El Gobierno de Ximo Puig trató de ‘colar’ 1.800 nuevos empleos públicos a las puertas del 28M

El Gobierno del socialista Ximo Puig trató de colar un total de 1.800 nuevos empleos públicos a las puertas de las últimas elecciones autonómicas, las del pasado 28 de mayo a través de la empresa pública encargada de la gestión de los servicios de Emergencias, la conocida como SGISE, que se encontraba bajo la responsabilidad de la entonces consejera de Justicia Gabriela Bravo.

Así, lo ha revelado, este martes el actual presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón. Se da la circunstancia de que sólo en 2021, como también ha revelado Carlos Mazón este martes, se produjeron más de 4.000 contrataciones de personal que no estaban autorizadas por la Dirección General de Presupuestos.

El monumental escándalo de los 713 millones de euros gastados por el Gobierno del socialista Ximo Puig en cuatro años en 253.122 contratos a dedo, revelado este martes también por Carlos Mazón, no es una cuestión aislada.

Hasta el punto de que también este martes Carlos Mazón ha manifestado que estamos «ante un pozo sin fondo de la contratación a dedo», en referencia también a las citadas 4.000 contrataciones sin autorización de la Dirección General de Presupuestos.

Pero, sin duda, lo que más ha llamado la atención es la mención que el presidente de la Generalitat Valenciana ha hecho a otra cuestión también relacionada con los empleos públicos.

Los casi 1.800 empleos públicos para la SGISE

Carlos Mazón ha explicado que lo que él mismo ha denominado como «el modus operandi» era «de tal envergadura que, por ejemplo, la empresa pública encargada de la gestión de los servicios de emergencias, la SGISE, controlada por el PSPV», la marca valenciana del PSOE, «trató de colar 1.800 empleos públicos en puertas del 28M». Mazón ha agregado que «excepcional y afortunadamente» lo que también ha denominado como «esta última operación» quedó «en grado de tentativa».

Lo que el presidente valenciano denomina como «en puertas del 28M» son las fechas previas a las elecciones municipales y autonómicas de la pasada primavera. Unos comicios en los que los socialistas perdieron la totalidad de su poder territorial en la Comunidad Valenciana frente al PP de Carlos Mazón.

Se da la circunstancia de que la consejera que dentro del Gobierno de Ximo Puig dirigía el ámbito de las Emergencias era Gabriela Bravo. A día de hoy, Gabriela Bravo es la única representante socialista en la Mesa de las Cortes Valencianas, a pesar de que ella no está afiliada al PSOE.

Gabriela Bravo es, también, la única persona de cuantas conformaban el ámbito de dirección del PSOE en el parlamento autonómico a inicios de la presente legislatura, con Ximo Puig al frente, que aún continúa.

Ximo Puig, que era presidente de ese grupo parlamentario dejó su acta en diciembre. En principio, para centrarse en su labor como senador territorial y preparar su propio revelo al frente del PSOE valenciano. Los dos portavoces titulares del grupo socialista, Rebeca Torró y Arcadi España, también se han marchado. En su caso, para ocupar sedas secretarías de Estado en el Gobierno de Pedro Sánchez.

La plantilla del sector público se incrementó un 35% con Puig

A pesar de no haber conseguido colar esos 1.800 nuevos empleos públicos, la plantilla del sector público de la Generalitat Valenciana se incrementó bajo la presidencia de Ximo Puig en un 35%. Es lo que Mazón ha denominado este martes cómo la era del Botànic. Nombre este último que hace referencia al lugar donde el gobierno valenciano de coalición de PSOE, Compromís y Podemos rubricó su acuerdo de gobernabilidad.

Ese incremento del 35% de personal respecto a la etapa anterior ha generado un gasto en personal de las empresas del sector público valenciano que se ha disparado en un 47%.

Nóminas: 200 millones más en 2022 que en 2015

Así, el coste de las nóminas pasó de los 400 millones de euros en 2015 a prácticamente 600 millones en el último año de gestión íntegra del Gobierno tripartito, según ha explicado también Carlos Mazón. Por tanto, un incremento de 200 millones.

Ese último año de gestión íntegra no es 2023, sino el ejercicio anterior, el de 2022, ya que en 2023 el Gobierno de Ximo Puig tuvo que ceder las riendas al de Carlos Mazón después de varias semanas tras las elecciones de aquel 28 de mayo.

La auditoría

Ahora, el nuevo Ejecutivo valenciano ha puesto en marcha una auditoría, precisamente para conocer a fondo la situación de las cuentas así como todo lo sucedido en esos ocho años, los que van de 2015 a 2023 en los que el socialista Ximo Puig presidió la Generalitat Valenciana.

En octubre de 2023, la deuda viva de la Generalitat Valenciana se elevaba a 57.246 millones de euros tras los ocho años de Gobierno de la izquierda. Esa cantidad supone un 42% más de la deuda de la Generalitat cuando Ximo Puig alcanzó la presidencia de la Generalitat en 2015.

A esa situación se suman ahora los datos que este martes ha revelado Carlos Mazón y que están pendientes de la auditoría anteriormente señalada, que contendrá dos informes parciales y un informe final, que debe arrojar luz y taquígrafos sobre la gestión del socialista Ximo Puig y sus gobiernos a lo largo de ocho años.