¿Montero quiere a ‘su’ Andalucía? Vaciló durante casi un año a la Junta con el pago de 832 millones

Entre enero y octubre de 2019, el Ministerio de Hacienda mantuvo retenida a las comunidades autónomas (CCAA) la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación (4.682 millones). El importe exacto retenido para Andalucía llegó a los 832 millones de euros. Así jugó la ministra María Jesús Montero con Andalucía.

Este hecho, provocó que durante estos diez primeros meses del año las CCAA no dispusieran de todos sus recursos, y por tanto, tensionaran su tesorería. De hecho, alguna como Murcia incluso llegó a ser intervenida por el Ministerio de Hacienda. 

Desde el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez se vino utilizando este elemento de presión de la financiación de las CCAA para presionar a los partidos políticos de cara a la aprobación del presupuesto general del Estado, y posteriormente para la investidura. El Ministerio de Hacienda se negaba a actualizar las entregas, ya fuera por no tener un presupuesto aprobado o por tener un Gobierno en funciones. Siempre había excusa.

De esta forma, desde el inicio del año 2019, cuando automáticamente entra vigor la prórroga del presupuesto del 2018, aun estando el Gobierno de Pedro Sánchez en plenitud de funciones, no se realizó ninguna acción para actualizar y abonar las cantidades a las CCAA.

Las excusas

Durante el verano del 2019, la ministra dijo que no pagaba porque tenía un informe que impedía realizar actuaciones para actualizar las entregas a un Gobierno en funciones, tal y como señaló el propio Ejecutivo al Presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, el 12 de agosto.

Desde el Partido Popular (PP) se solicitó acceso a dicho documento. Entonces, la ministra Montoro dijo que era una consulta para más tarde encargar un informe a la Abogacía del Estado (el 22 de agosto). A pesar de ello, con posterioridad a la emisión del informe (día 27 de agosto) a algunas CCAA les dijo que les pagaría en diciembre (así se lo dijo María Jesús Montero al presidente canario el 29 de agosto).

Una vez convocadas las Elecciones, el Gobierno anunció que actualizarían y pagarían las entregas a cuenta. Desde el Gobierno andaluz siempre mantuvieron públicamente que era posible arbitrar una fórmula legal para pagar la financiación actualizada.

El pasado 12 de septiembre de 2019, el Parlamento de Andalucía aprobó la iniciativa por la que se solicitaba al Gobierno de Sánchez, en atención al interés general de los españoles, la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) como órgano de coordinación entre la actividad financiera de las comunidades autónomas y de la Hacienda del Estado.

El PP exigía de este modo abordar las soluciones que acabasen con la «extraordinaria e injustificada» situación de parálisis y bloqueo de la financiación autonómica. El PP Andaluz explicaba entonces la lesividad para el interés general de los andaluces la decisión del Gobierno de retener 837 millones de euros en concepto de actualización de entregas a cuenta de 2019, en el marco del actual sistema de financiación.

La reclamación del Parlamento de Andalucía para que el Gobierno de Sánchez libere los recursos de las comunidades autónomas y se convoque el CPFF, explican desde el PP, «no es una cuestión ideológica, ni partidista, sino fundamentada en atención al principio de lealtad institucional y cooperación, así como al propio cumplimiento de la normativa de financiación».

Finalmente, el Consejo de Ministros del 11 de octubre aprobó un Real Decreto Ley que actualizaba las entregas a cuenta, tal y como desde Andalucía venían explicando que era posible.