La banda de González construyó villas de lujo en Colombia con las comisiones del pelotazo en Brasil

La Fiscalía destaca que en documentos hallados en el registro del domicilio de Ramón Navarro Pereira en Barranquilla constaban «anotaciones manuscritas que evidencian la participación de éste con Edmundo Rodríguez Sobrino y Diego García Arias en la sociedad colombiana Campestre Villas SAS». Dicha sociedad fue constituida el 25 de febrero de 2013 y actualmente se encuentra en liquidación desde mayo, tras estallar la ‘Operación Lezo’.

Este diario publica el certificado de la Cámara de Comercio de Barranquilla (Colombia) sobre la sociedad Campestre Villas SAS en las que figuran los 3 exdirectivos del Canal de Isabel II, Ramón Navarro Pereira, Diego García Arias y Edmundo Rodríguez Sobrino como integrantes de la Junta Directiva.

«Entre las inversiones realizadas en Colombia con el presunto dinero público malversado», añade, «la constitución de la sociedad colombiana Campestre Villas SAS ha podido permitir a los investigados promover y construir viviendas unifamiliares en una zona exclusiva de Barranquilla. Dicha sociedad estaría participada por Edmundo Rodríguez Sobrino, Diego García Arias, Ramón Navarro Pereira y un constructor colombiano llamado Fernando Certain».

Alguna de estas viviendas de lujo están a la venta en Internet por más de 600.000 euros al cambio. Tienen 557 m2 construidos, acabados de lujo, 5 habitaciones, 7 baños, cocina integral, piscina, barbacoa, amplios jardines, habitación y baño de servicio.

Anticorrupción afirma que «otras evidencias recabadas también vinculan a Rodríguez Sobrino, García Arias y Navarro Pereira con operativas de blanqueo, como los proyectos compartidos por todos ellos de restauración de un edificio en la calle del Coliseo en el centro de Cartagena o un hotel en la casa Factoría. Además dichos investigados han emprendido otros negocios fuera de Colombia como presuntamente la inversión en el Hotel las Américas en Panamá».

Los investigadores apuntan que Edmundo Rodríguez Sobrino y Diego García Arias se han valido de sus cargos en Inassa, una mercantil que a través de «múltiples filiales tiene presencia en varios países de Sudamérica (Colombia, Panamá, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Haití, etc.), ejecutando obras y prestando servicios directamente relacionados con el ciclo integral del agua, para enriquecerse de forma ilícita a través de la recepción de comisiones negociadas por Ia adjudicación de contratos públicos licitados en dichos países, en concierto con los cargos públicos y funcionarios encargados de promover las licitaciones amañadas».

«La documentación ha permitido conocer», añade el informe, «que dichas prácticas corruptas al menos se habrían llevado a cabo en: Panamá, donde en el año 2012 el consorcio Inassa-Cleop habría pagado una comisión ilegal a través de la sociedad Eduholding como contraprestación a resultar fraudulentamente adjudicatario de un contrato público; República Dominicana, donde al menos hasta el año 2016 Inassa, a través de su socio local en Triple A Dominicana, Angel Rondón Rijo, habría estado pagando comisiones ilegales a personas aún sin identificar en relación a la adjudicación/ejecución de contratos públicos».

«Haití, donde Inassa en consorcio con Ia empresa española Incatema habría pagado comisiones relacionadas con contratos públicos ejecutados por el consorcio en dicho país y Colombia, donde existen indicios de que los investigados habrían podido manipular los contratos públicos adjudicados en la provincia de Rioacha a su filial Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado, ASAA».