El ministro Torres gastó 100 millones en subvenciones sin justificar cuando era presidente de Canarias

El Gobierno de Canarias que encabezaba el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, gastó casi 100 millones de euros en subvenciones sin justificar entre 2019 y 2022, tal y como se desprende de un informe de la Audiencia de Cuentas, el organismo autonómico encargado de auditar los gastos de las arcas públicas de la comunidad, al que ha tenido acceso OKDIARIO. Se trata del documento Fiscalización de 2022 de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma.

La auditoría de las arcas públicas señala que, desde que el socialista Ángel Víctor Torres entró a dirigir el Gobierno de Canarias –concretamente entre 2019 y 2022– se ha producido un «incremento constante» de las «cantidades pendientes de justificar» otorgadas por «departamentos del Gobierno». Las subvenciones sin justificar concedidas por el Gobierno de Canarias se incrementaron en casi 100 millones de euros, pasando de 187,5 millones a 286,02 millones de euros.

El 94% de esos gastos podrían no recuperarse. Según el informe, «existe el riesgo de que la hacienda pública pierda el derecho a su recuperación» sobre 268,3 millones de esas ayudas sin justificar.

«Se hace imprescindible, siendo de especial importancia, la vigilancia del destino de los fondos que corresponde al órgano concedente», advierte el organismo fiscalizador de las cuentas públicas.

La Audiencia de Cuentas recomienda al Gobierno de Canarias, «con carácter imperativo», la aprobación «de planes de comprobación en los que se aborde la verificación de las subvenciones pendientes de justificar».

La Audiencia de Cuentas de la comunidad recuerda que la ley «impone a los beneficiarios la obligación de justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas». Y es que, quienes reciban las ayudas tendrán que demostrar que han «destinado los fondos percibidos a la realización de la actividad y al cumplimiento de la finalidad para la que se concedió». Pero además, los organismos públicos tienen el deber de «llevar a cabo la comprobación de la justificación documental de la subvención en el plazo máximo de dos meses».

Aunque el Gobierno canario tiene que llevar a cabo una «comprobación material» del cumplimiento de estas directrices en un plan anual, no lo ha hecho. Tanto es así que el informe del organismo de fiscalización canario señala que «no se deduce si las subvenciones no justificadas lo son por ausencia del cumplimiento de las obligaciones por parte del beneficiario o por la inactividad de los órganos de gestión de las mismas».

600 millones sin justificar

En total, tanto el Ejecutivo canario, como las entidades que dependen de él, han dilapidado un total de 600 millones de euros en subvenciones para las que no se ha aportado justificación, según la Audiencia de Cuentas de Canarias. Y, de acuerdo con este organismo, la mitad de esos gastos son «de difícil recuperación», tal y como ha adelantado Canarias7.

Además de los 286,02 millones de euros adjudicados hasta 2022, con el socialista Ángel Víctor Torres como presidente, Canarias tenía otros 313 millones «pendientes de justificar» en varios organismos dependientes del Ejecutivo canario. Son el Servicio Canario de Salud (CSC), el Instituto Canario de Igualdad (ICI), el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y el Servicio Canario de Empleo (SCE).

Son sobre todo esos dos últimos (ICAVI y SCE) los que más preocupan al organismo fiscalizador. Entre ambos acumulan 304,9 millones de euros de subvenciones pendientes de justificar. La Audiencia de Cuentas señalan «su magnitud y reiteración en el tiempo».

El organismo fiscalizador subraya que existe un plan de acción que «aborda la correcta justificación de las subvenciones» y el «análisis de una selección de expedientes para su posterior depuración». Sin embargo, advierte que «estas medidas sólo fueron aplicadas parcialmente».

Por su parte, la Audiencia de Cuentas, insta a las entidades dependientes del Gobierno a «exigir el reintegro de las subvenciones pendientes de justificar y evitar así la prescripción del derecho».

El Gobierno de Ángel Víctor Torres trató enmendar el informe en lo relativo a las recomendaciones que hacía la Audiencia de Cuentas al Ejecutivo. Se hizo mediante las alegaciones que se permiten solicitar al órgano de Intervención General de la Consejería de Hacienda de la autonomía. El organismo fiscalizador rechazó esta petición argumentando que, con sus propuestas, «se verá reforzado» el cumplimiento de la normativa.