El sistema electoral de Cataluña premia a ERC y JxCAT: reparte 16 escaños de más en sus feudos

Cataluña no es “un sol poble” (un solo pueblo) como pretende el independentismo. Existen los catalanes que quieren romper con España y los que pretenden seguir perteneciendo a ella bajo su régimen constitucional. Sin embargo, el sistema electoral permite a los primeros jugar con ventaja respecto a los segundos: los graneros de votos del separatismo en las zonas menos pobladas de Cataluña gozan de mayor representación de lo que les correspondería en un reparto auténticamente proporcional. Gerona, Lérida y Tarragona disfrutan de 16 escaños más de los que les corresponderían en una distribución en la que todos los votos valieran igual. Sin embargo, mientras un escaño por Barcelona -la circunscripción en la que vive el 72% de la población catalana- valió más de 38.000 votos en 2017, en Gerona apenas hicieron falta 24.000 y 16.000 en Lérida para obtener un diputado.

El Parlamento de Cataluña está formado por 135 diputados, repartidos de la siguiente manera: 85 por Barcelona, 18 por Tarragona, 17 por Gerona y 15 por Lérida. El reparto proporcional, según la población, debería ser el siguiente: 101 por Barcelona, 14 por Tarragona, 12 por Gerona y apenas 8 por Lérida. Es decir, que Barcelona reparte 16 escaños menos de los que le corresponderían por su población: 5,7 de los 7,5 millones de habitantes de Cataluña. Por el contrario, Lérida y Gerona, auténticos feudos del separatismo, están sobrerrepresentadas con 7 y 5 escaños, respectivamente.

En las últimas elecciones catalanas, las del triunfo histórico de Ciudadanos (36 diputados), el separatismo arrasó en Lérida (JxCAT duplicó los escaños de Ciudadanos) y Gerona (los naranjas alcanzaron 4 escaños, frente a los 7 del partido de Carles Puigdemont y los 4 del de Oriol Junqueras). El partido de Inés Arrimadas sólo pudo empatar en escaños con ellos en Tarragona. Sin embargo, en Barcelona el triunfo fue incontestable para Ciudadanos: 24 diputados, por 18 de ERC y 17 de JxCAT.

Este reparto, del que salen beneficiados los territorios con mayor implantación del independentismo, es lo que ha permite a ERC y JxCAT alcanzar la mayoría absoluta de los escaños en el Parlament, pero quedándose aún lejos de superar la mitad de los votos del conjunto de la sociedad catalana.

Tractoria frente a Tabarnia

Y es también la razón por la que un partido pueda ser el más votado y a la vez ser superado en escaños por el segundo. Esta distorsión se produjo, en 1999 y 2003, cuando el PSC, entonces liderado por Pasqual Maragall, se impuso a la CiU de Jordi Pujol, que conquistó más escaños gracias a su fortaleza en las comarcas rurales, frente al desarrollo del socialismo catalán en las ciudades y, sobre todo, el área metropolitana de Barcelona. Distorsión que muchas encuestas vuelven a pronosticar para las elecciones del 14-F, según las cuales el PSC podría volver a ganar en votos, pero ser superado en escaños.

Esta doble cara de Cataluña es lo que en el debate popular se conoce como ‘Tractoria’ (por las icónicas manifestaciones en tractor de los payeses leridanos y gerundenses) y ‘Tabarnia’ (la costa de Tarragona y la Barcelona urbana, abierta y cosmopolita). El peso del independentismo en los territorios catalanes no sólo se traduce en escaños, afecta también al desarrollo económico. Según un reciente informe, las 8 comarcas catalanas con un voto separatista inferior al 50% crecieron en 2019 una media del 1,5%. Por el contrario, el crecimiento fue del 0,8% en las 17 que superan el 70% del voto independentista. Otro dato: las 5 comarcas más separatistas suman 48.448 cotizantes a la Seguridad Social, por 865.750 las 5 menos secesionistas.

Sin ley propia

Cataluña es la única comunidad autónoma que después de 40 años no tiene una ley electoral propia, pese a ser un mandato incluido en el Estatut. El sistema actual se basa en una disposición transitoria del primer Estatut, firmada por Tarradellas, que se limitó a establecer las cuatro provincias como circunscripciones electorales, a las que se asignó un número de escaños. Naturalmente, las formaciones independentistas no tienen ningún interés en revertir el trato privilegiado que obtienen de la norma vigente. Su representación les concede de facto una capacidad de veto, ya que cualquier modificación necesitaría una mayoría de dos tercios (90 diputados) que no está al alcance del bloque constitucionalista en el Parlament.