El coste del sector público valenciano casi se ha duplicado desde que Ximo Puig es presidente

El coste del sector público valenciano casi se ha duplicado desde que el socialista Ximo Puig alcanzase la presidencia de la Generalitat Valenciana en 2015. Entonces, ese coste ascendía a poco más de 2.000 millones de euros -2.038- mientras que en 2022 es de 3.714 millones de euros. Un incremento de 1.676 millones, lo que supone una media de incremento anual de 239,4 millones de euros.

Desde 2015, el Gobierno valenciano que preside Ximo Puig ha creado 4 organismos autónomos: la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, el Instituto Valenciano de Estadística, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a la Emergencia y la Agencia Tributaria Valenciana.

A ello, se suman 6 entidades: la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, la Agencia Valenciana de la Innovación, el Instituto Valenciano de la Conservación, Restauración e Investigación, Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones y Certificación SAU, Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana y la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias.

También, hay una fundación: la de Investigación de la Excelencia de la Comunidad Valenciana. Un consorcio: el Consejo de la Huerta de Valencia y, finalmente, otras 2 entidades: la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Agencia del Cambio Climático.

Esas 14 entidades tienen un coste para los valencianos de 443 millones de euros, de los que aproximadamente la mitad se dedican a gastos de personal y funcionamiento de esas entidades, según sostuvo el portavoz del Transparencia del PP en las Cortes Valencianas el alcoyano Fernando Pastor, quien denunció en su día la existencia de duplicidades y de organismos «que no sabemos a qué se dedican».

En septiembre del pasado año -2021- el presidente del PP Comunidad Valenciana el alicantino Carlos Mazón, ya abogó por reducir grasa y gasto político en la Administración valenciana y crear en su lugar una Administración ágil y efectiva, según dijo entonces.

Ahora, Mazón ha calculado que hay más de 1.000 millones de euros en la Generalitat Valenciana «inservibles» entre «duplicidades, chiringuitos y un exceso de administración» y se ha comprometido a destinar esa cantidad, si gobierna, al refuerzo de los servicios sociales.