anuales en IVA, de media, mientras que la alimentación y bebidas no alcohólicas suman 347 euros más. El transporte, hostelería, cultura y la ropa completan una factura total de 2.824 euros en impuestos al consumo.
Traducido en términos laborales, el trabajador necesita casi 47 días de sueldo solo para pagar el IVA, un tributo que no discrimina según la renta. Esta característica lo convierte en un impuesto regresivo, que castiga de manera desproporcionada a las clases bajas y medias, ya que destinan la mayor parte de su ingreso al gasto directo.
La Fundación Civismo alerta de que la aparente estabilidad del IVA es engañosa. Aunque la proporción del ingreso destinada a este impuesto se ha reducido levemente respecto a 2024, ello no se debe a un alivio fiscal, sino a que los ciudadanos consumen menos por la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años. En otras palabras, Hacienda no recauda menos porque baje la presión, sino porque las familias han tenido que ajustar a la baja su nivel de consumo.
IBI, circulación y sucesiones
El verdadero golpe llega cuando se suman los impuestos indirectos y locales. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) supone de media 650 euros anuales por hogar. A ello se añade el impuesto de circulación (unos 150 euros al año), las tasas municipales de residuos, licencias o aparcamientos (200 euros) y los impuestos especiales sobre carburantes, tabaco y alcohol, que elevan la factura en otros 900 euros anuales.
La lista continúa con gravámenes puntuales pero caros, cuando toca pagarlos. Es el caso del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD), que encarece en 16.000 euros la compra de una vivienda media (unos 800 anuales, si se dividen). Y, sobre todo, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que obliga a pagar unos 20.800 euros de media en el ciclo vital, lo que equivale a más de 2.000 euros anuales.
En conjunto, esta “segunda capa fiscal” representa 4.850 euros adicionales por contribuyente medio cada año, lo que se traduce en más de 80 días de trabajo destinados exclusivamente a financiar impuestos silenciosos que rara vez se asocian con el esfuerzo laboral. Sumados al IVA, la factura asciende a casi 130 días, un tercio del calendario laboral anual.
Este entramado fiscal, advierte Civismo, es uno de los más insidiosos del sistema español. Se caracteriza por su carácter no progresivo, su dispersión normativa y su escasa visibilidad en el debate político. Bajo su aparente neutralidad, configura una red impositiva estructural que penaliza el ahorro, la inversión, la propiedad y la movilidad.