La UCO prevé entregar mañana al juez el informe «demoledor» sobre Ángel Víctor Torres

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentará previsiblemente esta semana un informe sobre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que incluye «pruebas concluyentes» de su participación en la trama de las mascarillas. El documento, calificado de «inminente», podría presentarse este martes y suponer un punto de inflexión en el denominado caso Koldo y desencadenar la petición de imputación del ministro ante el Tribunal Supremo.

Torres ha llegado a adjudicar desde el Gobierno regional de Canarias hasta 12,2 millones de euros a Soluciones de Gestión por un total de 4,7 millones de mascarillas FFP2 y EPI KN95 destinadas a hospitales. De estas, 837.800 unidades resultaron ser falsificaciones. El ministro las pagó a precios exorbitados para contentar a la trama —con la que mantenía hilo directo— pese a saber que no eran aptas para su uso sanitario, según consta en las diligencias judiciales.

El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno deberá decidir si existen suficientes indicios delictivos contra Torres para solicitar su imputación. Dado que el ministro goza del aforamiento propio de los miembros del Gobierno, la petición deberá tramitarse ante el Tribunal Supremo mediante la correspondiente exposición razonada.

Aunque el informe se presente este martes podrían pasar unos días hasta que trascienda a la prensa. Los informes que provocaron las caída en desgracia de José Luis Ábalos y Santos Cerdán tardaron 2 y 7 días respectivamente desde que se firmaron, se entregaron al juez y finalmente trascendieron a los medios de comunicación.

Paralelamente, la UCO está indagando los manejos del ministro durante su etapa como alcalde de Arucas, en Las Palmas de Gran Canaria. Se investigan presuntas comisiones recibidas cuando ocupó ese cargo municipal, antes de escalar a presidente autonómico y, posteriormente, a ministro del Gobierno de Pedro Sánchez.

Las diligencias apuntan a que Torres y su entorno habrían recibido prebendas irregulares durante sus mandatos como concejal y regidor de Arucas. Fuentes autonómicas indican que el dirigente socialista tenía buen trato con empresarios considerados «mafiosos» en las islas.

Alarma en Moncloa

La posible imputación de Torres ha disparado las alarmas en el Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes del Ejecutivo reconocen en privado que la entrada del ministro en el banquillo supondría «un torpedo en la línea de flotación» del presidente, cada vez más cercado por los casos de corrupción que salpican a su entorno más próximo.

El golpe llegaría en un momento especialmente delicado para Sánchez. El presidente se encuentra debilitado tras el reciente informe patrimonial sobre José Luis Ábalos en el que la UCO ha documentado los sobres con el logotipo del PSOE repletos de dinero destinados al ex ministro y a Koldo García.

El propio Torres ha admitido en el Senado haber participado en el pago de varios millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión —vinculada a la trama— por mascarillas defectuosas, tras la mediación de Koldo. Correos electrónicos internos revelan que Torres habló directamente por teléfono con el empresario Íñigo Rotaetxe –subordinado de Víctor de Aldama– en julio de 2020 para resolver problemas con certificaciones.

Contradicciones flagrantes

También Víctor de Aldama tuvo contacto directo con el entonces presidente de Canarias para cerrar negocios de material sanitario durante la pandemia. «Buenas tardes Ángel Víctor, soy Víctor de Air Europa, estuvimos ayer un momento por la tarde. Le comento, la empresa que le dije de los test nos está pidiendo cotización para traerlos a España, le digo por si quiere que le pase su teléfono y hablan con ellos por si tiene interés en adquirirlos. Saludos», le envió el empresario el 16 de julio de 2020.

El mensaje fue entregado y leído ese mismo día a las 13:15:50 UTC, según consta en los registros técnicos del sistema de mensajería analizados por la UCO. Este whatsapp demuestra que Aldama y Torres se vieron el 15 de julio de 2020 por la tarde, contradiciendo frontalmente las afirmaciones del ministro.

Durante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, el ministro aseguró que no le «constaba» ningún tipo de reunión con Aldama. Torres llegó a calificar las acusaciones como «una mentira y un embuste del tamaño colosal de una catedral». Además, retó al PP a presentar pruebas de cualquier contacto con el empresario.

Aldama fue especialmente contundente al describir la relación entre Torres y la trama: «Fue el mejor funcionario» para el ex ministro de Transportes Ábalos y Koldo, asegurando que «Koldo le ponía un mensaje y al segundo le contestaba».

Mascarillas defectuosas

El Gobierno socialista de Canarias, presidido entonces por Torres, fue alertado de las irregularidades en la contratación de Soluciones de Gestión. Un informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que Torres ordenó ocultar, advertía de la dudosa legalidad del contrato. «Soluciones de Gestión SL e Innjoo Technology S.L. son sociedades cuyo objeto social no se corresponde con la venta de material sanitario, es decir, el Servicio Canario de Salud adjudicó la compra de material sanitario a empresas que no consta que hubiesen acreditado la preceptiva solvencia profesional».

Pese a estas advertencias, el Gobierno de Torres convirtió a Soluciones de Gestión en la tercera empresa con más contratos de urgencia recibidos por el Covid. Se llevó el 11,93% de la inversión total. La sociedad pasó de cero a 53 millones de euros de facturación en pocos meses.

El ministro también aparece vinculado a la negociación de la compra masiva de test Covid con Aldama antes de que fueran obligatorios para turistas. Según el empresario, se produjo una solicitud de 50.000 euros en metálico como gratificación para Torres, a lo que Aldama asegura que se negó.

Torres se muestra tranquilo

Pese a la gravedad de las evidencias, Torres ha manifestado estar «absolutamente tranquilo» respecto al informe de la UCO. «Con respecto a mí estoy absolutamente tranquilo», aseguró recientemente. «Estoy convencido, porque no puede ser de otro modo, que ese informe lo dejará bien claro [mi inocencia]», afirmó.

La defensa de Torres ha negado categóricamente cualquier vinculación con actividades ilícitas y considera que existe una «voluntad mediática clara de minar» al Gobierno de Pedro Sánchez.