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Vox propone convertir en delito la negociación con condenados y prófugos como ha hecho Sánchez

Vox propone penas para este delito de seis a diez años de prisión

Los de Abascal vuelven a proponer ilegalizar a los partidos separatistas

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Gonzaga Durán

Vox propone crear un nuevo tipo de delito que castigue «a quienes negocien con condenados, procesados o sustraídos de la acción de la justicia por delitos contra la Constitución, orden público, traición y la independencia del Estado y la paz y defensa nacional». La formación liderada por Santiago Abascal plantea para dicho tipo delictivo penas de seis a diez años de prisión, además de la inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis a diez años.

Estas medidas están incluidas en la enmienda de totalidad registrada este miércoles por Vox con texto alternativa a la Ley de Amnistía del PSOE pactada con los partidos separatistas. Esta proposición de ley de los socialistas fue clave para que Pedro Sánchez pudiera ser investido presidente del Gobierno y seguir en La Moncloa.

El partido de Abascal busca de esta manera evitar que las negociaciones con partidos independentistas o que la gobernabilidad de España recaiga sobre las formaciones secesionistas, como lleva ocurriendo en los últimos años desde que Sánchez está en la Presidencia del Ejecutivo. También quiere evitar que haya negociaciones en el extranjero, como ya hicieron los socialistas hace unos meses en Bélgica y en Suiza con Junts, el partido liderado por el prófugo Carles Puigdemont.

Prohibir referéndums

Vox propone endurecer las penas en los casos de ultraje a España y sus símbolos, así como el del delito de traición por parte de los miembros del Gobierno. Además, propone la recuperación del tipo penal de sedición, que el Ejecutivo de Sánchez derogó para contentar a sus socios separatistas, y la pérdida de la nacionalidad para los delincuentes cuyo origen no es español.

La formación de Santiago Abascal incluye también en su enmienda a la totalidad de la Ley de Amnistía la reforma del Código Penal para incrementar penas relacionadas con los referéndums ilegales que atenten contra la unidad e integridad nacional. En este aspecto, Vox pide que sea delito promover los referéndums sobre la integridad territorial de España, así como reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para prohibir explícitamente los referéndums que afecten a la integridad territorial de España.

Ilegalizar partidos

Vox recupera otras medidas que ya ha propuesto en años anteriores, como la ilegalización de los partidos «que amenacen la unidad de España y el orden constitucional «. Esta propuesta afectaría a formaciones como Junts, ERC, EH Bildu o el BNG. Esta medida fue planteada en el pasado para advertir, según la formación de Abascal, de «los peligros» de «poner la gobernabilidad de España al servicio de quienes pretenden romper la unidad de la nación». «Vox mantiene esta reivindicación defendida únicamente por nosotros durante años», recuerda el partido.

El secretario general del grupo parlamentario Vox en el Congreso, José María Figaredo, asegura que con esta enmienda «no sólo atacamos a la amnistía en sí, sino que combatimos todos los elementos que el Gobierno está utilizando para perpetrar ese golpe de Estado desde La Moncloa».

«Pedimos que la gobernabilidad de España no pueda negociarse con prófugos de la justicia por delitos contra el nación y pedimos que la gobernabilidad no pueda apoyarse en partidos separatistas, así como «la ilegalización de esos partidos cuyo objetivo es en realidad destruir la nación», ha asegurado Figaredo este miércoles en declaraciones a los medios.

Vox ya ha propuesto en anteriores ocasiones la ilegalización de los partidos separatistas. La última fue el pasado mes de noviembre en el Senado, cuando esta medida fue rechazada por el PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta. La formación de Abascal pedía con esta iniciativa ilegalizar a ERC y Junts, socios del Ejecutivo de Sánchez, por haber «vulnerado los principios democráticos» y por haber incurrido «de forma grave» en el apoyo «político expreso al terrorismo» y en acompañar «la acción de la violencia» con sus programas y actuaciones.

La iniciativa de Vox recibió 257 votos en contra y 3 votos a favor. Los populares votaron en contra debido a que defienden «el pluralismo político» y los «valores constitucionales». Además, argumentaron que la moción era «innecesaria» debido a que no hay «ni una sola sentencia» que avale la disolución de los partidos separatistas.

Esta propuesta de Vox también fue rechazada en septiembre de 2020 en el Congreso. Por aquel entonces, el partido de Abascal pidió disolver ERC, Junts, la CUP y EH Bildu. La mayoría de los grupos votaron en contra de esta medida, salvo PP y Ciudadanos, que se abstuvieron.

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