El Gobierno presume de saltarse la Ley de Salud Pública

El Gobierno presume de saltarse la Ley de Salud Pública
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Según Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, no se pueden desvelar los nombres de las once personas, teóricamente técnicos, que integran el comité de expertos que deciden el momento en el que cada comunidad autónoma puede ir avanzando en las fases de la desescalada. «No les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo porque en todo este proceso que llevamos de varios meses las presiones que sufre cualquier persona de la que se da el nombre, por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaban haciendo muy difícil que pueda trabajar con la suficiente libertad», aseguró.

Pues bien, lo que pretende el Gobierno socialcomunista -ocultar los nombres del comité de expertos-es ilegal, en tanto choca de bruces con lo expresado en la Ley General de Salud Pública 33/2011, de 4 de octubre (bajo el Gobierno de Zapatero), que exige de forma expresa que sea haga pública la identidad de los integrantes: “A estos efectos, será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente”. Incluso, están desarrollados “reglamentariamente los requisitos para la declaración de conflicto de intereses por parte de los expertos y representantes de las organizaciones científicas y profesionales que compongan los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública”.

O sea, que lo expresado por Fernando Simón cuando afirmó que «no les voy a dar los nombres de ninguna persona del equipo» es una irregularidad flagrante por lo que supone de vulneración de la ley. Evidentemente, Simón habla en nombre del Ejecutivo socialcomunista.  Sánchez ha decidido saltarse la norma y adoptar una medida ilegal. Si esto no es prevaricación se le parece mucho.

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