Una fiscal afín a Evo Morales paraliza durante 11 meses la investigación sobre los pagos a la consultora Neurona

La fiscal boliviana Rocío Feraudi, encargada del caso Neurona en Bolivia, ha paralizado durante 11 meses la investigación judicial de los pagos irregulares de 1,6 millones de dólares que el gobierno de Evo Morales hizo a la consultora chavista vinculada a Podemos. No es la primera vez que esta fiscal es acusada de favorecer los intereses del ex presidente boliviano mientras instruye un caso de corrupción.

A pesar de las trabas que la Fiscalía de Bolivia ha puesto para evitar que se conocieran los vínculos entre la consultora chavista, Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, la investigación del caso se ha reactivado tras la presión del actual Ministerio de Justicia boliviano. Este organismo se personó en el procedimiento judicial a finales de 2019 a través del Viceministerio de Transparencia y Anticorrupción. El objetivo de la personación era tratar de averiguar el destino final del dinero que fue a parar a la empresa que posteriormente realizó campañas políticas para Podemos.

Después de casi un año de insistencia, el pasado 24 de septiembre, un alto cargo del Ministerio de Justicia logró mantener una conversación telefónica con la fiscal Feraudi. En dicha conversación, que duró poco más de cinco minutos, el funcionario recriminó a la fiscal su tardanza a la hora de permitirle acceder al cuaderno de investigaciones, como se conocen los sumarios judiciales en Bolivia.

OKDIARIO ha tenido acceso al contenido íntegro de las palabras que ambos intercambiaron. Dicha llamada telefónica se produjo literalmente en estos términos:

Alto cargo del Ministerio de Justicia: Llevamos mucho tiempo esperando su respuesta.

Fiscal Feraudi: ¿Se refiere al caso Neurona?

Alto cargo del Ministerio de Justicia: Así es. En la última conversación que tuvimos quedó en subirme el sumario a la plataforma digital.

Fiscal Feraudi: ¿Lo solicita usted como representante del Viceministerio de Transparencia y Anticorrupción?

Alto cargo del Ministerio de Justicia: Sí.

Fiscal Feraudi: ¿Usted se va a hacer cargo de este asunto como abogado?

Alto cargo del Ministerio de Justicia: Sí, yo figuro en los memoriales que hemos presentado.

Tras hacer hacer varias gestiones que no le llevaron más de 15 segundos, mientras sostenía el teléfono con una de sus manos y con la otra tecleaba su ordenador, dijo sin dar ninguna explicación a la paralización de la investigación del caso: “Ya puede ingresar y ver el sumario”. “Gracias, fiscal”, le respondió el alto cargo del Ministerio de Justicia. Y acabó la llamada telefónica.

La cúpula de Podemos

En el contenido del expediente del caso Neurona está todo el material que investiga la Justicia boliviana: los contratos de las adjudicaciones de 1,6 millones de dólares, que OKDIARIO publicó hace meses, las órdenes de pago a la consultora chavista y la autorización del Banco Central de Bolivia (BCN) para que se realizaran las transferencias internacionales entre otros documentos.

También se encuentran las declaraciones de los 14 imputados en el caso y la petición de citación en calidad de testigos de prácticamente toda la cúpula de Podemos. Como publicó OKDIARIO en primicia en enero de 2020, el Ministerio del Interior boliviano instó a la Fiscalía a través de una misiva para que llamara a declarar a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, Baltasar Garzón y José Luis Rodríguez Zapatero para que aclaren si ellos se han lucrado con el dinero de la consultora chavista.

El detonante para que el ministro Arturo Murillo decidiera proponer a la Fiscalía todas estas citaciones judiciales fue la operación fallida en la que seis agentes policiales españoles trataron de acceder a la residencia diplomática de México en La Paz, donde se encuentran en calidad de prófugos de la Justicia boliviana varios ex ministros del Gobierno de Evo Morales. Entre ellos, Juan Ramón de la Quintana y Carlos Romero, a quienes la Fiscalía atribuye un papel fundamental en los pagos a la consultora chavista vinculada a Podemos.

En la actualidad, diversos organismos entre los que se encuentra el Ministerio de Justicia, ahora que ya tiene en su poder todo el expediente del caso Neurona, están cuestionando el papel ralentizador de la fiscal Feraudi. Esta fiscal, muy próxima a Juan Lanchipa, Fiscal General del Estado nombrado durante el gobierno de Evo Morales, se encuentra en el punto de mira desde que el actual Ejecutivo la acusara de entorpecer las investigaciones sobre el fraude electoral que el expresidente boliviano cometió en octubre de 2019.

La Fiscalía ve 7 delitos

En la denuncia que inicialmente puso la Fiscalía, el Ministerio Público boliviano encuentra siete tipos penales imputables a la ex ministra de Comunicación (organismo desde donde se adjudicaron los siete contratos públicos), los altos cargos del ministerio, los funcionarios y la propia empresa. Estos delitos son: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica.

La denuncia, de 134 páginas y fechada a 29 de noviembre de 2019, relata todo el listado de presuntas irregularidades cometidas en estos ocho contratos, que suman 12 millones de bolivianos (más de un millón y medio de dólares) entre 2017 y 2018. Por otra parte, y siempre según la Fiscalía, no se justificaron correctamente en los expedientes los precios estipulados para los ocho contratos: «Los precios de referencia aparecen sin respaldo, no cuentan con ninguna documentación que respalde el cálculo». En este sentido, fuentes consultadas consideran ‘inflado’ pagar 1,6 millones de dólares por estas campañas audiovisuales de publicidad.

En el mismo sentido, en la batería presuntas irregularidades, aparecen también contrataciones no previstas ni en el Plan Operativo Anual ni en el Programa Anual de Contrataciones, lo que era obligatorio. A posteriori enmiendan el segundo documento para incluir estas contrataciones. Sin embargo, olvidan reformular el Plan Operativo Anual.

En quinto lugar, la Fiscalía carga contra Neurona por no cumplir los requisitos para trabajar en Bolivia. En este contexto, señala que no respetaron el Código de Comercio vigente en el país y que obliga a tener una empresa registrada en el Estado para poder operar en el mismo. La Fiscalía recuerda también lo sospechoso que es que la sociedad fue constituida meses antes de su primera contratación con tan sólo 5.000 dólares de capital social y un objeto social tan amplio que les permite dedicarse a la compraventa de propiedades o de maquinaria de obras, entre otros negocios.

«Neurona no cumplió con lo previsto en las leyes bolivianas, no se encontraba habilitada legalmente para realizar actividades comerciales en Bolivia», señalan al consultar en el Registro del Comercio que no hay sociedad alguna inscrita en el país con ese nombre. En este sentido, la empresa colaboradora de Podemos no justificó que había abierto una oficina local en La Paz para desarrollar su actividad, tal como estipulaba el contrato según recoge la denuncia. Además, la documentación que presentaron no se revisó. «No existe documentación que acredite quién verificó los documentos presentados», explican.

Por otra parte, los expertos en fiscalización señalan que la ministra y su equipo debió impedir la contratación porque entre las competencias que tiene atribuidas está las labores que subcontratan a Neurona. «El Ministerio de Comunicación tenía plenas facultades para desarrollar los servicios contratados», apuntan en la denuncia.