Andalucía, paraíso de inversores: así ha convertido la Junta a la comunidad en referente empresarial

Andalucía es ya la comunidad española con menos trabas burocráticas para inversores y empresas.  El Decreto-Ley de Simplificación Administrativa de la Junta supone uno de los buques insignia de la legislatura de Juanma Moreno y permitirá el impulso definitivo para la reactivación económica de la comunidad.

Una ambiciosa norma que incorpora 330 actuaciones para aligerar la carga burocrática y simplificar los trámites de la maraña administrativa que durante años ha complicado la vida a empresas y particulares y ha ahuyentado inversiones e inversores.

Las actuaciones se agrupan en medidas de simplificación administrativa, medidas de mejora de la regulación o derogaciones normativas. Estas medidas afectan a 33 materias (medio ambiente, turismo, educación, agricultura, pesca, patrimonio histórico, vivienda, puertos, energía, fondos europeos, salud, colegios profesionales, fundaciones, transportes o urbanismo, entre otras) y suponen la modificación de 80 normas entre leyes, decretos leyes, decretos u órdenes, incluyendo diversas derogaciones normativas.

El aprobado ahora es el tercer decreto de simplificación normativa en lo que va de legislatura y se une a los aprobados en marzo de 2020 y en febrero de 2021, con los que se contabilizan 400 medidas de simplificación y mejora de la regulación, además de un centenar de normas agilizadas que llegan en el momento oportuno para combatir la crisis económica.

A través de este Decreto-ley, entre otros ejemplos, se simplificará el régimen de apertura de establecimientos y el procedimiento para construir áreas logísticas. Por otro lado, en Energía, se simplificará la tramitación de proyectos fotovoltaicos y sus infraestructuras de evacuación. Además, se facilitará el despliegue de una infraestructura de recarga de vehículos en todo el territorio andaluz y se favorecerá la implantación de generación de energías renovables de autoconsumo en zonas urbanas.

Medidas referidas a consejerías

En lo que respecta a la Vicepresidencia y Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, destaca dar mayor agilidad a la aprobación de los marcos estratégicos que regulan la actividad turística, se aumenta el volumen de localidades andaluzas que pueden acceder a la declaración de Municipio Turístico y se simplifica el procedimiento de Declaración de Interés Turístico de Andalucía, entre otras medidas destinadas al sector turístico.

En cuanto a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, se llevan a cabo medidas de simplificación y mejora de la calidad regulatoria en materia de tramitación normativa, a través de una modificación del procedimiento de elaboración con objeto de habilitar todos los mecanismos posibles que permitan actuar con rapidez y celeridad en situaciones que requieran una acción normativa.

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo reduce la intervención de la administración suprimiendo el régimen de autorización administrativa por el régimen declaración responsable, el cual se aplicará tanto a la creación de Escuelas de Tiempo Libre como a la programación anual, la modificación de sus instalaciones y al convenio de formación en prácticas.

En cuanto a la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, se produce una simplificación en la documentación necesaria para la tramitación de los proyectos fotovoltaicos y sus infraestructuras de evacuación.

En lo que se refiere a la Consejería de Educación y Deporte, los dos objetivos que persigue el nuevo decreto ley son el diseño de un nuevo procedimiento, mucho más ágil y sencillo, de homologación de actividades formativas. De esta forma, se incentiva al sector dedicado a la formación de los docentes que se ha visto resentido durante la pandemia.

Por su parte, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha incluido 128 modificaciones en la legislación ambiental. Este nuevo decreto ley permitirá que los proyectos sometidos a Declaración de Impacto Ambiental no precisen Autorización Ambiental Unificada, lo que va a permitir eliminar duplicidades y reducir el tiempo de tramitación.

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades ha reformado en el marco de este decreto ley un total de 18 normas y ha introducido 65 medidas de simplificación, de mejora de la regulación económica y de reactivación en materia de comercio interior, artesanía, industria, minas, universidades e investigación y el proceso para la declaración de proyectos estratégicos para Andalucía.

En lo que a la Consejería de Salud y Familias respecta, el Decreto-Ley de simplificación administrativa aborda, desde el punto de vista de salud, la modificación de la Ley de Drogas, ya que todos los centros de adicciones pasarían a calificarse como centros sanitarios y el procedimiento de autorización y acreditación se refunde en uno solo, lo que conlleva la reducción de trámites administrativos tanto para usuarios como para los operadores económicos en materia de autorización y acreditación.

Por su parte, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, introduce una modificación de la Ley de Vivienda Protegida para adjudicar viviendas del parque público a colectivos con necesidad urgente. Se simplifica el procedimiento para construir áreas logísticas y la tramitación para la implantación de actividades en los Puertos autonómicos. Y en materia de urbanismo, se agilizará la ejecución de los proyectos Next Generation mediante su consideración de obras de interés general no sujetas a licencia con el acuerdo municipal.

En el ámbito de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, las medidas aprobadas van encaminadas, por un lado, a la simplificación de los procedimientos administrativos suprimiendo trabas y cargas para el ciudadano y, por otro lado, a que estas modificaciones supongan una dinamización del tejido cultural, facilitando el desarrollo de actividades económicas relacionadas con la cultura. Además, se facilitará el depósito de bienes en instituciones locales histórico-arqueológicas.

Además, en Medio Ambiente, las entidades privadas podrán colaborar en la reforestación de terrenos incendiados y las actuaciones sometidas a evaluación de impacto ambiental estatal ya no tendrán que obtener Autorización Ambiental Unificada.

En Pesca se reducirán los requisitos para autorizar actividades en viveros y puertos autonómicos, contribuyendo a modernizar la industria y propiciando la atracción de inversiones.

Y en materia de Educación, las entidades dedicadas a la formación de profesores y maestros podrán homologar los cursos con menos trámites y en menor tiempo, contando con todas las garantías, lo que contribuirá a la reactivación del sector.