No es un derecho, es un delito

Guarden en su memoria estas palabras: «Las niñas, los niños y les niñes de este país tienen derecho, tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia, tienen derecho a conocer que pueden amar y tener relaciones sexuales con quienes les dé la gana, basadas, eso si, en el consentimiento, y eso son derechos que tienen reconocidos». Irene Montero, ministra de Igualdad del Gobierno de España, 21 de septiembre de 2022.

Pongan la declaración de la ministra en relación al Artículo 183 del Código Penal: «El que realizare actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años, será castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la pena de prisión de dos a seis años». No es necesario ser un experto en leyes para darse cuenta de que la edad en la que se le reconoce a un niño la capacidad para consentir libremente la realización de un acto sexual con un adulto está estipulada en dieciséis años. Por debajo de esa edad no es posible interpretar que el menor haya “consentido” mantener relaciones sexuales «con quien les dé la gana» (o «amar», que dice la indocumentada). Mantener relaciones sexuales con un menor de dieciséis años es un abuso sexual, un delito puro y duro.

En el tiempo transcurrido desde que la ministra Irene Montero hizo esas declaraciones, la mujer que llegó a ser ministra del Gobierno de España porque en ese momento era la compañera sentimental y madre de los hijos de Pablo Iglesias Turrión, no sólo no ha rectificado (no me expresé bien, me quería referir al futuro de esos niños, estaba hablando de cuando dejen de ser menores…), sino que se ha reafirmado en sus palabras y ha aprovechado para hacerse la víctima y arremeter contra «la derecha» y la «extrema derecha» que según ella la están atacando.

Pero más escandaloso que el discurso de la ministra resulta el silencio de Pedro Sánchez Castejón, el presidente del «Gobierno más feminista, progresista, incluyente, ecologista de la historia de España». Quizá el silencio se explique en que, mientras este episodio se desarrollaba en España, él estaba muy ocupado reuniéndose en la Asamblea de Naciones Unidas con Petro, presidente de Colombia.

«¿Qué es más venenoso para el ser humano, la cocaína, el carbón o el petróleo?».  Pedro Castillo, presidente de Perú, (investigado por corrupción en su país y cuyas palabras ante la ONU fueron calificadas de «lamentables» por la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores por «dejarnos mal ante la comunidad internacional y mentir») o Boric, que convocó un referéndum en Chile para cambiar la Constitución y cuando el 60% de los ciudadanos lo rechazaron, se ha quedado tan pimpante dando lecciones de democracia directa en su intervención en la ONU. Entre reunión y reunión con esos tipos que representan lo peor de la política, Sánchez sólo encontró tiempo para sacar la chequera y pagar 130 millones de Euros a Bill Gates y hacerse una foto con él.

Parece que a Sánchez no le ha parecido importante ni necesario intervenir ante una posición de su Gobierno –si la establece una ministra y no es censurada es la posición el Ejecutivo- que viene a calificar la pederastia («práctica sexual con niños») como un «derecho» de los niños que son víctimas de esa práctica atroz. Pedro Sánchez, que nombró a esta ministra, es el máximo culpable de que hoy en España los pederastas puedan interpretar que sus prácticas deleznables encuentran comprensión en el seno del Gobierno.

Por mucho que la ministra insista en que es un derecho de los niños tener relaciones sexuales con quienes les de la gana, los niños menores de dieciséis años no tienen edad para consentir, por lo que cualquier adulto que tenga relaciones sexuales con un niño estará cometiendo un delito.

Qué miedo da que la protección de los menores de España esté en manos de personas con la cabeza tan confusa o tan desviada. No me extraña que hayamos visto cómo los socialistas encontraban explicación, cuando no justificación, ante casos como el de las niñas violadas en Baleares mientras estaban bajo la tutela del Gobierno socialista de las Islas o el caso Oltra, en el que el Gobierno Autonómico socialista de la Comunidad Valenciana ha protegido al violador y perseguido a la víctima.

Y qué asco, de verdad, qué asco.