Bien pero sólo como primer paso
La iniciativa del Partido Popular para limitar el régimen de aforados en España es un movimiento interesante pero sólo como primer paso. Esta medida no estará completa hasta que ese privilegio sea eliminado en su totalidad de nuestra realidad jurídica y política. Si la aspiración constitucional de nuestro país es que todos los ciudadanos seamos iguales ante la ley y vivamos con arreglo a los mismos derechos y obligaciones, nadie debe gozar de prebendas ante los tribunales. El aforamiento tiene que desaparecer de la sociedad española y dejar, por tanto, de ser un motivo recurrente de disputas y controversias… y, sobre todo, de injustificable deferencia para según qué ciudadanos. De lograrlo, el contexto nos igualaría a naciones que disfrutan de una democracia de alta calidad. Reino Unido, Alemania o Estados Unidos son paradigma por el buen funcionamiento de sus instituciones y, sin embargo, carecen de aforados. Nuestro país, en contraste, cuenta con 280.000 entre Familia Real —el único caso justificable— jueces, fiscales, cargos políticos y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Una cifra a modo de barbaridad si la comparamos también con la de países de nuestro entorno. En Portugal e Italia, por ejemplo, el único aforamiento se circunscribe a sus respectivos presidentes de la República. En Francia, por su parte, sólo son aforados el presidente de la nación, el primer ministro y su equipo de Gobierno. De ahí que esta propuesta del PP deba seguir desarrollándose para que así nos equiparemos a la realidad internacional. Síntoma de país moderno que, además, serviría para que nuestra monarquía parlamentaria siguiera escalando cotas de solidez y credibilidad. No podemos permitir que, en casos tan graves como sería un delito por violencia de género, un político —sector que cuenta con 2.000 aforados— se acoja a un régimen diferente que lo aleje del trato que recibiría cualquier otro ciudadano. Está bien la eliminación de este privilegio en los delitos comunes, tal y como proponen los populares, o suprimir los aforamientos en figuras como el Defensor del Pueblo o sus adjuntos. Sin embargo, esta medida únicamente debe significar el principio del final para todos y cada uno de los aforados.
