El Gobierno de Ximo Puig acumuló un déficit de 4.886 millones entre enero de 2022 y mayo de este año

El Gobierno del socialista Ximo Puig acumuló un déficit de 4.886 millones de € entre 2022 y mayo de 2023. Así, se desprende de los datos de la cuenta general de la Generalitat Valenciana de 2022, que arroja un déficit en ese año de 3.847 millones de €, y de los datos ofrecidos por el Ministerio de Hacienda, que arrojan un déficit de 1.039 millones de € hasta mayo de 2023. No obstante, el Ejecutivo de Puig aún continuó en funciones hasta mediados de julio.

La gravísima situación económica en que el nuevo Gobierno del popular Carlos Mazón ha encontrado la Generalitat toma tintes aún más oscuros a medida que se van conociendo nuevos datos. El último, es el del déficit de la Generalitat Valenciana de 1.039 millones de € en mayo, lo que supone el 0,79% del Productor Interior Bruto (PIB). Es peor en 35 décimas que la media nacional en el mismo periodo (0,44% del PIB) y sólo es inferior al de Baleares (1,52%) y Murcia (0,98%).

Estos datos ahondan más en la delicada situación de un territorio que cierra ocho años de gobierno socialista con una deuda acumulada de 55.400 millones de €, sólo superada por Cataluña, según ha confirmado Mazón este lunes en Alicante. La deuda por habitante que deja el Gobierno de Puig es de 12.218 €.

La situación es crítica. Hasta el punto de que este lunes, el nuevo presidente de la Generalitat el popular Carlos Mazón ha desvelado que a día de hoy sólo el Tesoro Público presta dinero a la Generalitat. Lo que supone que ninguna otra entidad u organismo quiere hacerlo.

El nuevo presidente de la Generalitat ya ha puesto en marcha medidas. Todas encaminadas a la reactivación económica. En ningún escenario se plantean recortes, porque la fórmula es la de impulsar el crecimiento económico y el empleo.

Desde las elecciones autonómicas del 28 de mayo, Mazón había venido incidiendo en recordar al Ejecutivo de Ximo Puig que se encontraba en funciones. Pero, pese a ello, el gobierno saliente aprobó, por ejemplo, un macro contrato de 62,7 millones de € en julio. También, concedió subvenciones, como los 511.000 € para desenterrar fosas de la Guerra Civil a días del 23J u 8 millones a municipios, entre otras.

También, según ha publicado OKDIARIO, garantizó plaza fija a 12.725 interinos sin examen alguno, mediante procesos «extraordinarios de estabilización», activados, precisamente, en vísperas de las elecciones autonómicas de mayo. En julio, Puig retiró 4,3 millones de € en ayudas a la industria intensiva en consumo energético para darlos a Justicia.

Frente a esta situación, el Ejecutivo de Carlos Mazón ha iniciado una política de reactivación económica que se fundamenta hasta la fecha en tres pilares. Uno, reducción del gasto en políticos, eventuales y asesores mediante una reducción drástica de su número. Otro, reforma del sector público instrumental y el tercero, bajada de impuestos.

En esta última iniciativa, los primeros han sido el impuesto de sucesiones, conocido como impuesto a la muerte, y el de donaciones. La tramitación para acabar con ellos ya está en marcha. 

Pero, también hay otras, como la reforma de la ley de Ordenación del Territorio, conocida como la LOPUT, para reducir el tiempo de concesión de una licencia urbanística de dos años a dos meses. Otra herramienta para reactivar la economía y el empleo.