El embajador de España en Angola con ZP cobró 30.000€ por desbloquear un contrato millonario de Mercasa

El embajador de España en Angola durante la Presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, José María Castroviejo Bolíbar, cobró 30.000 euros por mediar ante el Gobierno de José Eduardo dos Santos para desbloquear un proyecto millonario que la empresa pública Mercasa estaba ejecutando en aquel país.

Este dato está incluido en el auto dictado el pasado día 25 por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, en el que envía a juicio a 20 personas (la mayoría de ellas, ex directivos de Mercasa y del Consorcio Mercasa Incatema) por su implicación en la trama que desvió 20 millones de euros para el pago de comisiones ilegales en Angola.

Buena parte de este dinero se destinó a sobornar a ministros y altos funcionarios del Gobierno de Eduardo dos Santos. El pago de comisiones se canalizó a través de sociedades del portugués Guilherme Taveira Pinto, quien se encuentra huido de la Justicia tras participar en otro desfalco de 60 millones de euros en la venta de armas de la empresa pública Defex.

El Consorcio Mercasa Incatema (participado por la empresa pública Mercasa, que depende de la SEPI y el Ministerio de Agricultura) obtuvo entre 2006 y 2016 varios contratos del Gobierno de Angola, que suman 533 millones de euros, para construir un gran mercado de abastos en la capital del país, Luanda.

Destinaron 20 millones a pagar comisiones

Sin embargo, a partir de 2009, Mercasa Incatema comenzó a sufrir retrasos para cobrar las cantidades pactadas con el Gobierno de Angola. En parte, porque el Tribunal de Cuentas de aquel país había abierto una investigación por presunta corrupción de varios funcionarios que habían participado en la tramitación de estos contratos.

El juez José de la Mata ha incorporado a la causa un correo electrónico fechado el 18 de octubre de 2012, en el que un empleado de Incatema comunica que el hijo del comisionista Taveira, Gonzalo, «me ha dicho que ayer comieron con Castroviejo, y éste les debió preguntar si podía ofrecer dinero; yo le he dicho que el Consorcio no va aprobar más comisiones, y que éstas deben quedar en los % acordados con Sonadi [una de las empresas de Taveira]».

El mensaje añade que «si el tema no se resuelve a mediados de la semana próxima, intentarán resolverlo vía partido, vía Manuel Vicente, y también mediante la presión a la Ministra de Comercio”.

El juez instructor aclara que «el tal Castroviejo es nada menos que José María Castroviejo Bolíbar, embajador del Reino de España en la República de Angola desde el 17 de enero de 2009 hasta el 30 de junio de 2012. Castroviejo participó directamente a cambio de dinero en estas negociaciones paralelas irregulares, habiendo sugerido a Taveira ofrecer dinero para conseguir el pago de una deuda ya vencida».

Cinco días después, el comisionista Taveira aludió en otro mensaje a las gestiones que el ex embajador (había cesado en el cargo tres meses antes) debía realizar ante el ministro de Finanzas de Angola, José Pedro de Morais, para que Mercasa pudiera cobrar la deuda por la construcción del mercado de Luanda.

«En cuanto a Castroviejo», dice Taveira en su email, «hablé hoy con él. Ya el pasado viernes cuando le entregué el último Memo le transmití de viva voce la estrategia para hablar con el ministro de Finanzas. Voy a transmitirle de forma muy clara que hay otros players [jugadores] en juego y si el premio sale sin su intervención, él no puede tener el premio que pretende».

Es decir, si Mercasa lograba desbloquear el cobro de la deuda por otras vías, el ex embajador de Zapatero se quedaría sin cobrar la comisión que le habían prometido por su mediación ante el Gobierno de Dos Santos.

El auto del juez De la Mata dice literalmente: «Es claro que Castroviejo intervino en el proceso de desbloqueo de la deuda en desempeño de su tarea oficial como Embajador, y que continuó posteriormente una vez cesado (¡ahora ya a cambio de precio y proponiendo ofrecer dinero a las autoridades angoleñas!). Estas intervenciones que pudiera haber llevado a cabo las habría realizado bajo las expectativas de obtener un «premio», recompensa esperada bajo la premisa de gestiones realizadas».

El juez considera probado que el ex embajador José María Castroviejo cobró por estas gestiones 30.000 euros, que fueron abonados por Incatema, el socio privado de Mercasa en el Consorcio. Para percibir esta remuneración sin dejar rastro, Castroviejo utilizó una sociedad tapadera que había constituido en Angola tan sólo 18 días después de cesar en el cargo de embajador, Betel Martín Solucóes LDA.

El responsable de Incatema, Javier Pardo de Santayana, remitió el 16 de octubre de 2012 el siguiente mensaje al ex embajador: «Querido José María, estamos redactando un contrato mercantil entre tu empresa e Incatema para que puedas facturar conforme a dicho contrato, a final de mes, tal y como quedamos en nuestro almuerzo de Horcher. La cantidad acordada es de 10.000 dólares. Creo muy necesario que vuelvas a insistir al ministro sobre la urgencia de resolver el tema de la deuda.»

En realidad, existían dudas sobre la cantidad pactada. Utilizando la cuenta de correo [email protected], el propio José María Castroviejo remitió a Pardo de Santayana el 7 de febrero de 2013 una factura por importe de 50.000 dólares a nombre de su sociedad angolana. Y explicaba así cómo había llegado a esta cifra: «Servicios prestados a la entidad Incatema. En Angola a su pedido (4 meses x 10.000,00). Clase: Conclusión (1 mes x 10.000,00)».

Javier Pardo le respondió que consideraba excesiva esta cifra y, el 3 de marzo de 2013, Castroviejo le remitió una nueva factura por importe de 30.000 euros, que esta vez fue abonada. Las gestiones del ex embajador español dieron sus frutos y, pocos meses después, el Gobierno de Angola desbloqueó el pago de 12,6 millones de dólares que adeudaba al Consorcio Mercasa Incatema (CMI).

El juez De la Mata recalca en su auto que, aunque había cesado en el cargo de embajador tres meses antes, Castroviejo se encontraba en una situación de «incompatibilidad» que no le permitía utilizar sus contactos con el Gobierno de Angola para cobrar una remuneración económica. Con anterioridad, Castroviejo había sido cónsul general de España en Estabul (desde 1999), embajador en Tanzania (desde 2001) y en Bosnia-Herzegovina (entre 2006 y 2009).

El auto dictado el pasado lunes por el juez José de la Mata es el paso previo para sentar en el banquillo a 20 imputados, entre los que se encuentran los ex presidentes de Mercasa Miguel Ramírez y Eduardo Ameijide, Álvaro Curiel (que sigue ocupando cargos directivos en Mercamadrid) y los abogados del Estado María Jesús Prieto y Arturo Cortés de la Cruz, que se turnaron en la presidencia del Consorcio Mercasa Incatema (CMI).

El juez instructor les acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, apropiación indebida, falsedad documental y corrupción en transacciones económicas internacionales. En la causa, la empresa pública Mercasa tiene la doble condición de imputada y acusación particular, como perjudicada por el desfalco de 20 millones de euros.

De la Mata investiga ahora, en tres piezas separadas, los sobornos que Mercasa pagó para ejecutar otros proyectos en República Dominica, Panamá y Argentina (donde tuvo un especial protagonismo Pablo González).