Consumo excluirá los alimentos ultraprocesados de los hospitales y residencias

En el ámbito de la salud pública, parece haberse alcanzado por fin un punto de inflexión: la nutrición deja de ser un asunto complementario para convertirse en una pieza central del bienestar, incluso —y especialmente— dentro de hospitales y residencias. La idea de que un entorno sanitario puede permitir la presencia de alimentos ultraprocesados empieza a resultar incompatible con una atención coherente, preventiva y verdaderamente saludable. Ese cambio de paradigma impulsa nuevas políticas que buscan garantizar que los menús ofrecidos en estos centros respondan a criterios de calidad nutricional estrictos, acordes con las necesidades reales de pacientes, mayores y familias.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este miércoles que su departamento trabaja para excluir los ultraprocesados de los menús infantiles de los hospitales. «Vamos a garantizar menús saludables y sin ultraprocesados para todos los niños y adolescentes que estén ingresados en centros hospitalarios», subrayó durante su participación en el taller nacional del Plan de la OMS para frenar la obesidad, celebrado en el Ministerio de Sanidad.

Además, avanzó que el objetivo es extender esta medida a las cafeterías y comedores públicos de los hospitales. «Es un siguiente paso, siempre dentro de una perspectiva de coherencia de políticas y asumiendo que cada intervención, por sí misma, será insuficiente para afrontar un reto de esta magnitud», explicó.

Bustinduy detalló que esta iniciativa forma parte del real decreto que garantizará una alimentación saludable tanto en hospitales como en residencias de mayores, normativa que se dará a conocer en las próximas semanas.

Recordó que la relevancia del debate sobre los ultraprocesados ha aumentado tras el editorial publicado en The Lancet y la reciente comunicación de la OMS, que alertan del crecimiento exponencial de estos productos en la dieta global y su impacto negativo en la salud pública. Para el ministro, resulta imprescindible erradicar la “incoherencia” que supone que los propios hospitales sigan ofreciendo alimentos que se consideran perjudiciales.

Bustinduy ha señalado que, en abril, el Gobierno dio un paso importante con la aprobación del Real Decreto 315/2025, una norma que obliga a los centros educativos a reforzar la presencia diaria de frutas y verduras frescas en sus menús, aumentar la oferta de pescados y legumbres, y retirar de manera definitiva las bebidas azucaradas. La regulación también prohíbe la bollería industrial y las bebidas energéticas, reduce el uso de platos precocinados y preparaciones fritas, y apuesta por incorporar alimentos de temporada, sostenibles y procedentes de la agricultura y la ganadería locales.

Ultraprocesados

Los ultraprocesados se consideran perjudiciales porque están formulados con ingredientes que alteran el metabolismo y favorecen problemas de salud a medio y largo plazo. Suelen contener grandes cantidades de azúcares añadidos, grasas poco saludables, sal y aditivos destinados a potenciar el sabor o prolongar su conservación. Esta combinación genera inflamación, desajustes hormonales y un mayor riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2, la hipertensión o las patologías cardiovasculares. Además, su estructura extremadamente refinada facilita una digestión muy rápida, lo que produce picos de glucosa y una sensación de hambre prematura.

Otro problema fundamental es que ofrecen muchas calorías pero pocos nutrientes. Al carecer de fibra, vitaminas y minerales, no satisfacen las necesidades reales del organismo y, cuando forman parte habitual de la dieta, desplazan alimentos frescos y saludables como frutas, verduras o legumbres.

Esto provoca déficits que afectan al bienestar general, al sistema inmunitario y al equilibrio intestinal. Diferentes estudios internacionales ya han relacionado un consumo elevado de ultraprocesados con mayor riesgo de obesidad, ciertos tipos de cáncer, peor salud mental y, en general, una reducción de la calidad y la esperanza de vida.

Hospitales y residencias

En muchos hospitales y residencias de mayores, el nivel de procesado de los alimentos ha aumentado con el paso del tiempo por motivos logísticos, económicos y de conservación. La preparación de grandes volúmenes de comida a diario favorece el uso de productos precocinados o semipreparados, ya que permiten agilizar el trabajo en cocinas centralizadas, reducir tiempos de manipulación y asegurar una distribución uniforme a todos los usuarios.

Estos productos suelen incluir platos envasados al vacío, bases congeladas, salsas industriales o carnes tratadas para mantener una textura homogénea. Aunque cumplen con los estándares de seguridad alimentaria, muchas veces pierden calidad nutricional porque se elaboran con fórmulas muy ricas en sal, grasas o aditivos.

En las residencias ocurre algo similar. Para garantizar abastecimiento constante, evitar desperdicios y atender a personas con necesidades alimentarias específicas, se recurre con frecuencia a alimentos de alto procesado: purés ya preparados, postres lácteos azucarados, embutidos, panes industriales o platos listos para calentar. A menudo estas soluciones se adoptan por comodidad o por falta de recursos para cocinar con ingredientes frescos a diario. Sin embargo, el resultado es una dieta demasiado monótona y con un perfil nutricional pobre, que no siempre responde a las necesidades reales de personas mayores o de franja infantil, quienes requieren más proteína de calidad, fibra, micronutrientes y alimentos naturales que mantengan su salud digestiva y su masa muscular.

Obesidad en España

En España, más de la mitad de la población adulta presenta exceso de peso, y aproximadamente entre un 15 % y un 19 % padece obesidad. Este problema afecta también gravemente a los menores: en niños y adolescentes, alrededor de un tercio tiene exceso de peso y cerca de uno de cada diez sufre obesidad.

Además, la obesidad y el sobrepeso suponen un enorme coste para el sistema sanitario: sólo la obesidad genera un gasto estimado de 130.000 millones de euros.