Otro cliente reclamó al prostíbulo del suegro de Sánchez quejándose de que las prostitutas «no se quitaron la ropa ni nada»

Un nuevo documento oficial ha venido a engrosar el historial de irregularidades en los prostíbulos vinculados a la familia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se trata de una segunda hoja de reclamaciones presentada por un cliente de la Sauna Azul, ubicada en la calle Concepción Arenal número 4 de Madrid, que ha denunciado haber pagado por un servicio sexual que jamás ha llegado a producirse: «No usamos la habitación ni hicimos nada ni entramos a la habitación ni nos quitamos la ropa ni nada», ha dejado escrito el reclamante en el formulario oficial.

Como desvela en exclusiva OKDIARIO, la hoja de reclamaciones, cumplimentada a las 21:45 horas del día de los hechos, el cliente ha relatado con escueto detalle lo sucedido: «Le he dado 7 euros a la encargada del establecimiento, para hacer un uso con una chica [sic] pero no usamos la habitación ni hicimos nada ni entramos a la habitación ni nos quitamos la ropa ni nada». Su pretensión ha sido clara: la devolución del dinero.

El documento, registrado el miércoles 16 de febrero de 2011 a las 14:45 horas en la Oficina de Registro de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, fue tramitado posteriormente por la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de Madrid.

La reclamación fue dirigida contra el establecimiento identificado como Sauna Azul, ubicado muy cerca de la Gran Vía madrileña. En esas fechas Pedro Sánchez ya era diputado en el Congreso de los Diputados.

Expediente archivado

El expediente fue dado de alta el 7 de marzo de 2011 y derivado al distrito Centro por la OMIC Central con el número de referencia 630.766. El «asunto del expediente» quedó registrado de forma lacónica y sorprendente teniendo en cuenta que se habla de prostitución: «Le han cobrado un servicio no prestado».

Sin embargo, apenas dos días después, el 9 de marzo de 2011, la administración competente resolvió que los hechos denunciados «no constituyen infracción de consumo» y que, «por lo tanto, no es posible iniciar actuaciones», procediendo al archivo del expediente. La resolución fue firmada por los entonces jefes de sección y de departamento de Gestión de Calidad y Consumo.

La comunicación de archivo fue enviada por correo certificado y entregada el 23 de marzo de 2011 en la sede de la OMIC del distrito Centro. Las actuaciones se han dado «por concluidas» y el expediente ha sido remitido al Negociado de Registro para su archivo definitivo el 25 de abril de 2012. El cliente, a la postre, no obtuvo resarcimiento alguno.

Patrón de abusos

Este episodio no ha sido un hecho aislado. Apenas tres años antes, el 5 de enero de 2008, otro cliente de la Sauna Princesa —el establecimiento insignia de la familia, situado en la calle Mártires de Alcalá de Madrid— presentó otra reclamación oficial ante la Dirección General de Turismo de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid tras descubrir que le habían cobrado 701 euros cuando el precio pactado por los servicios de dos mujeres durante media hora había sido de 324 euros. En sus extractos bancarios aparecieron tres cargos, incluido uno de 354 euros que nadie en el local le ha sabido justificar.

Ambos establecimientos han formado parte de un entramado regentado por Sabiniano Gómez Serrano —padre de Begoña Gómez y suegro de Pedro Sánchez— y sus hermanos a través de la sociedad San Bernardo 36 SL.

La Sauna Princesa acumuló a lo largo de más de dos décadas al menos 27 denuncias y 9 inspecciones por parte de la Policía Municipal de Madrid, según un informe oficial de la Dirección General de la Policía Municipal.

Sí eran prostíbulos

El Tribunal Supremo sentenció en 2001 que en la Sauna Princesa se «ejercía la prostitución» y que el local estaba «acondicionado para el desarrollo de actividades de prostitución». El Tribunal Superior de Justicia de Madrid certificó igualmente que se «realizaba una actividad de prostitución en las habitaciones del piso de arriba del propio local, en las que se disponía de sauna, jacuzzi, camas, etc». Otro documento policial refleja los servicios de prostitución junto al nombre del padre de Begoña Gómez.

El sistema de explotación se basaba en que «la empresa cobraba a los clientes y otorgaba el 50% del servicio sexual a la trabajadora», según la sentencia. Las tarifas eran de «150 euros la media hora; 300 euros la hora completa».

Un ex trabajador del establecimiento confirmó la participación directa de la familia: «El tío de Begoña era el recaudador, 15.000 pesetas el polvo» y «Enrique, que era el mayor, era el dueño y supuestamente con el contable recogía los fondos». El mismo testimonio ha señalado la connivencia con agentes de las fuerzas de seguridad: «Estaban invitados para lo mismo y era la propia familia Gómez la que invitaba a estos policías, les invitaban a las copas y a lo que fuera».

La sociedad San Bernardo 36 SL ha mantenido un patrimonio inmobiliario valorado en cerca de un millón de euros, con seis propiedades repartidas por Madrid, Pozuelo, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Segovia. Un apartamento en Mojácar que pertenecía a la sociedad ha pasado a ser propiedad de la propia Begoña Gómez en 2013, cuando Pedro Sánchez ya se encontraba en política.

Preguntado sobre si su suegro ha sido donante del PSOE, el presidente del Gobierno eludió la cuestión en una sesión de investigación en el Senado con un escueto: «No puedo responderle».

Resulta paradigmático que el mecanismo diseñado para amparar al consumidor ante un electrodoméstico defectuoso o una factura inflada en un restaurante haya terminado convertido en el involuntario cronista de unos prostíbulos donde, según consta en documentos oficiales, ni siquiera dejaba satisfechos a los usuarios.