El Gobierno del socialista Ximo Puig gastó 713 millones en 253.122 contratos ‘a dedo’ en 4 años

El Gobierno valenciano que presidía el socialista Ximo Puig adjudicó de manera directa y, por tanto, a dedo un total de 253.122 contratos por un importe total de 713 millones de euros en los últimos cuatro años: los que van de 2019 a 2023. Así lo ha denunciado este martes el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón. De ellos, 159 millones de euros fueron destinados a los denominados contratos menores, mientras que los otros 554 millones se dedicaron a abonar gastos adquiridos sin tramitar expediente de contratación.

Es lo que explica la crítica situación del conjunto de empresas, entidades y organismos, certificada por informes técnicos del nuevo Gobierno valenciano, según ha denunciado Mazón en una comparecencia en la que se ha referido expresamente a esta cuestión.

«Facturas en los cajones, contratos a dedo, personal no autorizado, gastos sin control, transferencias bancarias sin titular y el mayor número de empresas y entidades de nuestra historia», ha sintetizado Mazón, que ha afirmado, además que todos los informes técnicos de la Sindicatura de Cuentas y de la Intervención General de la Generalitat «ponen de manifiesto la situación de ineficacia, gasto desmesurado, deuda, malgasto y descontrol».

Según ha explicado el presidente de la Generalitat, los informes antes referidos dicen, fundamentalmente, que el sector público que ha dejado el Gobierno de PSOE, Compromís y Podemos «se dedicó a gastar sin control en aspectos de dudosa legalidad». Aspectos que el nuevo Ejecutivo valenciano va a investigar.

En concreto, Mazón ha trasladado que lo que ponen de manifiesto esos informes es la existencia de procedimientos de contratación irregulares, la falta de rigor y control en el manejo de los recursos públicos, duplicidades en el gasto, retribuciones a directivos y trabajadores «colocados a dedo al margen de la ley» y «pagos a terceras personas sin control ni autorización».

Un «pozo sin fondo de la contratación a dedo»

Según ha manifestado Mazón, en referencia a ejemplos «que son fruto del análisis de expertos independientes y profesionales», en materia de contratación, sólo 4 de las 54 entidades que conforman el sector público instrumental valenciano han recibido una valoración positiva por parte de los auditores y de la propia Intervención de la Generalitat. «Por tanto, el 92% del sector público no realiza los procedimientos de contratación pública conforme marca la ley».

Según los datos de la Intervención de la Generalitat revelados este martes por Mazón, en los últimos cuatro años, como se ha dicho, el conjunto del sector público valenciano adjudicó de manera directa y, por tanto, a dedo, 253.122 contratos por 713 millones de euros.

De ellos, 159 millones de euros se destinaron a contratos menores y, en el caso de los adquiridos sin tramitar expedientes de contratación, la cifra se dispara a los 554 millones de euros.

«Estamos ante un pozo sin fondo de la contratación a dedo», ha explicado Mazón: «Una barra libre que abrió el Botánic», la denominación que recibe el anterior Gobierno valenciano y que hace mención al lugar en que se rubricó el pacto de gobernabilidad.

Una «barra libre», mediante la cual, la Administración valenciana «se sirvió para saltarse la mayor parte de las recomendaciones», que sobre la gestión y tramitación de los contratos menores y gastos sin expediente ni crédito presupuestario realiza la Sindicatura de Cuentas y organismos oficiales como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, según ha manifestado Carlos Mazón.

Más de 4.000 contrataciones

En materia de personal, la Intervención de la Generalitat, según ha explicado también Mazón, ha certificado que sólo en el ejercicio de 2021 se han producido más de 4.000 contrataciones de personal «que no estaban autorizadas por la Dirección General de Presupuestos».

El modus operandi, ha dicho Mazón, «era de tal envergadura que, por ejemplo, la empresa pública encargada de la gestión de los servicios de emergencias (SGISE)», responsabilidad entonces de la Consejería de Justicia que dirigía Gabriela Bravo, «trató de colar 1.800 nuevos empleos públicos en puertas del 28-M». Esto es, en vísperas de las últimas elecciones autonómicas. Una maniobra que «quedó en grado de tentativa».

En cifras porcentuales, según el análisis que ha trasladado Mazón, la plantilla del sector público se incrementó en un 35% durante el Gobierno del Botánic. El gasto de personal de las empresas de ese sector público valenciano se disparó hasta un 47%, lo que significa que el coste en nóminas se incrementó de los 400 millones de euros en 2015, el año en que se inició la primera legislatura de Gobierno de Ximo Puig, a prácticamente 600 millones en el último año de gestión íntegra del Gobierno tripartito (PSOE, Compromís y Podemos) que el propio Ximo Puig presidía.

En el ámbito de la tesorería, Mazón ha explicado que el descontrol es «evidente». En concreto, que en 22 de las 48 entidades se ha detectado riesgo alto en controles de pago, con «pagos sin autorización de la persona correspondiente o pagos a cuentas bancarias no identificadas debidamente».