Hay que endurecer el Código Penal

La muerte de Ángel Nieto ha provocado una ola de reconocimiento generalizado que refleja el cariño inmenso que los españoles profesan a uno de los mejores deportistas de nuestra historia. Sin embargo, no han faltado los exaltados de las redes sociales que han aprovechado el fallecimiento del piloto para insultarlo. Algo que obedece al ámbito del odio por el odio y de la violencia por la violencia, ya que pocos enemigos podía tener Nieto. Hombre de origen humilde, logró salir adelante a base de talento y esfuerzo hasta convertirse en un símbolo del deporte español. Una trayectoria vital y deportiva intachable que no sirve de nada ante algunos desalmados, especialistas en convertir esas redes en auténticos vertederos de inmundicia. Este jueves no han faltado frases como «Ángel Nieto, franquista» u «otro madridista muerto, buen augurio». Insultos y ataques que ya han tenido que sufrir con anterioridad víctimas del terrorismo, toreros e incluso enfermos de cáncer. Una realidad que, lejos de cesar, aumenta. El Gobierno debe erradicarlo endureciendo el Código Penal.

Los delitos de odio están tipificados en su artículo 510 y castigados con penas que oscilan entre uno y cuatro años de cárcel. Ante el cariz que están tomando los nuevos foros públicos, los castigos han de endurecerse para que nuestra sociedad no haga de la zafiedad y la tortura psicológica dos de sus características inherentes. Las normas están para mejorar nuestra convivencia y eso pasa por perseguir a los individuos que insultan, menosprecian y celebran las muertes de otras personas. En ese sentido, el Tribunal Supremo ya sentó precedente el verano pasado, cuando condenó por primera vez con un año de cárcel a una mujer por enaltecer a ETA y burlarse de víctimas como Miguel Ángel Blanco o Irene Villa. Una manera de dejar claro que no vale todo parapetados tras el cobarde anonimato que otorga una pantalla. La libertad de expresión es sagrada pero el totalitarismo verbal, no.

Ángel Nieto es la última víctima conocida, como antes lo fueron los toreros Iván Fandiño o Víctor Barrio. No obstante, detrás de estos casos hay muchísimos ciudadanos anónimos que desde el colegio hasta el trabajo padecen el acoso, el desprecio y el odio exacerbado a través de las redes sociales. Por todos ellos, por nuestra propia sociedad, el Ejecutivo ha de proponer esa reforma del Código Penal que, inexcusablemente, debería contar con el apoyo de todas las fuerzas del arco parlamentario. Si las redes sociales son un espacio más de nuestra existencia, tendrán que ser legisladas de un modo óptimo para garantizar los mismos derechos y deberes que en cualquier otro ámbito de la realidad.