Condenado a tres años de cárcel por dejar a un policía en silla de ruedas en Gijón

Un hostelero de Gijón ha sido condenado a tres años de cárcel por dejar postrado en una silla de ruedas a un policía nacional durante un incidente en un hostal de la calle Libertad de la ciudad asturiana. El condenado deberá indemnizar con 137.932 euros más el importe que por el concepto de lucro cesante se acredite en ejecución de sentencia. El policía estuvo 804 días de baja y, según se acredita en la sentencia, acabó con una invalidez permanente del 86% que le ha obligado a dejar la Policía Nacional.

El policía de 48 años, ya sufría una patología previa de espalda que la agresión del condenado, según los informes médicos que valora el tribunal, agravó hasta el punto de provocar esta situación de incapacidad permanente para el agente. La víctima precisó tratamiento quirúrgico, como infiltraciones epidurales y cuatro intervenciones en quirófano, además de sesenta sesiones de fisioterapia. El tratamiento se alargó durante más de dos años hasta se le declaró en situación de «invalidez permanente total» por resolución de la Dirección General de Policía en agosto de 2024. Actualmente, el agente tiene reconocido un grado de discapacidad del 86% y precisa la ayuda de una tercera persona para desenvolverse a diario.

El agresor que agredió al policía ha sido condenado a un año y seis meses de prisión por un delito de atentado a la autoridad y una pena similar por un delito de lesiones. En total, tres años de cárcel por dejar en silla de ruedas a policía. Aunque la fiscalía pedía una mínima indemnización de 9.000 euros por las lesiones, gracias a la intervención de la letrada Sylvia Garrido en nombre del sindicato JUPOL el agente recibirá finalmente una indemnización de al menos 137.932 euros. El fallo no es firme y contra el mismo cabe interponer recurso.

El relato de los hechos

En su relato de hechos, la sentencia del Juzgado número 1 de Gijón da por probado que el suceso tuvo lugar la tarde del 11 de junio de 2022. Ese día, el agente afectado junto a su compañero de patrulla acudieron a resolver un conflicto en un hostal de la calle Libertad de Gijón a petición del responsable del negocio, ahora condenado.

Fue el condenado y responsable del hostal el que recibió a los policías y les explicó que había una persona provocando alboroto y negándose a abandonar el establecimiento. El hombre condujo a los agentes hasta la sala en la que se encontraba el presunto alborotador. El hombre yacía en el suelo, semi inconsciente y con un fuerte golpe en la nariz. El hostelero les pidió que lo echaran pero los policías le explicaron que no era posible y llamaron a los servicios sanitarios.

Al ver que los policías no atendían a su petición y que se disponían a abrir una investigación por las lesiones del huesped, el ahora condenado, «adoptó una actitud agresiva y se negó a identificarse». El hostelero les dijo a los policías que no quería figurar en el atestado y se negó a facilitar su documentación. «Se le comunica que pudiendo estar incurso en un delito de lesiones se le va a trasladar a la comisaría para su plena identificación, instante en que el acusado reaccionó de forma violenta abalanzándose por la espalda sobre los agentes».

Tras un intercambio de golpes y un fuerte forcejeo, los dos policías pudieron reducir al hostelero. Ambos agentes terminaron heridos, pero uno de ellos ha quedado incapacitado de por vida para realizar su trabajo.

Reproches a Marlaska

Desde el sindicato JUPOL de la Policía Nacional , se muestran satisfechos por el fallo judicial, en el sentido en el que reconoce la gravedad de la agresión sufrida el policía que «en el cumplimiento de su deber, quedó en silla de ruedas debido al ataque».

Igualmente, en JUPOL se felicitan por la intervención de sus servicios jurídicos por la compensación económica, que califican justa y recibirá el agente afectado. Sin embargo, lamentan el suceso porque a su juicio pone de manifiesto la inseguridad constante a la que se enfrentan los policías nacionales en el desempeño de sus funciones.

«A pesar de los riesgos evidentes y de las numerosas agresiones que sufrimos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska continúa sin reconocer nuestra profesión como de riesgo, lo que supone un desprecio a la labor de los agentes»,  puntualizan desde el sindicato policial.

Desde JUPOL, exigen al Ministerio del Interior que adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los agentes de la Policía Nacional y que se reconozca oficialmente su profesión como de riesgo: «Solo así podremos contar con la protección y el respaldo que merecemos en el ejercicio de nuestras funciones al servicio de la ciudadanía».