Las empresas de la Generalitat hicieron 6.398 contratos en 2021 pese a tener autorizados sólo 2.081

Las entidades del sector público instrumental de la Generalitat Valenciana efectuaron en un solo año, el de 2021, y bajo el Gobierno del socialista Ximo Puig, 6.398 altas de personal laboral temporal. Y ello, a pesar de que las autorizaciones realizadas desde la Dirección General de Presupuestos se reducían a 2.081.

Es decir, que un total de 4.208 contrataciones de las efectuadas en ese ejercicio bajo el Gobierno de Ximo Puig y con carácter temporal en ese sector público instrumental de la Generalitat Valenciana se hicieron al margen de la autorización preceptiva de la Dirección General de Presupuestos.

Todo ello, según consta en el contenido del dictamen ejecutivo oficial de Intervención de la propia Generalitat Valenciana de ese mismo ejercicio 2021 al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Esas 6.398 contrataciones suponen, en cifras absolutas, el equivalente, para quienes conozcan Alicante, de algo menos de los habitantes que conforman el barrio de Ciudad de Asís. O, también, los Poblados del Norte en Valencia. Pero en este caso, el número no se refiere a una cantidad de habitantes, sino a los contratados temporalmente por empresas del sector instrumental de la Generalitat Valenciana.

La diferencia entre las contrataciones de personal temporal realizadas y las contaban con autorización es crucial para comprender el origen de todo el procedimiento de investigación interna, con la puesta en marcha de una auditoría, que ha iniciado Generalitat Valenciana a raíz del monumental escándalo destapado este martes por el actual presidente de la Generalitat Carlos Mazón, quien ha revelado, entre otras cuestiones, que el Gobierno de su predecesor, el socialista Ximo Puig, gastó en sólo cuatro años un total de 713 millones de euros en 253.122 contratos a dedo.

Y es también crucial para entender a qué se refería exactamente el propio presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón al afirmar este martes que «estamos ante un pozo sin fondo de la contratación a dedo». Mazón ha señalado, además, que sólo en 2021 se habían producido más de 4.000 contrataciones no autorizadas. En concreto, fueron 4.208.

Aviso del dictamen ejecutivo de la Generalitat

La respuesta está en apartado cuarto del punto tercero de dictamen ejecutivo del Informe General del Artículo 96.2 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero. Plan Anual de Auditorías del Sector Público 2022 (Ejercicio 2021) de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, al que ha tenido acceso OKDIARIO.

En ese punto, la Intervención de la Generalitat explica que, respecto a las autorizaciones para la contratación de personal laboral temporal, reguladas en la Disposición Adicional (DA) 20ª de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio de 2021, «se ha constatado que durante el ejercicio de 2021 las entidades del sector público instrumental de la Generalitat han realizado 6.398 altas de personal laboral temporal (según los datos certificados por los máximos responsables de las entidades) mientras que las autorizaciones realizadas por la Dirección General de Presupuestos han sido 2.081 (según certificación de la Dirección General de Presupuestos)».

A raíz de ello, el informe de Intervención afirma, a continuación que: «Existen, por tanto, en el ejercicio de 2021, más de 4.000 contrataciones de personal laboral temporal que no han contado con la preceptiva autorización de la Dirección General de Presupuestos».

El sector público instrumental de la Generalitat Valenciana es el que comprende las entidades que crea la Administración Pública para el desempeño de las funciones de su competencia.

Sin herramientas de control del personal

En el citado informe de Intervención se advierte, además, que «no existen herramientas informáticas adecuadas que permitan mantener un registro de personal unificado en todas las entidades, de manera que se facilite el control y seguimiento de las magnitudes más importantes relativas al personal».

Se da la circunstancia de que este martes, el propio Carlos Mazón ha anunciado la puesta en marcha del procedimiento para la supresión de seis de las entidades que formaban parte del sector público instrumental valenciano bajo el Gobierno del socialista Ximo Puig al considerar que sus funciones ya vienen siendo desempeñadas por una dirección general.

Esas empresas son la Agencia Valenciana de la Energía, la Agencia para Digitalización y la Ciberseguridad, la Agencia Valenciana de Información y Control Alimentarios, la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular, la Agencia Valenciana del Cambio Climático y la Escuela Valenciana de Administraciones Públicas.

Además, Carlos Mazón ha anunciado, también, este martes, la puesta en marcha de una auditoría de todo el sector público valenciano que se prolongará prácticamente durante todo este año 2024. Su objetivo será el de poner de manifiesto todas las duplicidades, ineficiencias y el rumbo conjunto de las mencionadas entidades.

Se compondrá de dos informes intermedios y un informe final. En los dos primeros se irá detallando el trabajo que vaya realizando esa auditoría. Y en el último se establecerán las conclusiones de la misma. El objetivo del Gobierno valenciano es conocer lo que va descubriendo esa auditoría por si se hace necesario adoptar algún tipo de medidas especialmente urgentes en torno a lo que va apareciendo.