Sánchez ‘cazafranquistas’

Hemos entrado en una fase del sanchismo donde todo adquiere tintes delirantes. El último invento de la factoría de propaganda de Moncloa es surrealista. Pretende, a través de un Real Decreto por el que se regula el denominado Consejo de la Memoria Democrática y el Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática, buscar sin autorización judicial a represores franquistas.

O sea, que al margen de los tribunales, el Gobierno quiere llevar a cabo una «investigación histórica» sobre la Guerra Civil y la dictadura. El Ejecutivo establece hasta 23 tipos de víctimas -deportado, desaparecido,  ejecutado extrajudicial…- que tendrán que hacer una descripción del hecho represivo e identificar al agresor. El Consejo de Estado, como es natural, le ha dicho al Gobierno que «la norma proyectada incluye, entre los datos del formulario, no sólo los de la víctima sino también los de su victimario». Y recuerda que el objetivo de la llamada Ley de Memoria «es el reconocimiento de las víctimas, cualquiera que haya sido el autor de los hechos de los que se deriva tal condición» pero en ningún caso, los «victimarios», porque eso de señalar culpables lo determinan los jueces y Sánchez no es quien para ir señalando a nadie.

Es de cajón: según el Consejo de Estado «no se aprecia un fundamento jurídico suficiente para que la incorporación de los datos del victimario a un registro oficial y público pueda resolverse en vía administrativa con base en las fuentes documentales propias de la investigación histórica». Y añade: «Es obligado concluir que la incorporación de los datos de los victimarios al Registro y Censo Estatal de Víctimas, que es un registro oficial y público, no puede ser el resultado de una declaración administrativa realizada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática con base en fuentes documentales que no hayan sido analizadas con las garantías propias de un proceso jurisdiccional». 

Lo que le viene a decir el órgano consultivo a Sánchez es que no puede ir por ahí señalando supuestos represores franquistas, porque ello supone una «imputación de relevancia» para «la esfera personal y familiar del concernido». O sea, que Sánchez no puede erigirse en juez y parte.